Injusticia cotidiana

30/04/2015 - 12:02 am

“Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda…”

 

Esto dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014 y, acto seguido, encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE) la realización de un estudio al respecto.

Pues bien, esta semana el CIDE presentó su Informe sobre Justicia Cotidiana en México. Los resultados, como se esperaba, no son agradables.

Pero, ¿qué es la “justicia cotidiana”?

Según el informe, es aquella justicia “referida a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática”.

Caben allí la justicia civil, los problemas de lo familiar, el cumplimiento de obligaciones contractuales; la justicia laboral y la justicia de proximidad. El informe no incluye la justicia penal, pues ésta implica el uso legítimo de la fuerza del estado para sancionar conductas que alteran el orden social y eso pertenece a otras esferas.

Algo interesante que surge del informe es que la justicia cotidiana es mayoritariamente competencia de los estados. De las más de 2 millones de causas revisadas por el CIDE, solo 13% corresponde a la materia penal, mientras que 30% son de materia civil, 35% de lo familiar y 20% de lo mercantil. Es decir, los gobernadores tienen una competencia en materia de procuración de justicia sumamente relevante y que rebasa el ámbito penal.

Pero lo más importante, me parece, es que los resultados del informe significan un argumento más para evidenciar lo mal que andamos en México para alcanzar las condiciones de un verdadero Estado de Derecho.

Y es que desde la perspectiva democrática –cito otra vez: “… un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de controversias generan incentivos para que los derechos se reivindiquen y los acuerdos se cumplan, produce consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros y con ello se reduce la impunidad y la corrupción.”

Las conclusiones generales del informe son breves pero contundentes:

  1. Los procesos son largos y costosos, pero flexibles;
  2. Existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia:
  3. La justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social;
  4. Se tiende a privilegiar el proceso sobre la solución del conflicto; y
  5. Las personas en conflicto con frecuencia no saben a dónde acudir y cómo recibir ayuda.

En ese sentido, el Informe no podría ser más relevante y, tampoco, más vergonzoso. La justicia es una cosa lejana para los mexicanos. Tanto que se antoja incomprensible.

Más allá, de las recomendaciones prácticas que incluye el documento. Creo que hay una lección importante que podemos extraer de los datos duros.

Si la semana pasada el Índice Global de Impunidad dejaba a México en el penúltimo lugar de la tabla general, ahora el Informe sobre Justicia Cotidiana reafirma que el estado mexicano se encuentra lejano, casi ausente, en la vida pública del ciudadano común.

Una ausencia que implica que ese estado es incapaz de garantizar con eficacia las condiciones más básicas de acceso a la justicia de los ciudadanos. ¿Cómo entender esa ineficacia cuando sabemos que nuestro aparato burocrático es uno de los más caros y obesos del mundo?

La respuesta es muy sencilla: los miles de millones de recursos que los gobiernos de todos los niveles disponen a diario se usan bastante más para alimentar élites y hacer negocios, que para solucionar los problemas más básicos de los mexicanos.

No se necesita más que un vistazo a los medios y las redes sociales para validar a diario el meme de un nuevo yate, el audio con la revelación de otra mordida, la filtración de un nuevo negocio. Y no se necesita mucha memoria para saber que al escándalo de la corrupción sigue siempre el silencio de la impunidad. ¿O acaso alguien recuerda el nombre específico de un funcionario encarcelado recientemente por corrupción?

Ante tal cinismo, impunidad y corrupción, resulta que los mexicanos pagamos impuestos y a cambio recibimos abusos. En ese contexto subyace un hecho más profundo y doloroso. El informe reafirma una realidad que obviamos pero que se siente de manera permanente: los mexicanos somos casi siempre víctimas. Somos víctimas  a diario, de muchas maneras y de variados victimarios: empresarios abusivos, esposos golpeadores, funcionarios prepotentes, caciques y mafiosos; juniors y mirreyes; burócratas y gobernantes.

En la realidad mexicana, la victimización es la regla. El estado de derecho la excepción.

Por último.

Vale la pena revisar a detalle el Informe de Justicia Cotidiana. Vale la pena usarlo para construir alternativas de solución.

Vale la pena tener en cuenta esta abrumadora realidad pero no para el desaliento, sino para reconocer que la injusticia es un estado de cosas que no podemos tolerar y que estamos obligados a cambiar .

Por eso concluyo con el mismo mensaje de mi artículo anterior: ya no estamos para seguir siendo víctimas. Necesitamos modificar de fondo el statu quo y eso solo es posible si nos volvemos responsables de nuestra situación. En lo individual por supuesto, pero sobre todo en lo colectivo. Los problemas son grandes y complejos, no podemos solos, seamos entonces corresponsables. Hagamos ciudadanía, hagamos comunidad.

Adrián López Ortiz
Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.
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