“Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a bordo de cuatro vehículos y a pie, emboscaron la noche del 15 de enero de 2023 en una zona poco iluminada de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, al abogado Ricardo Lagunes Gasca y al líder de la comunidad de Aquila, Antonio Díaz Valencia”. Así comienza el reportaje “Desaparecen miembros del CJNG a defensores de Aquila; involucra testigo a minera”, de la colega Analy Nuño publicado por A donde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab el pasado 19 de junio.

Este reportaje es muy importante porque es uno de los trabajos periodísticos que ofrecen datos concretos sobre un episodio de desaparición de personas, pero además ofrece pruebas concluyentes sobre cómo ocurren procesos de despojos de territorios y bienes comunes en México al amparo de una troika de intereses: los de las empresas privadas. el crimen organizado y el Estado.

Este reportaje revela de manera ejemplar el funcionamiento de esta troika que opera para el despojo del territorio en el caso concreto de los comuneros de Aquila, Michoacán para proteger los intereses de la empresa Ternium que tiene la concesión de la mina de hierro Las Encinas, pero casos semejantes ocurren por todo el territorio nacional.

Antonio Díaz Valencia es un líder de la comunidad de Aquila que defiende su territorio de los intentos de la minera por explotarlo sin compartir las regalías correspondientes. Antonio Lagunes Gasca es un abogado defensor especializado en derechos humanos. Ambos lograron que un Tribunal Unitario Agrario “convocara a la elección de un nuevo Comisariado de Bienes Comunales, lo que permitiría negociar el pago de regalías y adeudos a los comuneros de Aquila, dueños de las tierras en que opera la mina de hierro Las Encinas, concesionada al gigante minero”, reveló Analy Nuño en este reportaje (https://cutt.ly/Nedh8T5s).

Los poderosos intereses mineros fueron auxiliados por halcones y sicarios del CJNG para cometer la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca, según un documento de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF). De acuerdo a esta investigación se sabe con precisión el momento y el lugar de la desaparición cometida por al menos diez miembros del CJNG: después de las 19:03 horas de ese día en los topes que están a la entrada de Cerro de Ortega.

Díaz Valencia y Lagunes Gasca ya habían escapado antes a tres intentos de desaparición por parte de los integrantes del crimen organizado. Y apenas un mes antes de su desaparición, en diciembre de 2022, fueron amenazados por funcionarios de la minera Ternium de ser “levantados” si seguían oponiéndose a los intereses de la minera. Como cabe esperar, Ternium lo ha negado, pese a testimonios en contrario.

La presunta responsabilidad de la empresa minera en el plan para desaparecer a los defensores del territorio fue exhibida en el testimonio de uno los halcones del CJNG que fue interrogado por la FEIDDF. Javier Puntos Fuentes, declaró en febrero de 2022 que a los defensores “los levantaron porque se estaban poniendo al pedo por las minas”. El presunto halcón fue liberado después de la declaración y asesinado poco después.  En su testimonio, el presunto halcón identificó a quienes ordenaron la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca: Carlos Macías Ayard, el Sky, y Óscar Fernando Arreguín Girón, el Anzuelo, considerados mandos del CJNG en Tecomán en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya Leaks. A pesar de estos testimonios y búsquedas en campo, aún no ha sido posible dar con el paradero de los defensores de la comunidad de Aquila.

Una hermana y un hermano del abogado Lagunes Gasca, Ana Lucía y Antoine, han pedido a las autoridades que ahonden en la línea de investigación de la participación del gigante minero Ternuim en su responsabilidad en esta desaparición.

No sería la primera vez que las mineras están detrás de la desaparición o asesinato de defensores del territorio. Analy Nuño informó que en abril de 2023 Eustacio Alcalá Díaz, fue asesinado en su lucha por la defensa de su comunidad, San Juan Huitzontla, ubicada a 20 kilómetros de Aquila. Y quince años atrás, Mariano Abarca Roblero fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en su casa en Chicomuselo, Chiapas por oponerse actividades extractivas de la minera canadiense Blackfire Exploration.

Estos casos de despojos de territorios por intereses privados, estatales o criminales es resistido por las comunidades y pueblos que se organizan para defenderse de esos atropellos, lo que da paso a conflictos sociales y políticos de resistencia que algunos llaman conflictos socio-ambientales.

México es el país con más conflictos de este tipo donde se las empresas son la punta de lanza del despojo. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado desde más de una década 289 conflictos mineros en 20 países de la región y lamentablemente México encabeza la lista con 58 conflictos por actividades mineras, lo que representa el 20 por ciento, es decir, uno de cada cinco conflictos mineros en Latinoamérica ocurren en nuestro país (https://cutt.ly/uedjev89). Y en no pocos de ellos se hace patente la troika mencionada líneas arriba, como la que ha desaparecido a los defensores Díaz Valencia y Lagunes Gasca.

Son ejemplos indignantes de que los intereses corporativos mineros en ocasiones son protegidos usando a integrantes del crimen organizado como su brazo armado, y en muchos casos, con la omisión o complicidad de las fuerzas del Estado. Es la troika que ha permitido que el despojo de bienes comunes y territorios siga imperando en México, en contra de las comunidades y pueblos.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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