De una forma muy simplista y superficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió el lunes 28 de agosto a los actos de violencia que encabezaron, un día antes, los cárteles de la droga que se disputan Michoacán, y que incluyeron bloqueos, quema de camiones y vehículos, balaceras, e incendio de comercios en por lo menos tres municipios del estado.

“Lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxo’s y ya, básicamente”.

Como si la seguridad de los michoacanos no hubiese estado en peligro, y la quema de Oxxos fuese algo insignificante, pasadero.

Pero nada de lo que sucede en México en materia de inseguridad y violencia es normal, aunque se pretenda que así se le perciba desde el discurso del poder a nivel federal. Tal parece que al presidente Andrés Manuel López Obrador la inseguridad que azota al país no le importa porque no tiene costo político para Morena.

La realidad que el mandatario ve, y con la mano en la cintura desdeña públicamente, es que los de Michoacán, o lo de Jalisco, o lo de Sinaloa, Tamaulipas, o Baja California, no son actos propagandísticos por parte de organizaciones criminales impunes, sino actos de terror.

Los cárteles de la droga aspiran a obtener dominio de territorios nacionales infundiendo terror entre la población y las autoridades locales; en estricto sentido de la definición de la RAE sobre terrorismo, consuman una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Así de claro.

Recurriendo de nueva cuenta a la RAE, propaganda es “acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”. Nada más alejado de la intención criminal detrás de los actos violentos en varios estados de la República Mexicana.

No hay otra forma de encuadrar esta violencia cruenta de los cárteles de la droga, que el terrorismo. Solo así se explica, por ejemplo, las minas terrestres sembradas en Jalisco por el cártel Jalisco Nueva Generación, y que en julio reciente provocaron la muerte de cuatro policías y dos civiles en Tlajomulco de Zúñiga.

O el carro bomba que los cárteles que se disputan Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, ubicaron en la ciudad de Celaya para luego “denunciarlo” ante la Guardia Nacional, solo para activar el explosivo cuando los gendarmes estaban inspeccionándolo, dejando varios heridos con miembros desmembrados por la explosión.

También es la forma de explicar la dinámica criminal que han emprendido en el cártel de Sinaloa, con la utilización de drones artillados, desde los cuales lanzan bombas hacia los vehículos tripulados por sus enemigos delincuenciales.

La privación de la libertad, tortura y posible asesinato de cinco jóvenes en los Altos de Jalisco hace un par de semanas, es otra forma de causar terror, muy alejada de la premisa de la propaganda que pregona, para explicar la violencia, el presidente de la República.

De la misma forma justificó hace un año, a mediados de agosto de 2022, los bloqueos con quema de vehículos, tráileres y equipo de transporte, que el cártel Jalisco Nueva Generación realizó en varios estados de la República Mexicana, como Baja California, que para el presidente, eran actos propagandísticos, no de terrorismo. Pero fue tanto el terror, que las autoridades locales guardaron silencio y los ciudadanos, en su mayoría, se autoimpusieron un toque de queda, para evitar estar en una zona tomada o incendiada por los criminales organizados.

Los cárteles, particularmente el de Jalisco y el de Sinaloa, actúan con plena libertad en los diferentes territorios del País, impunemente arropados por la corrupción o la incapacidad de las autoridades obligadas a combatirlos o contenerlos. Cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional, como se ha evidenciado en casos de Baja California, de las Fuerzas Armadas, y ni hablar de las policías municipales o estatales. Pero, sobre todo, tienen el beneficio que les da la política de los abrazos y no balazos, en lugar de una estrategia de seguridad para contener la violencia, perseguir a los criminales, y detener a los asesinos y cabecillas de las mafias.

Ni la secretaría de Seguridad Ciudadana federal, ni la Fiscalía General de la República, cada vez más inutilizada por la ausencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, mucho menos la Guardia Nacional, están llevando a cabo en estos momentos, trabajos de inteligencia u operativos de detención de criminales, para desarticular las estructuras mafiosas y abonarle un poco a la seguridad de los mexicanos.

Como en Michoacán, en otros estados de la República, los comerciantes se enfrentan al cobro de piso, a la amenaza, a la extorsión en el menor de los casos y cuando la fatalidad no llega. La sociedad está a merced del crimen organizado, y vulnerada ante tanta violencia producto del terrorismo que utilizan los narcotraficantes para dominar territorios para su ilícito en el trasiego de la droga, el robo de mercancías, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, la trata y muchos más.

En el Código Penal Federal, en el artículo 139 impone una “pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos… a quien utilizando… explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”, pero este es un tema que el presidente no quiere ni ver, ni encarar, ni reaccionar con el ejercicio del Estado de Derecho.

Tan sabe que los actos de violencia como los acontecidos en Michoacán el domingo, vulneran a la sociedad y atentan contra la seguridad, que en los días siguiente, a pesar de haber calificado la saña como actos de publicidad o propagandísticos, envió cientos de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a aquel estado, para vigilar calles y avenidas… y en una de esas, por topón más que por inteligencia, elementos honestos puedan aprehender a los que suelen llamar “generadores de violencia”, cuando se trata de asesinos, extorsionadores, secuestradores y narcotraficantes.

La política de abrazos y no balazos, y el reducir a la violencia cada vez más creciente, como actos de propaganda en lugar de enfrentarlos como lo que son, actos de terror, le está costando sangre al País, pero eso qué le importa a un Presidente que cree tener en el bolsillo el voto de los mexicanos.

Adela Navarro Bello

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