Por Aroa de la Fuente López.
Mucho se está hablando estos últimos meses de la caída del precio del petróleo a nivel internacional y sus consecuencias para la implementación de la recién estrenada Reforma Energética. En nuestra opinión, esta discusión debería haberse dado desde 2013, cuando se impulsaron cambios constitucionales que llevaron a profundizar un modelo energético, económico y fiscal basado en la explotación de hidrocarburos. En ese momento, varias organizaciones de sociedad civil pusimos sobre la mesa argumentos claros y contundentes que mostraban como esta apuesta no era sostenible en ningún sentido. El precio actual del petróleo sólo representa una evidencia más de este hecho. Ahondemos en estos temas.
La reforma tuvo como telón de fondo la caída en la producción de petróleo observada desde 2004 y la baja tasa de restitución de reservas de hidrocarburos de los últimos años. De esta manera, la iniciativa del Ejecutivo señalaba la necesidad de impulsar aún más la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto supuso una continuidad de la reforma de 2008 donde se puso el acento en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con muy pobres resultados en materia de producción y rentabilidad y con fuertes afectaciones socioambientales.
En 2013 le tocó el turno a los hidrocarburos que se encuentran en formaciones de lutitas bituminosas, para cuya extracción se requiere la fracturación hidráulica, también conocida como fracking. Desde el Ejecutivo se señaló el imperativo de ampliar la participación de la iniciativa privada, quien, según sus palabras, sería la única con la experiencia y capacidades técnicas y financieras para llevar a cabo esta tarea. Ahora bien, tomar esta dirección era la peor decisión que podía tomarse por varias importantes razones, de las cuales destacaremos las más relevantes a la luz de la situación por la que atraviesa el país.
En primer lugar, supone profundizar una matriz energética basada en recursos no renovables, mismos que están poniendo en jaque al planeta al ser la principal causa del calentamiento global y una importante fuente de degradación ambiental y de la calidad de vida. A esto se suma el hecho de que el uso de la fracturación hidráulica supone aún mayores impactos sobre el cambio climático por sus más elevadas tasas de emisión de metano (30% más que en los proyectos que utilizan técnicas tradicionales) y otros gases de efecto invernadero; implica afectaciones irreversibles sobre el agua, los territorios, la biodiversidad y la salud humana; no asegura la sostenibilidad de la provisión de energía, ya que la producción de los pozos declina muy rápidamente (entre 29 y 52% al año) y la recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos es muy baja (de entre 5 y 10%); y, desvía recursos y esfuerzos públicos, lo que obstaculiza el desarrollo de las energías renovables a pequeña escala y retrasa al país en la toma de una senda por la que es imprescindible que lleve sus pasos.
En segundo lugar, la reforma supuso también continuar apostándole a la explotación de petróleo como fuente de ingresos para el sector público. Si bien el Ejecutivo reconoció que habrá una disminución de dichos ingresos por la entrada del sector privado en la industria, también anunció que esto se compensaría con un aumento en la producción de hidrocarburos. Más allá de los cuestionamientos que se podrían hacer al realismo de estas predicciones, la caída en el precio del petróleo muestra la irresponsabilidad de seguir sujetando el gasto público a esta actividad. Prueba de ello es el anuncio del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre recortes al presupuesto que rondan 124 mil millones de pesos, lo que afectará el gasto social y, por lo tanto, afectará la vida de miles de personas en el país.
Por último, cabe señalar que la reforma fue vendida como una oportunidad de oro para promover el desarrollo económico del país y generar empleo y “progreso”. De nuevo, estas son afirmaciones que no se sostienen. Basta acercarse a los estados donde actualmente se lleva a cabo la actividad petrolera para ver cómo buena parte de la población se encuentra sufriendo las consecuencias de la contaminación y la degradación ambiental sin recibir ningún beneficio de la misma. Esto sin duda se agravará con la nueva legislación energética que habilita al Estado a imponer la realización de esta actividad en los territorios, por encima de los derechos de la población que los habitan y en contradicción de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos. La creación de la Gendarmería, el hostigamiento y criminalización de las personas y comunidades que se encuentran defendiendo sus derechos, y la intención de aumentar el control de la Federación sobre los territorios son otros elementos que apuntan en este sentido.
Pero además, la variación impredecible del precio del petróleo es una muestra más de la insostenibilidad de apostarle al petróleo como motor de crecimiento económico. Una decisión de algunos países de la OPEP y el aumento de la producción de hidrocarburos en EEUU ha puesto en jaque a la principal reforma estructural del sexenio. Aunque algunas personas y organizaciones respiremos más tranquilas sabiendo que la intensificación del uso del fracking en México se retrasará un tiempo, este hecho no hace más que aumentar la percepción de la falta de mirada estratégica y de largo plazo de la política energética.
Ojalá la adversidad provocada por los precios del petróleo se transforme en una oportunidad para iniciar una reflexión profunda sobre estos temas. Desde la sociedad nos toca seguir poniendo el dedo en el renglón para lograrlo.
