Como documentó Sin Embargo, en Jalisco se han perpetrado más de 60 homicidios de funcionarios públicos en los 18 meses de la actual administración, encabezada por el priista Aristóteles Sandoval. El más reciente de estos asesinatos fue el del diputado federal tricolor Gabriel Gómez Michel. El móvil de muchos de estos homicidios no se conoce, por la impunidad que camina a sus anchas en el país. No obstante, aun cuando se desconocen las causas de numerosos asesinatos, es posible vislumbrar las consecuencias. Una consecuencia es que los ataques contra funcionarios inducen a que sus colegas no actúen contra el crimen o incluso se alíen con él.

Cuando no está asegurada la integridad física de los funcionarios responsables de la seguridad, primera obligación del Estado, no hay condiciones para que estos implementen políticas de seguridad efectivas. Si el gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales de la entidad siguen sin proteger adecuadamente a los servidores públicos, especialmente a aquellos a cargo de la seguridad, no habrá condiciones para un combate eficaz a la delincuencia.

Desde luego que el objetivo último del Estado no debe ser solo la seguridad de los funcionarios, sino de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, asegurar la tranquilidad de todos requiere que los gobernantes cuenten primero con mínimos de invulnerabilidad que les permitan poner en funcionamiento los instrumentos necesarios para mantener el orden público.

El mensaje que manda el homicidio de un solo funcionario es tremendo. Implica que los criminales no solo están dispuestos a privar de la vida a quien, desde el Estado, se interponga en su camino, sino que además están en posibilidad de hacerlo. Ahora bien, una ola de homicidios de funcionarios con más de sesenta casos en un solo estado puede poner contra las cuerdas al conjunto de la clase política local. En efecto, un mensaje de esta proporción cambia los incentivos de prácticamente todos los funcionarios públicos, pues crecen exponencialmente los costos de no ceñirse a lo que quieren los criminales.

La ola de homicidios en Jalisco –incluyendo el del alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres y el del diputado Gómez Michel– sugiere que se ha desprotegido institucionalmente a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones públicas riesgosas. En este contexto, las condiciones están dadas para que incremente el número de funcionarios dispuestos a permitir que el crimen domine a la sociedad.

Desde luego que es reprobable que cualquiera con un cargo de autoridad no aplique la ley en todo su rigor. Eso no está a discusión. Lo que está sí es discutible es quiénes entre los funcionarios están dispuestos, en los hechos, no solo en el papel, a enfrentársele al crimen cuando se está asesinando arteramente a sus colegas. Desde una perspectiva realista, en situaciones como estas se multiplican los incentivos a no combatir al crimen o, más grave aún, a colaborar con él.

La situación es aún más delicada al considerar que en Jalisco urgen resultados en el combate al crimen, tras el grave deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad, como lo han documentado Carlos Loret de Mola y Diego Petersen. La recomposición de las organizaciones criminales con presencia en el estado amenaza con conducir a una violenta disputa por el territorio, lo que ha colocado la mira de gobierno federal en Jalisco. Es imposible que se implementen acciones eficaces mientras siga bajo amenaza la existencia misma de los funcionarios encargados.

Ante estos argumentos, alguien podría replicar: ¿y si algunos de los funcionarios asesinados estaban coludidos con el crimen organizado y su muerte se explica porque no cumplieron los acuerdos a los que habían llegado con los delincuentes? Quienes se dejan comprar por el crimen deben ser procesados penalmente, conforme a la ley, pero no es válido sentarse a contemplar cómo se les asesina. En un Estado de derecho es injustificable el asesinato de cualquiera, independientemente de si está o no relacionado con el crimen.

En suma, para que las autoridades estatales y municipales de Jalisco protejan a la sociedad, deben velar antes por la integridad física sus funcionarios, sin excepción, mientras proceden penalmente contra aquellos que se han coludido con el crimen. No hay otro camino.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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