Todo parece indicar que ni los periodistas ni los medios de comunicación de México quieren evolucionar a lo que demandaría una democracia funcional. Cada vez que se señalan problemas históricos y estructurales -como la clase política- los unos se cubren a los otros para no cambiar nada.

Mientras los medios de comunicación navegan en el status quo, la misma sociedad sigue en una pasividad consumidora y fragmentada en el mosaico mediático con el pírrico poder para demandar medios que cumplan su función social.

Desde hace dos décadas los homicidios de periodistas han colocado a México como uno de los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo. Lo escribo una vez más pero ahora siento un vacío profundo dentro de cada letra de la oración anterior. El Gobierno (o los gobiernos) no han podido -y seguramente no querido- atacar de raíz la violencia contra la prensa. Diagnósticos van y vienen, pero la impunidad sigue siendo el arma más poderosa de los perpetradores.

Pero dentro del espiral de la violencia está la aquiescencia de los medios de comunicación. Sí, así como lo lee. El beneplácito de los medios para que la violencia siga contra sus miembros y no demandar realmente nada a las autoridades. Simplemente su deber termina al llevar la nota del homicidio, hacer un recuento y listo, se afianza la impunidad. Los periodistas más afamados y urbanos ignoran por completo el contexto tan precario y violento en donde periodistas ejercen el oficio en zonas de guerra. En su día a día no les incumbe.

El contexto de violencia no es todo lo que aqueja al periodismo mexicano ni sus malas y ancestrales prácticas con el poder. Para entender la simbiosis entre poder–periodismo tenemos que entender el dinero entre ellos. Desde hace varios años organizaciones civiles pusieron atención sobre cómo el dinero (miles de millones) salí de las arcas públicas y terminaba en las alforjas de los medios y de periodistas. Somos una cultura que aceptó tanto la práctica de compras de líneas editoriales que hasta creamos un concepto: El Chayote.

Se nos ha hecho normal, y no se ha querido cambiar, la relación perniciosa y cercana entre el poder y los medios por parte del dinero, muchas veces en forma de contratos de publicidad oficial y otras en contratos de servicios de comunicación. El caso -y lo más serio- es que los medios decidieron vivir de aquel que tenían que escudriñar, de aquel ente público que debían de vigilar. Sin embargo, gracias a esos trabajos ahora se conoce más de las cantidades de dinero que compran líneas editoriales, favores políticos o comerciales. Pero shhhh… “perro no come perro”. Entonces, mientras unos se cubren a los otros, porque los otros no son diferentes de los unos, todo sigue igual. Una alta funcionaria de un medio de comunicación lo resume de la siguiente manera: “El medio soborna y también es sobornado. Es ese es el sistema y la cultura”.

Se armó un escándalo considerable -y no entiendo porqué- cuando hace unos días se dio a conocer una lista de periodistas que recibían contratos millonarios por parte de la administración de Peña Nieto. Vale la pena hacer notar que esa información y mucha otra ya se ha hecho pública antes. Pero claro, como la dio a conocer Andrés Manuel López Obrador había que generar controversia.

Pasado el vendaval nada cambió. Pasaron los gritos y nada pasó. La actual administración, más allá de hacer un ejercicio de transparencia al dar a conocer información -repito ya conocida- está perdiendo la oportunidad de cambiar la historia de la prensa y el Gobierno. La oportunidad es única y la razón estaría de su lado. Desafortunadamente, el Presidente Obrador se ha limitado a decir que gastará la mitad de lo que gastó la administración anterior (alrededor de 4,711 millones de pesos, que no es cosa menor), pero continuará la práctica de ser completamente discrecional al momento de otorgar los millones.

En otras palabras, si en verdad estuviera en el interés de Obrador cambiar un elemento tan pernicioso para la democracia mexicana, como es el cáncer en el periodismo mexicano, debería haber optado, a la hora de hacer pública la lista citada de periodistas beneficiados (sin aparente razón o justificación alguna), presentar una iniciativa de reforma a la ley de comunicación social.

Cambiar el paradigma real. Pero para hacer eso se tiene que tener conciencia que el rompimiento entre medios de comunicación y el poder político va a mover elementos profundamente arraigados en nuestra sociedad: Y qué bueno. Pero: ¿Querrá eso AMLO?

La violencia tiene arrinconada a la prensa. El uso del dinero público de manera discrecional e injustificada fomenta una relación insana y dañina para la información y el periodismo. Pero no es solo cambiar la ley, es cambiar la práctica cultural. Esconder el dinero para que le llegue a los medios es fácil. Ahora los holdings mediáticos lo hacen mucho más fácil porque el dinero puede llegar a través de dinero a hospitales o constructoras que son parte del mismo grupo mediático. Por lo que los medios al final son solamente una herramienta para “chantajear y ser chantajeado”. Es decir, tener un herramienta de negociación.

Pero tengamos algo claro, tendría AMLO que bloquear todos y cada uno de los negocios de los Salinas, Azcárraga, Junco de la Vega, Vásquez Raña y todos los demás. Nadie piensa en eso -o por lo menos se conoce poco- pero ahí está el negocio. Sabemos que existen intercambios no sólo de publicidad o servicios si no de permisos de construcción, distribución y una cadena interminable, perfecta para el disfraz perfecto. La simbiosis perniciosa va más allá de un contrato de publicidad.

Pero en el epicentro de lo que se debe de cambiar no son solo las leyes para que los medios reciban dinero de manera transparente y justificada, sino los modelos comerciales y de negocios que tienen los medios mexicanos.

La gran mayoría vive del dinero público y eso es imposible de sostener en cualquier país. No solo es dañino para la independencia, sino es insostenible para la democracia. Si los medios no transitan de manera rápida a crear un modelo de negocios basado en: 1. La diferenciación del producto (no ser igual a los demás); 2. Tener un foco claro y específico en términos de información y 3. Tener claro una amplia variedad de formas de obtener ingresos más allá de la publicidad; tales como suscripciones, eventos transmedia, etcétera.

Los que no lo logren deben de desaparecer. El Gobierno no puede ser el responsable de la subsistencia de medios de comunicación. Eso lo debemos de tener claro. Pero para todo lo anterior, las voluntades deben de ir por delante … “y el cubrirnos los unos a los otros” debe de ser práctica del pasado. Parecería que seguiremos olvidando lo que olvidamos en el 2000 y el cambio de régimen: la transformación del sistema de medios.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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