Ante la inminencia de las elecciones y de una larga serie de reacomodos políticos, administrativos, presupuestarios y económicos, que necesariamente ocuparán debates y acciones durante lo que queda del año en todos los niveles de gobierno, sin pretensiones de exhaustividad, me parece interesante hacer un ejercicio de reflexión sobre las no-propuestas y los huecos importantes que dejaron las candidatas y el candidato en materia de desaparición de personas, búsqueda y crisis forense.

El tema no ha sido abordado ni a fondo ni integralmente en prácticamente ningún debate o foro, aunque sí fue mencionado un poco más en el tercer debate presidencial porque hubo una pregunta expresa. Aun así, más allá de una que otra línea general, no se ha entendido exactamente qué es lo que harían en concreto los partidos políticos y sus candidaturas abanderadas.

En el sexenio hemos rebasado los 52mil cuerpos sin identificar, así como la cifra de 5,700 fosas clandestinas registradas y el número de 114mil personas desaparecidas, mismas que deben ser buscadas por las autoridades en el país. Se trata de fenómenos complejos, entrelazados y de larga data que se han recrudecido. Para su abordaje es necesaria una política integral y nacional, con mecanismos claros y fuertes de coordinación, tanto entre niveles de gobierno como entre instituciones, actores sociales y políticos, organismos internacionales y poderes del Estado.

Por ejemplo, si bien en otros temas, como la política industrial y laboral, las reformas judiciales, policiacas y electorales, o los planes de desarrollo regional y a la movilidad de larga distancia, la puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, y su equipo han presentado propuestas y planes concretos, dialogados y articulados, no ha sucedido lo mismo para el tema de la desaparición y búsqueda de personas.

Éste, más bien, pareció subsumirse en la “atención a las causas” y la (aun necesaria) reforma de la justicia, en la continuidad de estrategias de búsqueda cuestionables adoptadas en la CDMX o el respeto y reforzamiento de protocolos e instituciones vigentes. Sin embargo, en los hechos, ya hemos visto un deterioro de la relación de una parte consistente de los colectivos organizados de familiares con el gobierno federal, así como la merma de capacidades, estrategias y enfoques colaborativos de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que debería ser una preocupación y objeto de planteamientos en las campañas.

Serían factores recuperables en el corto plazo, si existiera voluntad política para recuperar la necesaria confianza y coadyuvancia con los grupos que conforman un movimiento social que ha surgido de los estragos de la guerra, sin el cual en México todavía muy poco se hubiera logrado social y políticamente en términos de legislación, reforma de las fiscalías, defensa de los derechos humanos, mecanismos de identificación y búsqueda, memoria colectiva, visibilización de la violencia y lucha antimafia, entre muchas de sus contribuciones.

Propuestas como la de la organización Fundar para la concreción de una política nacional forense mediante mecanismos de cooperación y círculos virtuosos entre poder ejecutivo, fiscalías y comisiones de búsqueda, podrían encajar en un plan de relanzamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que fue otro logro de los colectivos de víctimas descafeinado y abandonado paulatinamente por el gobierno, así como de los Centros de Identificación Humana y, en general, de los alcances de la Comisión Nacional de Búsqueda en las identificaciones.

En cambio, por un lado, parece fomentarse la “competencia” entre fiscalías y comisiones de búsqueda en los estados y a nivel federal, mientras, por otro lado, especialistas denuncian virajes peligrosos de la estrategia gubernamental que tiende a regresar al modelo de monopolio de parte de las fiscalías en la identificación forense, algo que por más de una década ha sido el centro de la lucha de las familias con familiares desaparecidos ante la incompetencia, inacción o desaseo institucional de aquéllas.

Por eso mismo, como lo señala el reciente reportaje de Daniel Cruz en el portal A dónde van los desaparecidos, fue reformada en 2022 la Ley General en materia de desaparición y búsqueda para facultar a la Comisión Nacional y el Centro Nacional de Identificación Humana, hoy prácticamente desactivado, para que implementaran procesos de identificación masiva y arrancaran un modelo novedoso ante la crisis forense, ya que las fiscalías de por sí estaban y están rebasadas, cumplen con muchas más funciones y tienen enfoques diferentes, más centrados en la determinación de causas de muerte y la investigación que en la identificación humana de por sí. A esto se agrega la indolencia de la Fiscalía General de la República para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que comenzó sólo después de un amparo, todavía no es operativo y que, de funcionar correctamente, permitiría cruces masivos a nivel nacional de todos los perfiles genéticos en poder de las fiscalías.

Después del ruido pre y post electoral, aunque parezca lejana, existirá la posibilidad de formular una política nacional, estructurada, consensuada, coordinada y focalizada, para llenar los vacíos acumulados en materia forense, de búsqueda, de identificación y de abordaje integral de las desapariciones. Esperemos no sea desaprovechada.

Mientras tanto, colectivos y familiares en búsqueda de sus seres queridos invitan a quienes piensan anular su voto el 2 de junio a participar en una iniciativa de alto valor simbólico, #VotaXUnDesaparecidx, para que en el espacio destinado a las candidaturas sin registro, las y los votantes coloquen el nombre de alguna de las personas desaparecidas que existen en el país.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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