Por una extraña coincidencia en diferentes espacios, el Congreso y la Corte, comenzó a discutirse el tema del impuesto a los refresco y los derechos de los consumidores de marihuana. Aunque aparentemente son dos temas totalmente distintos, uno fiscal y otro de derechos, ambos tiene mucho más en común de lo que pareciera a primera vista.
El argumento central de los productores de refrescos para que les bajaran el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) autorizado en la más reciente reforma fiscal y que es el mismo que tienen por ejemplo las bebidas alcohólicas, es que el refresco no hace daño en sí mismo, que los que hace daño es el abuso en el consumo de refrescos. Tienen toda la razón, y exactamente lo mismo podemos decir del cigarro, el alcohol o la marihuana. Nadie se muere por tomarse un refresco al mes, una cuba cada semana o fumar mariguana cuando va a una fiesta. La diferencia es que el refresco se le venden a todo mundo.
Los refresqueros propusieron la discusión correcta, aunque no estoy tan seguros de que salgan tan bien librada de ella. La pregunta no es quién nos protege de nosotros mismos, sino cuáles son las consecuencias económicas y sociales de nuestras decisiones, y en eses sentido deberíamos discutir tanto el impuesto al refresco, revisar lo que estamos haciendo con el alcohol y el tabaco y pensar lo que queremos en el tema de la mariguana desde tres aspectos: las libertades, la salud y la consecuencias sociales.
Desde el punto de vista de las libertades, la demanda ante la Corte de los consumidores de marihuana es simple y llanamente que nos los criminalicen consumir marihuana y que se les reconozca el derecho que tienen a decidir qué consumen y que no. Ni siquiera están planteando una legalización o discutiendo si la marihuana es buena, mala o todo lo contrario, sino simple y llanamente un asunto de libertades.
El otro tema es la salud. Efectivamente el Estado está obligado a cuidar que los productos que circulan en el mercado no tengan un efecto inmediato sobre la salud, pero hoy que está comprobado que todo, hasta la carne, hace daño. El papel del Estado es recomendar y cobrarnos, vía impuestos, la consecuencias de nutras decisiones. Hoy por hoy la marihuna no es un problema de salud, pero la diabetes vinculada al alto consumo de refrescos sí.
El tercer punto tiene que ver con los efectos sociales del consumo. Si bien es cierto que los maestros quisieran que los niños consumieran menos productos altos en azúcar, entre esos refrescos, pues se los niños se vuelven más insoportables, el consumo de refrescos o tabaco no tiene una consecuencia social nociva, mientras que el alcohol y las drogas en general (incluyendo las que están en el botiquín familiar) sí. Lo que tenemos que cuidar, en todo caso, es no cometer los mismos errores que ya cometimos con la legalización del alcohol, que tardamos años en regular.
