Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Puebla dio a conocer el desahogo de las diligencias y el análisis técnico-científico del desalojo en San Bernardino Chalchihuapan, donde el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo resultó herido, por un polémico objeto lanzado, presuntamente, por los policías estatales, y posteriormente falleció.
En conferencia de prensa, el Procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget, dijo que la onda expansiva de un cohetón es lo que podría haber provocado una lesión de las características que presentó el menor y no una bala de goma.
“La onda expansiva es la única que podría provocar una lesión de las características que presenta el menor, quien tuvo el desprendimiento de prácticamente 10 centímetros de hueso”, sostuvo el funcionario.
Y aseguró que no hay evidencia alguna de la utilización de balas de goma o de algún otro objeto de disuación de similares características que hubieron empleado los elementos de la policía estatal.
Carrancá Bourget detalló que el análisis fue realizado por peritos en 12 especialidades, pruebas físicas y recreaciones que se hicieron con monitores en los que se denotaron todos los artefactos utilizados el día de los hechos, en tejidos blandos.
Y agregó que “por parte de los grupos en confronta se utilizaron piedras, resorteras, bombas molotov, y en particular cohetones de propulsión, explosivos de dos tipos; ambos de manufactura no industrial”.
Y señaló que el menor de 13 años fue herido entre las 14:33 y las 14:38 del 9 de julio, momento en el que se encontraba junto a una construcción y campo de cultivo, “lugar diverso al que se confrontaban los dos grupos de personas con los elementos de la policía estatal”.
El pasado lunes pobladores de diversas Juntas Auxiliares de Puebla realizaron un caravana de Puebla hacia el Distrito Federal para exigir el esclarecimiento de la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie, además de otras denuncias en contra del Gobernador Rafael Moreno Valle.
Exigieron un alto a la represión en contra de las comunidades, liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de Chalchihuapan.
Por su parte, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron la ausencia de Estado de derecho en Puebla y demandaron la separación del Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, para que no interfiera en las investigaciones del asesinato del niño José Luis.
Los activistas y las organizaciones coincidieron en que se han fabricado mentiras para inculpar a los pobladores afectados. Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, denunció que en uno de los videos donde se trata de inculpar a los pobladores salen las declaraciones de un oficial de la policía identificado como Mario Tomás González Ricaño, quien fue detenido en 2011 por trata de personas y prostitución de menores.
