Tres de cada 10 mexicanas y mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud públicos y privados, en un contexto en que el número de contagios acumulados de COVID-19 aumentó 64 por ciento real en los últimos seis meses, y en un contexto en que ocho de cada 10 infectados pierde la batalla contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El impacto de las medidas fundamentales de salud pública –o la prevención y tratamiento de enfermedades– depende del acceso a los servicios disponibles para la población. En México lamentablemente, la cobertura de servicios no es universal y por tanto, no garantiza el acceso a servicios de salud de calidad de toda la población.
De acuerdo con el “Censo de Población y Vivienda 2020”, a nivel nacional hay 32 millones 999 mil 713 connacionales que no tienen afiliación a servicios de salud públicos o privados, a los que se sumaría parte de las 431 mil 499 personas que no especificaron su condición de afiliación, que desconocen si están afiliados o no a una institución de salud.
La cantidad de personas sin acceso a servicios de salud reportada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) representa al 26 por ciento de las y los mexicanos, o bien, a casi la tercera parte de la población de México.
“Los países que decidan renunciar a medidas fundamentales de salud pública –por la razón que sea– pueden acabar enfrentándose a un problema mayor [de coronavirus] y a una carga más pesada para el sistema de salud, que requiera medidas más severas de control”, dijo en el último año el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La advertencia lanzada por Adhanom implica condiciones de cobertura poblacional, pero también de calidad en los servicios de salud. Acerca de este último punto, las cifras del Inegi refieren que la satisfacción con respecto a los principales servicios públicos es muy baja.
Los institutos Mexicano del Seguro Social (Imss), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de Salud para el Bienestar (Insabi) –este último a cargo de los afiliados al Seguro Popular– son las principales instituciones de salud pública en términos de cobertura poblacional.
En conjunto, Imss, Issste e Insabi son los responsables de atender a 88 millones 312 mil 421 personas, o el equivalente al 94 por ciento del número de afiliados a instituciones de salud públicas y privadas.
De acuerdo con las cifras de la última medición (2019) de “Calidad gubernamental” del Inegi, el nivel de satisfacción de personas mayores de 18 años de edad con respecto a los servicios provistos por dichas dependencias fue reprobatorio. Los peor evaluados fueron los servicios de salud del Imss con 43.8 por ciento de aprobación, seguidos de aquellos provistos por el Issste (47.1 por ciento) y por los “servicios de salud estatal o Seguro Popular” (47.2 por ciento) que asimismo obtuvieron una calificación reprobatoria.
La situación anterior genera que muchos derechohabientes del sector público acudan a servicios privados de salud, aún cuando ello suponga un mayor desembolso.
En ese sentido, el resultado del más reciente censo poblacional del Inegi arroja que hay 645 mil 860 personas que en el último año complementaron los servicios públicos o de “otra institución” con servicios privados, a los que se sumarían tres de cada 10 personas que aún contando con esquemas de protección en salud acudieron a consultorios dependientes de farmacias, de acuerdo con datos dados a conocer a finales del año pasado por el Instituto Nacional de Salud Pública (Insp).
ACCESO A SALUD Y COVID-19
Desde el inicio de la pandemia y hasta el día 28 de enero de 2021, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó un acumulado de 1 millón 825 mil 519 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional.
Las cifras oficiales indican que el número de contagios acumulados de COVID-19 aumentó 64 por ciento real en los últimos seis meses y que en la actualidad, ocho de cada 10 infectados pierde la vida por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Sin embargo, la tasa de mortalidad podría ser mayor considerando que las cifras diarias de la Ssa están “incompletas en la medida en que no incorporan otras fuentes de información que llevan un plazo más largo de recabar”, dijo el pasado 27 de enero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Esto luego de que ese mismo día, el Inegi revelara que México tuvo un índice de mortalidad 55.6 por ciento superior a lo reportado por la Ssa en los primeros ocho meses de 2020.
De acuerdo con el informe del Inegi, entre enero y agosto del año pasado en México hubo 108 mil 658 muertes por COVID-19, mientras que según la Secretaría a cargo del doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, en ese mismo periodo hubo 69 mil 849 casos reportados.
La situación de salud en México es grave y las cifras dan cuenta de ello, máxime considerando que de acuerdo con López-Gatell, “el perfil de mortalidad de un país depende mucho de su realidad social y en ella están implicados 40 años de historia de la construcción de la desigualdad” en México, que comulga con factores múltiples que determinan “el perfil de salud” de la población mexicana, que es asediada por enfermedades crónicas asociadas a mala nutrición, tabaquismo, obesidad, hipertensión y diabetes.
La desigualdad en el acceso a servicios de salud tendrá consecuencias de vida y muerte a nivel nacional.
Un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo con base en cifras oficiales indica que la población con más riesgo de padecer complicaciones de salud por coronavirus (personas de 60 a 99 años de edad) tiene diferentes intervalos de falta de acceso a servicios de salud, según su edad y según condiciones raciales y/o de capacidades físicas y/o mentales.
Si se compara la falta de acceso a servicios de salud por edad, en general se observa que la población de 20 a 29 años y de 100 años en adelante es la que tiene los niveles más altos de inacceso, mientras que las personas de cero a nueve años y de 70 a 79 años tienden a tener los niveles más bajos de falta de acceso a nivel nacional.
Sin embargo, si se hace un corte por condiciones específicas desagregadas, se observan diferencias importantes entre grupos poblacionales.
La población más vulnerable al coronavirus, es decir, las personas de 60 a 99 años de edad que corren más riesgo de gravedad por la enfermedad y que presentan una tasa de hospitalización de entre cuatro y seis de cada 10 casos, tiene mayor grado de inacceso a servicios de salud cuando se trata de personas que hablan lengua indígena (23 por ciento en promedio), que cuando se trata de personas con alguna limitación o discapacidad (20 por ciento en promedio), o cuando se trata de personas de autodescripción afromexicana (19.9 por ciento en promedio).
En el primer caso, el de la población que habla lengua indígena, se observa que el inacceso a servicios de salud de la población más vulnerable a ser hospitalizada está intercalada, de modo que mientras la población de 70 a 79 años tiene el segundo nivel de inacceso más bajo después de la población de cero a nueve años, la población de 90 a 99 años tiene el tercer nivel de inacceso más alto después de las personas de 20 a 29 años y de más de 100 años, respectivamente.
En el segundo caso, el de la población con alguna limitación o discapacidad, se observa que el inacceso a servicios de salud de la población más vulnerable a ser hospitalizada es el más bajo de todos los deciles de edad, con proporciones de inacceso que van de 17 a 23 por ciento de las personas. Sin embargo, dentro de este grupo, la población de 90 a 99 años –que es el segundo decil con más riesgo después de la población de 80 a 89 años– tiene la tasa de inacceso más alta.
En el tercer caso, el de la población de autodescripción afromexicana, se observa una situación similar a la del grupo anteriormente referido, en el que el inacceso a servicios de salud de la población más vulnerable a ser hospitalizada es el más bajo de todos los deciles de edad. Pero a diferencia del grupo anterior, en que el inacceso no es necesariamente proporcional al grupo de edad, en la población de autodescripción afromexicana el inacceso aumenta conforme la edad lo hace también.
Así, mientras que la población afromexicana de 70 a 79 años tiene una tasa de falta de acceso de 17 por ciento, la población afromexicana de 90 a 99 años tiene una tasa de inacceso de 23 por ciento.
En el caso de las diferencias por sexo, las cifras del “Censo de Población y Vivienda 2020” del Inegi refieren que la falta de afiliación es ligeramente más alta en hombres que en mujeres.
A nivel general nacional, 24 por ciento de los hombres no tiene acceso a servicios de salud, mientras que esta proporción se reduce a 22 por ciento en el caso de las mujeres.
Si se hace un corte por condición específica de la población, se observa que la diferencia entre hombres y mujeres es mayor en la población de autodescripción afromexicana, en que el inacceso de ellos es de 26 por ciento y el de ellas de 23 por ciento.
En los casos de las poblaciones con alguna limitación o discapacidad y/o que hablan lengua indígena, la proporción es similar a la general. En el primer caso, el inacceso de hombres y mujeres es de 26 y 24 por ciento, respectivamente; y en el segundo caso, el inacceso de hombres y mujeres es de 23 y 21 por ciento, respectivamente.
