Por Alejandro de la Peña.

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental 2015, el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemoró con el tema “Dignidad y Salud Mental”. Para ésta institución, la dignidad es un derecho humano que requiere estrategias que protejan a las personas de la violencia y la discriminación y que promuevan su autonomía, libre determinación, inclusión comunitaria y participación en las políticas que afectan su vida. La formulación de acciones de prevención y atención basadas en la relación entre  salud mental y dignidad conlleva entonces la búsqueda del respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

Cuando se habla de las personas migrantes que viven o transitan por México, se hace referencia a una población que, tanto en su país de origen como en nuestro territorio, muchas veces son testigos y víctimas de múltiples vejaciones como golpizas, asaltos, abusos sexuales, mutilaciones y asesinatos, todas experiencias que representan una violación a sus derechos humanos y dejan importantes secuelas físicas, sociales y mentales. En este contexto, el área de lo mental es una de las más afectadas y de las que reciben mínima atención, lo cual no es cosa menor pues afecta la funcionalidad de cualquier persona y, en el caso de este grupo, complica de manera considerable sus recursos individuales para realizar sus proyectos de vida. Es incuestionable que estas situaciones exponen a las personas migrantes a niveles de violencia sin precedentes y, en nuestra experiencia, producen problemáticas emocionales y psiquiátricas cada vez más graves y que requieren intervenciones complejas para las que no necesariamente contamos con los recursos y políticas públicas adecuadas para hacerles frente.

Es relevante la existencia de funcionarios sensibles al tema de la salud mental de los migrantes y que el gobierno federal de alguna forma expresa su intención de brindar este tipo de atención especializada al incluir estos temas en el Programa Sectorial de Salud a través tanto de su estrategia 4 orientada a “(…) fortalecer las acciones para la prevención, promoción y atención de la salud de la población migrante.”, como  de su línea de acción 2.1.7 que especifica la meta de “(…) brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas asegurando que se respeten sus derechos humanos”. Sin embargo, hay que destacar que en la actualidad esto no se traduce en acciones concretas: no hay un programa específico de prevención y atención a la salud mental de las personas migrantes en tránsito y residentes en nuestro país que tenga visibilidad y promoción activa por parte del Estado Mexicano.

El establecimiento de una política pública clara traducida en acciones concretas a favor de la atención de la salud mental de las personas migrantes resulta fundamental para promover la garantía de su bienestar físico, social y mental y, con ello, fortalecer sus capacidades para enfrentar las dificultades de la vida diaria y para ser personas productivas. Esto representaría un avance fundamental en favor de las condiciones básicas de vida de los y las migrantes, expresaría la búsqueda del Estado Mexicano para restituir la dignidad mancillada por la violencia a la que se ha visto expuesta esta población en el territorio mexicano y reafirmaría su interés por el respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras/

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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