¿Tienen alguna coherencia los impuestos a los refrescos y a los alimentos con alta densidad calórica con la estrategia contra la obesidad y la diabetes y con la regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas? ¿Están diseñadas estas políticas para ser efectivas en el combate a la obesidad y la diabetes?
En 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que ante la epidemia de obesidad que sufre México y pone en riesgo no sólo la salud de la población sino también la viabilidad financiera del país, bastaría la inversión de menos de cinco dólares por persona para implementar un paquete de cuatro medidas efectivas que deben incluir una campaña nacional de promoción de hábitos sanos, un programa obligatorio de etiquetado de alimentos realmente orientador, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños y medidas fiscales que combinen impuestos a las bebidas y alimentos no saludables y subsidios a las opciones saludables.
El Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria presentado por el gobierno federal, también en 2010, comprendía estas medidas más la regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas. Tomando en cuenta que la estrategia comprende una regulación a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y la promoción de un nuevo etiquetado para distinguir las opciones más saludables, podemos decir que entre el impuesto, la estrategia y la regulación que se viene de los alimentos y la bebidas en las escuelas se están siguiendo las recomendaciones internacionales de políticas para combatir la obesidad y la diabetes.
Lo que nos queda es saber si el diseño de estas políticas es el adecuado para lograr su fin. En el primer caso, el de los impuestos a las bebidas azucaradas, las recomendaciones internacionales y nacionales coinciden en que para tener un efecto significativo en la reducción del consumo de estas bebidas el impuesto debería de ser de 20% o más. Esto equivaldría a dos pesos por litro, como lo propusimos las organizaciones civiles, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. El impuesto ha quedado en un peso por litro. Las proyecciones indican que con este impuesto el consumo puede reducirse en alrededor de un 11%, un beneficio nada despreciable y que tendría un mayor impacto entre los que más consumen estas bebidas. Sin embargo, el gobierno debe estar atento a las estrategias comerciales que pueden implementar las refresqueras para inhibir el impacto de este impuesto, para poder responder.
En el caso del impuesto a los alimentos con alto contenido calórico no se tienen estimaciones sobre el beneficio que puede traer. Lo que es evidente es que este impuesto, como ya lo han declarado varias empresas, moverá a la reformulación de los productos para bajar su densidad calórica y así no verse afectados por el impuesto. Una de las más importantes empresas procesadoras de alimentos anunció que reformularía varios de sus productos para que su densidad calórica estuviera por debajo de la establecida para imponer el impuesto. La reformulación de los productos será, sin duda, el mayor beneficio de este impuesto.
La regulación anunciada de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia como parte de la estrategia, es una buena noticia. A través de ella, el Estado reconoce que la autorregulación desarrollada por las empresas para este tipo de publicidad, conocida como el código PABI, no funcionó y ha tomado la decisión de proteger a la infancia del daño que le genera. Sin embargo, la regulación anunciada es extremadamente limitada, sólo se aplica a ciertos horarios en televisión y cine, no en Internet, no en la publicidad en las calles, no en los puntos de venta, no al diseño de la publicidad, no al uso de promocionales y regalos, no al uso de personalidades populares o personajes ficticios, etc. Se da un primer paso, pero aún se deja a los niños y las niñas desprotegidos frente a una publicidad multimillonaria que, como dice la OMS, se aprovecha de su “credulidad e inexperiencia” deteriorando sus hábitos de alimentación desde muy pequeños.
La estrategia incluye el desarrollo de un etiquetado voluntario frontal en los productos que se establecerá a las opciones más saludables en diversas categorías de alimentos. Esta propuesta que, en general, viene del Instituto Nacional de Salud Pública, busca que el consumidor pueda reconocer cuáles son las mejores opciones a la vez que pretende mover a los fabricantes a reformular sus productos para obtener este etiquetado que será un sello distintivo. Este es un paso importante aunque dejamos de lado la posibilidad de que los consumidores puedan distinguir cuando un producto tiene altos contenidos de azúcar, grasas y sal a través del “etiquetado del semáforo” que hemos propuesto y que se está aplicando en el Reino Unido. El etiquetado que presenta la estrategia nos ayudará a distinguir las mejores opciones pero no aquellas que pueden representar un riesgo por su alto contenido de azúcar, grasas y sal. Por lo tanto, se da un paso pero aún se deja al consumidor sin herramientas suficientes para poder distinguir las cualidades básicas de los alimentos y bebidas que adquiere en el mercado.
Y por último, como parte de la reforma educativa, se convierte en una obligación la regulación de los alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. Esta regulación tendrá que tener como criterios mínimos los de la tercera etapa de los lineamientos aprobados en 2010 y que, desgraciadamente, al no ser obligatorios no fueron aplicados en gran parte de las escuelas. Se espera así una regulación efectiva de alimentos y bebidas en las escuelas que en otras regiones del mundo se ha demostrado tener un efecto muy positivo en la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad entre los escolares, como ha quedado asentando en varios estudios.
A todo lo anterior, hay que añadir el compromiso público que tomó el Presidente Peña Nieto al presentar la estrategia de destinar los recursos de los impuestos a la atención de esta epidemia y a la instalación de bebederos de agua en las escuelas de educación básica de todo el país. El acceso a agua de calidad para beber es un derecho básico de los niños que debe iniciar en las escuelas, ese espacio en el que se encuentran cautivos durante varias horas al día y en el que tienen que tener acceso a este vital líquido para hidratarse.
En conclusión, con los impuestos, la estrategia y las escuelas, tenemos una serie de políticas, medidas fiscales y regulaciones que establecen un marco efectivo para combatir y, especialmente, prevenir la obesidad y la diabetes. Lo central ahora es su aplicación efectiva y el fortalecimiento de estas medidas haciéndolas más eficaces.
