Sólo han sido suficientes siete meses para que el actual gobierno de la República instaure un “hiperpresidencialismo”, bajo el argumento absurdo del Pacto por México, y con consecuencias catastróficas para la representación de poderes en el país.
Estos últimos meses me he dedicado a investigar el tema específico referente a algunas iniciativas en el Congreso de la Unión, en donde se ha confirmando una gran variedad de iniciativas del Presidente de la República y que tienen un respaldo mayoritario casi de forma automática al interior del Congreso independientemente del color de la iniciativa y no así algunas que no han tenido la misma fortuna o bendición de Los Pinos. Para muestra, un botón: en la página de la Cámara de Diputados puede usted observar, solamente en el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, de 179 iniciativas únicamente se han aprobado 16, esto denota un rezago legislativo, su cartelización y mandato supeditado al Ejecutivo.
Sin duda, el Pacto por México está generando un debilitamiento innecesario de la democracia en México, que se puede ver reflejado al interior del Congreso de la Unión. Sí, aquellos que se dicen llamar “diputados”, y que en términos terrenales les gusta que les llamen “gestores ciudadanos”, no son ni uno ni otro. Hoy, estos personajes que a los que se paga con nuestros impuestos y que en estricto sentido deberían de representar los intereses ciudadanos, no son más que instrumentos de votación al interior de la Cámara. El debate legislativo ha quedado atrás, hoy la posición privilegiada como antaño es la figura del coordinador parlamentario y con sus salvedades, ya que el sistema peñista funciona desde las “élites del pacto”, y no desde las “élites parlamentarias” como apunta la lógica parlamentaria –es decir, la toma de decisiones de los acuerdos que se toman, qué reformas se aprueban y cuáles no, se deciden por el acuerdo de cuatro o cinco personajes en México–.
Por otra parte, los resultados no favorecen; los números, como lo comenté hace algunos meses, no cuadran. La cifra de muertes en manos del crimen organizado es diferente entre lo que se contabilizan en Bucarelli y los datos que arrojan en las Procuradurías estatales. Estamos en presencia de un posible Narco Estado. Y sobran los ejemplos: el caso Michoacano, la aparición de las policías comunitarias con un armamento digno de la milicia, más de una veintena de asesinatos de alcaldes en México, un sistema electoral cooptado por acuerdos obscuros, por campañas políticas financiadas con recursos de dudosa procedencia, gobernadores y líderes sindicales señalados por sus millonarias cuentas, un regreso del PRI marcado por sus propios vicios y ventilando los ajenos.
Vivimos rodeados de alternativas electorales desgastadas que no brindan a la ciudadanía alternativas reales de elección, el ciudadano ya no tiene de donde seleccionar. En las campañas electorales de este año priva la guerra sucia, el ventilar declaraciones patrimoniales pensando que será suficiente para cautivar al electorado. En México hoy en día estoy seguro de que es una “guerra electoral” orquestada desde Los Pinos, mediante un “cártel Legislativo” integrado por los representantes del Pacto por México y los líderes de las bancadas en San Lázaro, dividiendo el territorio nacional en seis o siete zonas representadas por un Secretario de Estado que funge como una extensión del Secretario de Gobernación y que es el que dicta cómo y qué se debe hacer.
Este panorama, insisto, en nada beneficia a la permanencia de las instituciones y a la democracia en México. Este 2013 se realizarán elecciones en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, oportunidad de oro para el grupo en el poder de recuperar territorios perdidos o incluso nunca tenidos como Baja California, ¿pero a costa de qué? Tres vertientes confluyen en el análisis como los son la pérdida de la división de poderes, la aparición de la Cartelización Legislativa y unas posibles “narco elecciones”.
En este tenor me pregunto y le hago la misma pregunta a usted, amable lector: ¿Vale la pena aterrorizar un Estado, sembrar el miedo, perder la división de poderes, seguir creyendo en nuestros políticos, pactar a costa de todo sólo con la intención de obtener y/o mantener el poder por el poder?
Nos vemos la próxima semana…
