El periodista Tim Golden publica hoy un texto en ProPublica donde involucra al que fue chofer de López Obrador con supuestos nexos con narcos y afirma, citando fuentes de la DEA: “La investigación no estableció si López Obrador aprobó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un exagente de campo y un informante clave sobre drogas, sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo”
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– “Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido Presidente de México en 2018, agentes antidrogas estadounidenses descubrieron lo que creían que era evidencia sustancial de que los principales traficantes de cocaína habían canalizado unos dos millones de dólares hacia su primera campaña presidencial. Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero se entregó a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.
Así empieza el texto del periodista Tim Golden en ProPublica. Señala directamente a Nicolás Mollinedo Bastar, conocido como “Nico”, chofer de López Obrador hasta 2012 y después director de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Delegación Cuauhtémoc cuando Ricardo Monreal Ávila era titular. Golden también señala a Francisco León García y Mauricio Soto Caballero, quienes supuestamente respondían directamente a Mollinedo Bastar. Cita como fuente fundamentalmente a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, e identifica una fuente: Roberto López Nájera, un informante de autoridades de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna y de Estados Unidos, en los años posteriores al fraude electoral; ese “testigo” fue famoso y se le identifica con el nombre clave de “Jennifer”.
Según su texto, citando fuentes de la DEA, el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”, dio dinero a Mollinedo Bastar y hasta financió el plantón de Paseo de la Reforma en 2006, cuando López Obrador protestaba contra el fraude electoral que llevó a Calderón Hinojosa a la Presidencia.
Tim Golden agrega: “La investigación no estableció si López Obrador aprobó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un exagente de campo y un informante clave sobre drogas, sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. La acusación de que representantes del futuro Presidente de México negociaron con criminales notorios ha seguido resonando entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de política exterior de Estados Unidos, quienes durante mucho tiempo se han mostrado escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentar a los narcotraficantes”.
Tim Golden es Premio Pulitzer. Actualmente trabaja como reportero de ProPublica. Su área de especialidad es seguridad nacional, política exterior y justicia penal. Antes, Golden fue editor gerente y fundador de noticias e investigaciones en The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro centrada en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. También fue escritor senior en The New York Times, donde pasó dos décadas como reportero de investigación, corresponsal extranjero y corresponsal nacional. Golden trabajó mucho tiempo en México. ProPublica se define como una agencia de noticias independiente, sin ánimo de lucro y que “produce periodismo de investigación con fuerza moral”. El medio radicado en Manhattan, Nueva York se dice especializado en abusos de poder y “traiciones a la confianza pública”.
Golden dice que los agentes de la DEA desarrollaron “lo que consideraron una fuente interna extraordinaria después de que arrestaron a un exagente por cargos de drogas en 2010. Para evitar la prisión federal, el agente dio una descripción detallada de las donaciones en efectivo de los traficantes, a las que, según dijo, ayudó a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el colaborador cercano de López Obrador que, según el agente, había participado en el plan. Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo estaba al tanto y involucrado en las donaciones de una de las mafias de la droga más grandes del país, dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso”.
“Pero algunos funcionarios sintieron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación encubierta en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a agentes que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En cambio, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política”, agrega Golden.
El texto de ProPublica dice que durante décadas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley en Estados Unidos han evitado investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de proteger a las mafias de la droga. Las agencias estadounidenses “se han mostrado aún más reticentes a investigar la participación de cárteles en la política electoral, aun cuando se han convertido en una fuente principal de financiamiento para las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos municipales, estatales y nacionales”.
“En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar ante la información sobre la posible colusión de su campaña de 2006 con traficantes, dijeron varios funcionarios. Cuando la agencia finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran parte por iniciativa de un pequeño grupo de agentes con base en México que trabajaban con fiscales federales en Nueva York. La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado de 28 años que se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de sus oficinas del cuarto piso escucharon una historia convincente: durante los años anteriores, les dijo López Nájera, había sido una especie de abogado interno de uno de los traficantes más notorios de México: Edgar Valdéz Villarreal [‘La Barbie’]”, agrega el texto de Golden.
“Los documentos judiciales mexicanos resultantes identificarían a López Nájera sólo con el nombre en clave ‘Jennifer’. Sus revelaciones se convertirían en el motor principal de la ‘Operación Limpieza’, un esfuerzo que acaparó los titulares por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón para purgar a funcionarios corruptos de las agencias federales de aplicación de la Ley y del Ejército. La DEA tardó algo más en aprovechar al máximo a su informante. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera comenzara a cooperar con la agencia, que ésta comenzó a centrarse en una de sus revelaciones más sorprendentes. En una entrevista en San Diego que agentes de la DEA organizaron para un alto fiscal mexicano, López Nájera describió cómo ‘La Barbie’ lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en el centro turístico de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico”, dice el trabajo de Tim Golden.
ProPublica se define como una agencia de noticias independiente, sin ánimo de lucro y que “produce periodismo de investigación con fuerza moral”-. El medio radicado en Manhattan, Nueva York, también considera que arroja luz sobre los abusos de poder y las traiciones a la confianza pública, además que le interesa que el poder rinda cuentas.
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