Por: José Knippen, investigadora del proyecto de Migración de Fundar.
En los últimos meses han aparecido notas en los medios de comunicación que dan cuenta de supuestos rescates de migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM). Un boletín del propio instituto hace un recuento de algunas de estas notas; sin embargo, no ofrece información que permita saber si a los migrantes «rescatados» se les respetaron sus derechos humanos, se les brindaron posibilidades de regularización y acceso a una visa humanitaria o si pudieron solicitar refugio. El boletín cierra con algo que pareciera parte de un comercial: «Con estas acciones, el INM ratifica su compromiso de proteger la integridad física y derechos humanos de los migrantes, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria».
Hay que recordar que este instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya misión, según su Plan Estratégico 2013-2018, es «fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana». En los hechos, históricamente las principales funciones del INM han sido de control y gestión de flujos migratorios. Esto lo confirmó un estudio sobre el presupuesto del INM de 2011 realizado por Fundar: 82% de los recursos se destinaban a funciones de gestión y control migratorio. Un análisis del presupuesto con enfoque de derechos humanos revela que sólo 9% del presupuesto total tiene relación con algún derecho humano y sólo 0.4% con un derecho de primera necesidad (como la protección judicial, la alimentación o la seguridad personal).
Además de vigilar las entradas y salidas de personas al territorio nacional, la Ley de Migración establece que el Instituto Nacional de Migración realizará visitas de verificación y revisiones migratorias. Estas pueden realizarse en casi cualquier lugar, carreteras, casetas de cobro, centrales de autobuses, paraderos turísticos, garitas y vías públicas; excepto en aquellos donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil.
El uso de eufemismos no es nuevo para el INM, ya que a la detención migratoria la sigue llamado «presentación» o «alojamiento». Sin embargo, nadie pondría a discusión que las personas dentro de las estaciones migratorias están privadas de su libertad. Así, los «rescates» son un eufemismo para referirse a los operativos con fines de verificación o revisión migratoria. La verdad es que no sabemos qué pasa con los derechos de las personas sometidas a ellos.
Los medios dan cuenta de «Mil 746 migrantes rescatados». ¿Rescatados de qué? Sí, es muy probable que viajaban con un coyote —ya que al no contar con documentos se ven obligados a usar las rutas más peligrosas—. Entre los países de origen estaban Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Somalia y Bangladesh, y probablemente lo que querían era llegar a Estados Unidos. Pero si acaso la misión del INM fuera rescatar migrantes de las manos de criminales, valdría preguntarse porqué ahora los migrantes se encuentran detenidos.
Las personas migrantes, sus defensores y organizaciones civiles han denunciado que es precisamente en los operativos del Instituto Nacional de Migración en donde se violan los derechos humanos de las personas. El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) ha señalado que la ausencia de una supervisión eficaz es una de las mayores debilidades del INM y contribuye a que actos de corrupción y violaciones a los derechos de los migrantes se queden impunes. Desde varias organizaciones de la sociedad civil se ha solicitado información sobre los operativos, pero es difícil acceder a ella (mucha información resulta reservada por motivos de seguridad nacional). Tampoco queda claro si el proceso de depuración que el Instituto Nacional de Migración realiza desde finales del sexenio pasado incluye la imposición de sanciones —además de la separación del cargo a muchos funcionarios y la contratación de nuevo personal—.
Si el INM quisiera realmente proteger a los derechos de migrantes sería importante que se creara un mecanismo para el monitoreo externo de sus principales actividades, desde los operativos de «rescate» hasta sus procesos de detención y deportación. También sería necesario revisar los programas de protección desde su diseño y articulación con otras instancias. Pero sobre todo, sería importante que este instituto corrigiera sus prácticas violatorias de derechos humanos en lugar de usar eufemismos y preocuparse por su imagen pública.
