La FGR, liderada por Alejandro Gertz Manero, acumula pendientes en casos de interés público como los relacionados con la corrupción en Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa y la investigación por el incendio en una estación migratoria de Chihuahua a inicios de año, para ninguno de ellos hay sentencias.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El mes pasado un Juez federal suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el caso Agronitrogenados, donde se le acusaba por operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se libró de pagar un acuerdo reparatorio. Hasta el momento sólo el empresario Alonso Ancira Elizondo, empresario acusado de sobornar a Lozoya, está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera de los cuales, hasta inicios de este año, ya había entregado 104 millones.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Presidente y la propia FGR criticaron la decisión, las irregularidades no sólo recaen en el juzgador Genaro Alarcón López, también en las fallas cometidas por la Fiscalía, que abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio pese a ser un tema de interés público, como ha destacado la organización de litigio estratégico Tojil.
Ancira Elizondo concretó en abril de 2021 un acuerdo reparatorio con Pemex. Emilio Lozoya buscó sin éxito un acuerdo similar, pero el 31 de agosto sus abogados pidieron suspender el proceso porque el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) ya se encontraba reparando el daño, esto lo justificaron con la tesis aislada publicada días antes en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 2027042, y el argumento fue aceptado por el Juez Alarcón López.
Organizaciones han cuestionado el que la FGR accediera a buscar un acuerdo reparatorio. Las mismas críticas pesan contra las autoridades por la otra investigación que mantiene a Lozoya Austin detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la relacionada con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, donde el exfuncionario busca un criterio de oportunidad pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea que esta figura legal no puede aplicarse en casos de interés público.
“Este criterio se aplicó erróneamente porque se le olvidó al Juez una cosa muy importante: que el acuerdo reparatorio no procedía en este caso [Agronitrogenados] porque no hay solamente el interés de la víctima directa, sino que hay un interés más allá de que ese esclarezcan los hechos y es que el hecho no quede impune, que haya garantías de no repetición”, destacó la abogada Adriana Greaves, cofundadora de Tojil.
A esto se suma el revés que la FGR recibió en la investigación por Odebrecht, donde acusa al exfuncionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto de recibir sobornos, esto porque el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México rechazó información bancaria obtenida por la dependencia, clave para demostrar los sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin y sus familiares habrían recibido de la constructora brasileña a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza. Con ello, el exfuncionario buscará anular el proceso, incluso su abogado Miguel Ontiveros pronóstico esta semana en entrevista con Carmen Aristegui que “se va a caer el caso”.
“La FGR ha demostrado que hace acusaciones a la ligera, con el objetivo nada más de dar la apariencia de que se está haciendo algo, pero no es así, es muy fácil para la Fiscalía presentar acusaciones sin soporte probatorio para que los jueces no tengan fundamentos y luego echarles la culpa, pero en realidad las investigaciones no están bien hechas”, criticó Susana Camacho, consultora en temas de justicia penal y una de las encargadas de elaborar junto a organizaciones civiles el balance ciudadano de los dos primeros años de gestión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
EL CASO AYOTZINAPA
El otro gran pendiente de la dependencia son las sanciones penales a funcionarios relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, tema para el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia desde antes de iniciar su sexenio.
Este 27 de septiembre la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa reveló en un informe que la mal llamada “verdad histórica” sobre lo que le ocurrió a los normalistas fue una construcción que llevó a cabo el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en la que participaron, además del expresidente, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Marina Vidal Francisco Soberón, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del Cisen, Eugenio Imaz; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.
Pero hasta el momento sólo Murillo Karam ha sido detenido; la FGR lo señala por tortura y de ser responsable del encubrimiento de la desaparición de los estudiantes. Actualmente está hospitalizado en la Torre Médica de Tepepan. Por su parte, Tomás Zerón, inculpado por ayudar a construir la narrativa de la “verdad histórica”, además de estar acusado de los delitos de tortura y alternación de pruebas, ha evadido la justicia mexicana al haber viajado a Israel.
Ya desde el año pasado la renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa puso en evidencia las fallas de la FGR, pues se concretó tiempo después de que la dependencia desistió de 21 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas por dicha unidad contra militares. El exfuncionario reveló esta semana en entrevista con Quinto Elemento que desde la fiscalía trataron de cercar su investigación y obstaculizar el hallazgo de la verdad.
INCENDIO EN JUÁREZ
Donde tampoco se ha avanzado es en sancionar penalmente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su responsabilidad en el incendio registrado en marzo de este año en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 27 más sobrevivieron pero resultaron lesionados.
Tan sólo la semana pasada Francisco Garduño, quien sigue al frente del INM y es investigado por ejercicio indebido del servicio público, buscó evadir su responsabilidad penal a cambio de reparar los daños causados al inmueble. Aunque la FGR no respaldó esta petición, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que asesora legalmente a ocho de las víctimas, sigue alerta por los obstáculos que la dependencia liderada por Gertz Manero mostró desde el inicio del caso.
Eduardo Rojas Valdez, coordinador de litigio estratégico de la FJEDD, informó que la dependencia se opuso a ratificarlos como defensores de dos de las víctimas aunque tienen el derecho de buscar abogados particulares, también trataron de impedir sus designaciones para representar a ocho víctimas . “Enfrente de nosotros les decían que no les, les mintieron diciendo que les cobraríamos cuando nuestros servicios son gratuitos”, recordó.
El abogado también reportó que han solicitado al menos 15 actos de investigación para identificar las condiciones en las que operan las estancias migratorias, pero la mayoría los concedieron de forma parcial.
“La FGR no lo vincula con el homicidio de los migrantes, ofrece pagar los daños del recinto donde estaban los migrantes, pero no ningún tipo de reparación a los familiares de las víctima. Es absurdo que que alguien de ese nivel y con el incidente tan grave que pasó siga en libertad y pretendiendo burlarse de la autoridad ofreciendo ese tipo de reparación”, mencionó Susana Camacho.
En este caso, al igual que los de Agronitrogenados, Odebrecht y Ayotzinapa, agregó, “se ve la operación del propio Estado para proteger a funcionarios públicos que le convienen y cuando se trata de investigaciones que podrían incluir a alguien cercano la Gobierno en turno se van en contra del operador.[los jueces]. Desde la FGR se opera una máquina continua de impunidad”.
COLLADO, SIN SENTENCIA
Otro caso por el que se ha cuestionado a la FGR de Gertz Manero por la falta de resultados es el de Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Peña Nieto y el exgobernador Mario Villanueva Madrid, a quien causan de los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque fue detenido en julio de 2019, sigue sin sentencia.
La última semana de septiembre dejó el hospital donde estaba internado para seguir su proceso en libertad ya que logró cambiar la medida cautelar que lo obligaba a permanecer en el Reclusorio Norte. El caso destaca porque además de las acusaciones en México, reportajes del diario El País han revelado que Collado Mocelo gastó millones de pesos en distintos países europeos que en realidad habrían estado destinados a políticos mexicanos.
Al menos 855 mil dólares –unos 14.78 millones de pesos– fueron abonados entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos, como el Four Seasons, el Ritz o el Westin, por el abogado, además, de un depósito de 213 mil dólares –unos 3.7 millones de pesos–en diversas joyerías exclusivas, así como 80 mil 840 dólares destinados a tratamientos, en clínicas suizas, contra el envejecimiento, de acuerdo con información publicada a inicios de mes por los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil.
LA FGR ACTUALMENTE
Durante los cuatro años de la gestión del Fiscal Gertz Manero defensores de derechos humanos y organizaciones civiles han denunciado la falta de rendición de cuentas, una muestra de ello es que sigue sin integrarse el Consejo Ciudadano, un mecanismo que se encargaría de seguir de cerca el trabajo de la FGR para garantizar su independencia frente al poder político.
“La ley de la Fiscalía también marca que tiene que rendir un informe anual, un informe en el cual, además, tiene que haber en cuanto a su revisión amplia intervención por parte de la sociedad civil, lo cual tampoco se ha dado. La Fiscalía sigue siendo muy reacia a rendir cuentas en los términos que lo marca su propia ley”, denunció el abogado Eduardo Rojas.
Por su parte, la asesora Susana Camacho lamenta que en la administración de Gertz Manero se ha perdido la oportunidad de transitar “de una Procuraduría General basada en papeles, poco transparente en los procesos a pasar a una fiscalía autónoma con fiscales independientes, a otro tipo de institución”.
A ello se suma que la FGR enfrenta cambios, pues el 22 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Juan Ramos López, abogado y segundo al mando de la dependencia, aunque expertos en el sistema penal consultados por este diario opinaron que el avance en casos de interés nacional podría variar poco porque en general el trabajo de la dependencia se ha caracterizado por la falta de rapidez y resultados.
Una muestra de la confianza que el Fiscal Federal tenía a Ramos fue que en marzo de 2022 se filtraron audios de una llamada telefónica en la que ambos hablaban sobre el caso de Alejandra Cuevas, su cuñada. En la grabación se escuchó a Gertz afirmar que estaba presionando a ministros de la Suprema Corte para que Cuevas permaneciera en prisión acusada de homicidio.
Ramos Juárez también se encargó de casos como el de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, a quien la FGR no pudo comprobar penalmente algún delito pero mantuvo en prisión durante años, además de emprender acciones contra el abogado Juan Collado
Ahora el cargo de Ramos López al frente la Fiscalía Especializada de Control Competencia lo ocupa temporalmente Miguel Guillermo Aragón Lagunas, quien se desempeñaba en la unidad especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia como subordinado del funcionario cercano a Gertz Manero.
