Las imágenes de la persecución de los trabajadores jornaleros de San Quintín recuerda a la represión de los sudafricanos durante el apartheid. Aquellos videos dónde se observa a las personas intentando refugiarse en sus casas sólo para ser perseguidas hasta el interior por las autoridades blancas, dieron la vuelta al mundo y despertaron el rechazo de los países civilizados al Gobierno racista de Sudáfrica.
Casi se pueden superponer las imágenes de ambos eventos: las calles solas y viviendas humildes, los policías detrás de seres humanos desarmados, logrando alcanzar y golpear a algunos mientras otros intentan ocultarse en sus viviendas, de donde los sacan a golpes; se escuchan disparos. ¿Qué delito cometieron estos derrotados por la fuerza? Exigir mejores tratos y condiciones de vida.
También viene a la mente la agresión que sufrieron los miembros de la Unión Ciudadana al manifestarse en la ciudad de Chihuahua para darle seguimiento a la demanda contra el gobernador Duarte para que aclarara el origen de los recursos usados en la compra de 65 millones de pesos en acciones del banco Progresa; la imagen de una de las manifestantes en el suelo después de que otra mujer la golpeara brutalmente retrata el ataque a los inconformes frente a las oficinas de Gobierno por un grupo de civiles identificados con el Estado y el Municipio. La Policía se tomó su tiempo para llegar a la escena, dándole oportunidad a los atacantes para que se retiraran tranquilamente.
Hace unos días, María Adame, Ana Estrada y el equipo de trabajo de Morena, llevaron su campaña por la diputación federal al pueblo agrícola de Ascensión, Chihuahua, donde coincidieron con un autobús del que bajaba un grupo de 15 mujeres, más de veinte niños y sólo tres o cuatro varones. Las activistas se pusieron a platicar con aquel grupo y descubrieron que venían de Sinaloa; acababan de terminar un contrato de cuatro meses y ya tenían otro para trabajar cuatro más en el estado de Chihuahua.
Todos estos niños, menores de 12 años, estaban ya incorporados a la fuerza de trabajo agrícola y algunas de las mujeres apenas hablaban español. Todo el grupo es originario del estado de Guerrero, viene huyendo de la violencia y lucha por la supervivencia. Esos niños están condenados a quedarse en el mundo de la ignorancia, sin estudios, y tal vez, dentro de una década o menos, sean la fuerza laboral de los narcotraficantes y sicarios que pelean por el control de la Costa Chica y la Costa Grande.
Abruma el abandono y nivel de explotación que deben soportar estos trabajadores agrícolas y, ¡ay de ellos si se les ocurre exigir mejores condiciones de vida y mejores salarios! El recuerdo de lo que pasa en San Quintín y la violencia endémica en Guerrero los obliga a guardar silencio y aceptar lo que les ofrecen. La mayoría son mujeres que deben cuidar a sus hijos, quienes a su vez están siendo explotados. Las similitudes con Soweto se dan en las técnicas policiacas de represión y en cómo, atrás de estas escenas, hay gobiernos insensibles que violentan los derechos a la libre demanda de mejores prestaciones laborales y a manifestarse públicamente contra una autoridad.
Aunque se puede argumentar que los jornaleros de San Quintín y de Ascensión no viven confinados como las víctimas del apartheid, la miseria que deben soportar en los jacalones de Baja California, Sinaloa o Chihuahua, sin servicios ni privacidad, es la misma que la de los barrios sudafricanos de los años ochenta: los golpes que resisten son igual de duros. El trato que recibían los negros en la Sudáfrica Pre-Mandela era tan injusto e ilegal como el que reciben actualmente los indígenas que recorren el país buscando la forma de conseguir comida.
En Sudáfrica eran negros y aquí en México son indígenas; en Sudáfrica ellos tenían cancelado su futuro y aquí igual. En 1994 se gritó que los indígenas del país no necesitaban recurrir a la violencia para salir de la pobreza y que el estado los impulsaría hacia el desarrollo humano y equitativo como prioridad nacional, pero los que entonces eran niños se quedaron (como los niños que llegaron a Asención se quedarán) sin escuela y congelados en la miseria; esos niños tienen ahora entre 25 y 30 años y nunca fueron prioridad. nacional
En la universidad juarense hay 27 mil estudiantes y el 3 por ciento deberían ser indígenas tarahumaras, pues esta etnia representa tal porcentaje de la población del estado. Aunque unos mil rarámuris deberían estar estudiando, no hay uno solo inscrito, y que no se diga que sin prepa no entran a la universidad porque de 1994 para acá ya habrían terminado la carrera quienes ingresaron entonces a Primaria.
En este país, la única prioridad nacional fue, es y será proteger a los grandes inversionistas, políticos, financieros y empresarios que han multiplicado su riqueza mientras los trabajadores agrícolas siguen exactamente en las mismas condiciones, viviendo un cruel apartheid social igual que los negros de Soweto. Para el Estado, estos mexicanos de piel broncínea son ciudadanos de segunda.
