Por Mariana González Armijo.
A lo largo de siete décadas, el Banco Mundial ha tenido una presencia e influencia considerable en México y en la región de América Latina y el Caribe (ALC). El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que comúnmente llamamos Banco Mundial, es la institución que brinda financiamiento al sector público. Nuestra región ha tenido el mayor volumen de préstamos por parte de este organismo con alrededor del 30% de los desembolsos totales anuales a lo largo de los años. Por su parte, México es el principal prestatario del Banco con el 9.7% del total del portafolio en 2014.
A pesar de sus voluminosos desembolsos, el Banco ha visto disminuida su cartera frente a otras instituciones financieras presentes en la región como el Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Financiera Internacional), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los bancos chinos, tal y como se muestra en el estudio Panorama del financiamiento para infraestructura en América Latina. Esta competencia originó un proceso de reforma interna en el Banco Mundial, el cual es alarmante, pues representa significativos retrocesos en cuanto a las políticas operativas de esta institución, con el fin de acelerar los procesos de préstamo e inversión, a costa de severos impactos sociales y ambientales y violaciones de derechos humanos, contradictorios al discurso de esta institución.
Uno de los procesos más relevantes es la revisión de las políticas sociales y ambientales (políticas salvaguardas), que son las reglas mínimas que debe garantizar el Banco al financiar proyectos para el desarrollo. Estas políticas son producto de la lucha de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los años frente a proyectos financiados por esta institución que resultaron en desastres de desarrollo. Aunque el primer borrador del nuevo marco ambiental y social que el Banco Mundial aprobó el año pasado presenta ciertos avances, los retrocesos y debilidades son mayores. Por ejemplo, no se establecen las evaluaciones sociales y ambientales como un requisito previo a la aprobación de proyectos; los procesos de consulta a pueblos indígenas son optativos; no se establece la información que se requiere para consultar un proyecto y establecer mecanismos de participación; se eliminan los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada, entre muchos otros puntos. Ante esto desde la sociedad civil hemos enviado diferentes propuestas al Banco, por ejemplo para que la nueva política respete derechos humanos y cartas en las que se explicitan las principales preocupaciones.
El hecho de que se debiliten las políticas salvaguardas es preocupante, pero resulta aún más crítico al considerar información de estudios recientes sobre el quehacer del Banco Mundial. Recientemente el Banco publicó dos auditorías internas que revelan su fracaso para evaluar, monitorear y mitigar los millones de casos de personas que fueron desplazadas de sus casas y comunidades y reasentadas para la realización de proyectos financiados por el Banco Mundial en las últimas dos décadas (con un incremento del 400%). Asimismo, el informe resalta que el número de personas en esta situación se incrementará 41%, dados los proyectos que están por aprobarse en el portafolio; y concluye que la información sobre las consultas y los planes de implementación para el reasentamiento y reparación del daño es insuficiente, así como las condiciones actuales de las personas que fueron reasentadas.
Un serio estudio que se realizó por 11 meses y que analizó 1,500 proyectos financiados por el Banco Mundial en diferentes países entre 2004 y 2013, evidencia que en este periodo se desplazaron alrededor de 3.4 millones de personas, además de que conllevaron múltiples violaciones a derechos humanos. Además, es bien conocido el discurso que el Banco tiene sobre impulsar una economía verde y un desarrollo bajo en carbono. Sin embargo, otro estudio demuestra que la institución ha incrementado los préstamos destinados a energía de combustibles fósiles y la infraestructura necesaria para generarla; el año pasado prestó alrededor de 3 billones de dólares para este tipo de proyectos.
Lo anterior requiere que el Banco fortalezca sus políticas y no que las debilite o que cree nuevos instrumentos de préstamo, como ha sucedido, que no están sujetos a sus políticas ambientales y sociales, por lo que más del 50% de su portafolio de proyectos queda exento de estas reglas; es decir, el Banco va de mal en peor. Estamos en un momento crítico, con un aumento significativo de proyectos en los sectores de energía, telecomunicaciones e infraestructura tanto en México con en la región; que si bien algunos son necesarios, deben realizarse con pleno respeto de los derechos humanos. Evidentemente, el primer responsable y principal obligado es el Estado, pero no hay que olvidar que las bancas multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, están formadas por representantes de los diferentes Estados miembro, quienes toman las decisiones respecto a qué proyectos financiar y los cambios internos en sus políticas. Por lo que, el Banco está obligado a fortalecer sus marcos normativos y no debilitarlos, así como el Estado mexicano está obligado a posicionarse en este sentido frente a los procesos del Banco Mundial.
