Los vínculos de los gobiernos con los poderes fácticos ilegales (crimen organizado) como con los poderes fácticos legales (grandes intereses económicos) siempre tienen como resultado el sacrificio del bien público, con todas las diferencias que puede haber entre unos y otros. Detrás de las grandes catástrofes es común encontrar este patrón. En este sentido nos podemos preguntar: ¿acaso no existe la capacidad tecnológica para haber realizado ya un abandono significativo de los combustibles fósiles para mitigar el cambio climático que está desbastando regiones del planeta?, ¿qué hubiera pasado si el Congreso de los Estados Unidos hubiera reconocido la relación entre el consumo de combustibles y el cambio climático desde 1992 en la Cumbre de la Tierra y se hubieran establecido objetivos claros de reducción de emisiones? Nada de esto fue posible por los grandes intereses de la industria petrolera en la mayor economía del planeta.
En este sentido, el poder que han logrado a escala plantearía la gran industria de alimentos (Big Food) y de bebidas (Big Soda) ha logrado el desplazamiento de las dietas tradicionales con la introducción de los alimentos ultraprocesados -con altas cantidades de azúcar, grasas y sal- convirtiéndose en uno de los factores determinantes de la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que está ya colapsando los sistemas de salud de varias naciones, entre ellas México. En la historia de la humanidad, como lo señala bien el Dr. Juan Rivera Domarco del Instituto Nacional de Salud Pública, nunca se había presentado un fenómeno similar, un cambio corporal como el que enfrentamos, con todos los daños en salud que esto significa. Es un hecho reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud que esta es la peor amenaza a la salud pública que enfrenta la humanidad.
Frente a esta realidad los organismos, instituciones, especialistas y organizaciones civiles, tanto internacionales como nacionales, que no han sido cooptados por estas empresas, exigen medidas regulatorias para dificultar el acceso a estos alimentos y bebidas ultraprocesados (impuestos, limitar su publicidad, sacarlos de las escuelas, imponerles etiquetados realmente orientadores) y políticas para volver más accesibles los alimentos saludables y el acceso a agua para beber. La industria de alimentos y bebidas ha invertido miles de millones de dólares para evitar estas regulaciones.
De acuerdo a eurodiputados y a la World Obesity Federation, la gran industria de alimentos y bebidas gastó mil millones de euros en Europa para evitar que el etiquetado del semáforo se convirtiera en obligatorio para todo tipo de alimento y bebida procesada en esa región. Este etiquetado es ya una realidad en Ecuador, es voluntario en el Reino Unido y en Chile se discute otro modelo de etiquetado que a la industria no le agrada y lo está combatiendo con todo, un sello al frente del producto que advierte: “ Exceso de….”, azúcar, sodio, grasas o la combinación de dos o más de estos ingredientes. Esta industria no quiere que el consumidor tenga información, quiere mantener sus etiquetas inentendible y engañosas, como lo ha logrado en México con el apoyo de COFEPRIS.
En relación con otra de las medidas más recomendadas para bajar el consumo de estos productos, las medidas fiscales, la industria de bebidas ha estado muy activa. En los Estados Unidos en 2009, la Asociación Americana de Bebidas gastó más de 35 millones de dólares para evitar que se discutiera en el Congreso la propuesta de un impuesto a las bebidas azucaradas. A unas semanas de que se vote en Berkely y en San Francisco dos iniciativas de impuesto local a estas bebidas, tan sólo en Berkeley la Asociación Americana de Bebidas ha gastado 1.4 millones de dólares en su campaña contra el impuesto, esta cantidad en una población de 117 mil residentes equivale a 12 dólares por persona. La campaña a favor del impuesto, construida con donativos, tenía recaudados 220 mil dólares hace un par de semanas. Los profesionales de la salud pública y la nutrición, la Asociación Americana del Corazón y las organizaciones comunitarias que trabajan con las minorías han visto como se ha disparado la epidemia de diabetes. Se calcula que en los Estados Unidos una de cada dos personas de origen hispano nacidos a partir del año 2000 sufrirá diabetes. El tema del impuesto no es una cosa menor, es una de las medidas urgentes a tomar.
El mayor revés regional a la política de la gran industria que defiende la autorregulación bajo el argumento de que los mercados se ajustan por si solos en beneficio de la sociedad, se ha dado a través de la Organización Panamericana de la Salud. El 2 de octubre pasado los ministros de salud del continente y la región del Caribe acordaron un Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia que contiene recomendaciones específicas a los gobiernos de regulaciones de publicidad dirigida a la infancia, de alimentos y bebidas en las escuelas, de nuevos etiquetados frontales y de medidas fiscales. Es el primer documento regional de la Organización Mundial de la Salud que establece la recomendación de estas regulaciones dando por hecho que la autorregulación empresarial no funciona. El voto a favor de Estados Unidos y Canadá a este Plan de Acción que establece regulaciones a cumplir en un plan quinquenal demuestra que las naciones más neoliberales reconocen que no hay otra salida más que la regulación y la intervención del Estado en los mercados para la protección de la salud de la población frente a la invasión de estos productos.
El Plan establece: “La obesidad en la niñez y la adolescencia ha alcanzado proporciones epidémicas en la Región de las Américas”. En este Plan de Acción: “se proporciona a los Estados Miembros la justificación y las principales líneas de acción estratégica para poner en marcha intervenciones integrales de salud pública que detengan el avance de la epidemia de obesidad en la niñez y la adolescencia”.
En la administración pasada, el Secretario de Salud, Salomón Chertorivski, y la COFEPRIS defendieron la autorregulación de la industria como la medida más efectiva de protección a la salud, oponiéndose públicamente a la regulación. Actualmente, COFEPRIS, que no cambio de administración, ante la imposibilidad de detener la regulación, especialmente en materia de etiquetados y de publicidad dirigida a la infancia, resolvió que los criterios fueran elaborados por la propia industria regulada. La industria encontró en Cofepris al aliado perfecto para desarrollar la fórmula más efectiva para enfrentar la regulación: si hay que regular que sea bajo los criterios de la industria, la autorregulación empresarial la convirtió en regulación. El resultado es que los etiquetados y la regulación de la publicidad han convertido la estrategia nacional contra la obesidad y la diabetes en un Frankenstein.
COFEPRIS, con el beneplácito de la Secretaría de Salud tomó el etiquetado introducido por la industria en México, conocido como GDA, y lo volvió oficial. Un etiquetado que no es entendible por los consumidores y que promueve el consumo de altas cantidades de azúcar. COFEPRIS tomó también los criterios de autorregulación desarrollados por esta industria en Europa (EU Pledge) y los volvió oficiales en México. El sueño de la industria se lo cumplió COFEPRIS: diseñar la regulación.
En sentido contrario va el proceso internacional. El Plan de Acción de la OPS establece objetivos quinquenales, es decir, cada 5 años se evaluará cuántos países cumplen con las políticas que se plantean para prevenir el sobrepeso y la obesidad (sacar estos productos de las escuelas, prohibir su publicidad dirigida a la infancia, establecer etiquetados que realmente orienten a los consumidores e imponerles impuestos) . Y no se trata de tener la regulación, se trata de que esta sea efectiva. En el caso de los etiquetados frontales se establece que éstos permitan: “identificar los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla”. La evidencia demostrará que el etiquetado frontal establecido en México no permite “identificar los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla”. Lo mismo ocurrirá con la regulación de la publicidad dirigida a la infancia al demostrarse que la “regulación” mexicana no cumple con los criterios establecidos por el grupo de expertos convocados por la OPS que señalaron la necesidad de una prohibición de esta publicidad en todos los medios (tv, radio, internet, espacios abiertos, puntos de venta, diseño de empaques, etc.) y la prohibición del uso publicitario de herramientas de engaño y manipulación de los niños y las niñas (juguetes, personajes, promociones, etc). Cuando se haga una evaluación seria de la regulación de esta publicidad en México se verá que no cumple con esos criterios y que no protege a los niños de este tipo de publicidad.
El gobierno mexicano se ha convertido en experto de transformar problemas en catástrofes a través de su alianza con los poderes fácticos que han generado esos problemas.
