¿Quién no entiende?, ¿la Secretaría de Salud, la de Hacienda, el Presidente? o ¿ninguno entiende?. La transición epidemiológica que México ha vivido de manera radical, como pocos países en el mundo, nos ha llevado al desplazamiento de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles. Pasamos de los mosquitos, los virus y las bacterias, a los estilos de vida como la principal causa de las enfermedades y las muertes que están colapsando el sistema de salud pública del país. El sistema de salud pública tiene que cambiar radicalmente de la atención a la prevención y el presupuesto en prevención presentado por Hacienda es ridículo, insignificante.
Como lo señala la Dra. Margaret Chan que preside la Organización Mundial de la Salud: “El cambio de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas no transmisibles como las principales causas de muerte a nivel mundial tiene una profunda repercusión. Este es un cambio sísmico que requiere modificaciones radicales desde las propias bases de pensamiento de la salud pública. La mayoría de los sistemas de salud en el mundo en desarrollo fueron creados para el manejo de eventos breves, como el nacimiento o las infecciones agudas. No fueron creados para el manejo a largo plazo de padecimientos crónicos, con sus costosas y exigentes complicaciones. La salud pública tiene que mover su centro de atención de la cura a la prevención, de una atención a corto plazo a una atención a largo plazo, del parto, las vacunas y los antibióticos a cambiar el comportamiento humano, de actuar aisladamente a actuar de manera concertada con múltiples sectores y asociado”.
Mientras los impuestos que se establecieron a las bebidas con azúcares añadidos y a los alimentos con alto contenido calórico, y que fueron presentados como medidas fiscales con fines en salud, rebasan las estimaciones recaudatorias previas con la posibilidad de llegar a una recaudación en 2014 cercana a los 33 mil millones de pesos, los recursos destinados al programa para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes llega a la cifra ridícula de 322 millones de pesos. Esta cantidad representa alrededor de .23% del presupuesto destinado a Salud. ¡¿Quién no ha entendido?!. Los costos totales de la obesidad se estima que en 2012 llegaron a 80 mil millones de pesos y para el 2017 se pronostica puedan llegar hasta 150 mil millones de pesos. La evidencia presentada por la OMS, la OCDE, los demás organismos nacionales e internacionales, señalan la necesidad de invertir en prevención como la única manera de frenar esta epidemia. Además, no hacerlo, incrementa los costos para el Estado y las familias.
La Dra. Chan señala: “para elaborar cualquier agenda de desarrollo sostenible, se debe prestar especial atención a abordar los determinantes socioeconómicos y medioambientales de la salud, para alcanzar la salud que requieren las personas de nuestro planeta tierra”. En nuestro país que tiene uno de los mayores índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo y que al mismo tiempo tiene el mayor consumo de bebidas azucaradas, las condiciones de acceso a agua para hidratarse son elementos ambientales determinantes. Para México, una medida urgente es el desarrollo de una cultura de la hidratación en base a agua y para ello es necesario regresar los bebederos a las escuelas con sus adecuados sistemas de purificación. Es necesario empezar con los escolares para comenzar a cambiar los hábitos. Sin embargo, vemos que no hay voluntad, ni para cumplir lo que se prometió, lo que está en la ley como obligación.
A pesar de que el propio presidente Peña, que la propia Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que los legisladores y las asociaciones e institutos de salud han señalado la urgencia de instalar bebederos y dispensarios de agua en las escuelas, legislando para que sea obligatorio, el presupuesto enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso destina una cantidad de recursos insuficientes para este propósito. Se deja así una vez más el problema sin resolver, manteniendo la violación del derecho de los niños a hidratarse, a tener acceso a agua de calidad para beber dentro de los planteles escolares.
En el presupuesto enviado por Hacienda al Congreso se establece que el 15% de lo asignado al programa de Reforma Educativa tendrá que destinarse a proveer de bebederos con suministro de agua potable a las escuelas. Al Programa para la Reforma Educativa se le asignaron poco más de 9 mil millones de pesos (mdp), de los cuales alrededor de 1.3 (mdp) se destinará a los bebederos.
De acuerdo con la “Valoración de impacto presupuestario”, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para la instalación de los bebedero se requerirá de la siguiente inversión: año 1, $3 mil 546.4 mdp; año 2, $3 mil 866.8 mdp; y año 3, $4 mil 187.1 mdp. La partida asignada para bebederos es de alrededor del 30% de lo proyectado para el primer año. Además, si se considera que esta “Valoración de impacto presupuestario” se realizó cuando el proyecto de reforma contemplaba sólo las escuelas con más de 100 estudiantes y el decreto publicado en el Diario Oficial contempla a todas las escuelas de educación básica, incluyendo a las que tienen menos de 100 estudiantes, la instalación de bebederos y dispensarios de agua tardaría más de 12 años. Esta situación pone en riesgo todo el programa al pasar de una propuesta de instalación en 3 años a alrededor de 12 años, un programa que se traslaparía a tres sexenios. Nos podemos imaginar lo que eso significa.
Los derechos de la infancia quedan nuevamente violados por omisión del Estado que mantiene a los niños cautivos en un ambiente escolar no saludable, sin acceso a agua para beber y expuestos a alimentos y bebidas no recomendables. Como mencionamos anteriormente, la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, que ahora es obligatoria, es por todos desconocida al interior de los planteles, y por los padres de familia.
La ineficiencia de las políticas para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes es patente. Cuando las políticas están bien planteadas, como en el caso de los alimentos y las bebidas en las escuelas y la introducción de bebederos, no se aplican. Cuando las políticas son totalmente insuficientes y mal elaboradas, como el caso de los etiquetados y la publicidad, van adelante. El resultado es claro, la situación de emergencia que vivimos por esta epidemia camina aceleradamente a la catástrofe.
