Las notas del New York Times y del Washington Post de la semana pasada son contundentes: el teléfono de Alejandro Encinas y el de (por lo menos) dos de sus colaboradores fueron infectados con Pegasus el año pasado. La noticia es más grave de lo que parece y anuncia el rompimiento de una liga que se ha ido estirando más allá de lo deseable.

Para quien no esté enterado: Alejandro Encinas lidera, no solo la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal, sino que es titular e impulsor de varias de las mejores iniciativas de esta administración: La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y la Comisión de Guerra Sucia (COVEHJ). Bajo la órbita del subsecretario opera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Comisión Nacional de Búsqueda. El subsecretario ha logrado coordinar las múltiples defensorías y organismos no jurisdiccionales garantes de DDHH, antes atomizados y con agendas paralelas, tales como CEAV, Conapred, Conavim, Comar y CNBP. Encinas ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien, en gran parte gracias al apoyo presidencial.

En varias de estas asignaturas, pero sobre todo en lo relacionado al mandato de esclarecimiento de las Comisiones de Guerra Sucia y Ayotzinapa, Encinas ha tenido que lidiar con el Ejército. Hoy, 105 meses después de la desaparición de los normalistas, duermen en prisión un general y otros oficiales de la Secretaría de la Defensa. Los cuatro están señalados por la Comisión de Ayotzinapa como parte de la trama criminal que habilitó la desaparición de los normalistas. Los abogados de los cuatro militares reviraron y demandaron penalmente a Encinas. Piden la cabeza del Subsecretario. A gritos.

En el caso Ayotzinapa cristaliza bien el enfrentamiento entre Encinas y los altos mandos del Ejército. Sin embargo, no es el único tablero de batalla. En el ajedrez de la compleja relación cívica-militar que vive México, el subsecretario y su grupo mueven piezas en casi todas las casillas.

Ahora respondamos la pregunta: ¿Quién ordenó la infección del teléfono de Encinas? El escenario aquí esbozado no plantea demasiadas alternativas: hasta donde sabemos, el Ejército es la única entidad en México con acceso a Pegasus y que activamente utiliza el software para infectar teléfonos. Uno puede engañarse tanto como quiera, pero la respuesta difícilmente será otra: al subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal lo espía el Ejército mexicano. La locura.

El espionaje es evidencia de la batalla al interior del Estado que mantienen quienes han tenido el arrojo para esclarecer lo sucedido en Ayotzinapa (y otros casos, incluyendo aquellos del periodo de “Guerra Sucia”) y quienes, desde el poder militar, defienden los circuitos de impunidad del viejo régimen. El presidente lleva tiempo columpiándose en un frágil balance: por un lado, procura mantener su alianza con los militares y, por otro lado, respaldar a Encinas. Ese fino equilibrio puede estar por romperse.

Las filtraciones del NYT y del Washington Post dejan ver, también, los limites que ha tenido la transformación política en el sector de inteligencia. Hoy, los controles democráticos sobre las agencias militares y civiles del Gobierno federal no son más robustos que en 2018. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el llamado Centro Militar de Inteligencia (CMI) no son más transparente que el viejo CISEN; las semblanzas de sus mandos no son menos sucias que las de sus predecesores; y, a juzgar por los resultados, los nuevos organismos tampoco son más eficientes; todo lo contrario. La 4T ha quedado a deber aquí.

Ya lo apuntamos: el presidente está en una encrucijada. Encinas, por su lado, está en otra disyuntiva: continuar o no su lucha a pesar de las condiciones desfavorables a su alrededor. Esto último desean los tuiteros que, anteponiendo su narrativa del “todos sin iguales” a la agenda que dicen defender, exigen la renuncia del subsecretario por una idea abstracta de “congruencia” y “dignidad”. Se frotan las manos y quieren ver, en una eventual caída de Encinas, la derrota moral del obradorismo. Ojalá se queden con las ganas.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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