La semana pasada Peña Nieto lanzó sus diez medidas en materia de justicia y de seguridad para atender la situación de violencia en el país. Medidas criticadas de manera severa dentro y fuera de México, tanto por instituciones como por medios internacionales como The Economist y The New Yorker. Lo que parece no haber entendido el Presidente de la República es que no se puede avanzar con una nueva agenda.
Lo planteado por el presidente son en gran medida propuestas recicladas en periodos pasados, sobre todo realizadas en la administración de Felipe Calderón. O propuestas que ya están en el Congreso y que han quedado congeladas. Algunas, como el número de emergencia 911, ya estaba prevista en la ley de telecomunicaciones.
El tema de mando único estatal – la misma propuesta de Calderón, con justificaciones muy parecidas que argumentan que se trata de un cambio de modelo cuando en realidad se trata de un cambio en el esquema de coordinación.
No es un modelo sustancialmente distinto que coloca en el centro de la seguridad a las personas. Sino un modelo que abona a la tendencia de concentrar los poderes. Hay varios puntos preocupantes en materia de Derechos Humanos (DDHH).
- El régimen de excepción. Si se detecta que el municipio está infiltrado por el crimen organizado, la federación puede asumir total o parcialmente las funciones municipales. Supuesto que el problema de la seguridad se encuentra a nivel local, municipal. No hay nada que de cuenta que las policías estatales y federales también están infiltradas y cometen graves violaciones a los DDHH. Este año los estados que presentaron mayores quejas de violaciones a los DDHH contra la Policía Federal fueron Michoacán de un total de 430, 245 casos fueron en Michoacán durante operativos contra las autodefensas y el crimen organizado.
- No se habla de la profesionalización de la policía desde esquemas de respeto a los DDHH, solo de cambios en la coordinación, de homologar y de concentrar funciones, como si eso fuera suficiente. Con las reformas al Art. 21, el nivel municipal sólo se encargaría de funciones de prevención no de carácter policial ¿Cuáles serían? ¿Bajo que rubros presupuestales? ¿Con base en qué diagnósticos?.
- La iniciativa de reformas constitucionales enviadas ayer se refieren a la delincuencia como delitos graves, el único indicador siendo homicidio. Confluyen delitos comunes como si fuera parte de la delincuencia organizada y el esquema está hecho para atender estos grandes actos delincuenciales, se mete todo en una sola canasta.
- Empiezan con Jalisco, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y no explican porqué.
Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, vemos con preocupación lo anterior. Por ello, hemos realizado una profunda investigación plasmada en un cuadernillo parte de la Colección “Otros referentes para pensar el país”, que coloca en la discusión pública los principales parámetros que desde Fundar, consideramos imprescindibles para un replanteamiento de la política de seguridad en el país y que en el contexto que vive actualmente nuestro país, resultan imprescindibles para el análisis y la reflexión.
Encaminar las políticas de seguridad actuales hacia la protección efectiva y el fortalecimiento de los derechos humanos son el mecanismo más efectivo para reducir la violencia y crear mayores condiciones de seguridad personal y colectiva entre la población. Bajo esta postura, las fuerzas de seguridad pública serían sólo un eslabón en las políticas de seguridad del Estado, que a su vez, habrían de actuar como garantes de los derechos humanos, en lugar de defender el orden público.
La elaboración de una nueva agenda de seguridad debe partir de los derechos de distintos sectores de la población, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de jóvenes, mujeres y de la población migrante, y surgir de políticas de prevención que se sustenten en la interdependencia de los derechos económicos y sociales con los civiles y políticos.
Para mayor información sobre este estudio favor de consultar.
Por Mariana Mora.
