Increíble lo que pasa en México. Estas dos últimas semanas han sido de noticias y cortinas de humo a mi parecer. Estamos como lo advierte mi amiga Mercedes Llamas en su más reciente publicación y que sintetizo en cuatro frases: hoy estamos sin duda entre la tristeza, la mierda de justicia, la corrupción cínica y poca transparencia.
Dejando de lado el asunto Cassez, que coincidentemente se empató en tiempos políticos y mediáticos con el caso Monex, nos centraremos al tema que nos ocupa que es lo electoral.
Con voto dividido, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó eximir de responsabilidad al Partido Revolucionario Institucional por el caso Monex.
La posición de quienes proponían sancionar al instituto político por recibir un préstamo de una empresa no acreditada (Atama) y multarlo con 75 millones de pesos se empató con la de quienes pedían no sancionar al partido, tal como lo planteaba el dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto.
Los consejeros que proponían sancionar, y que a juicio personal son los consejeros que actúan con mayor “imparcialidad” por llamarlo de alguna manera, fueron Benito Nacif, Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa y María Marván. Quienes rechazaron la sanción fueron los consejeros Marco Baños, Francisco Guerrero, Margarita Elizondo y el presidente del IFE, Leonardo Valdés, lo anterior situaba al Consejo General en un empate, entonces es cuando apareció el viejo lobo de mar, la pieza tricolor de Sergio García Ramírez quien se excusó en una primera votación bajo el argumento de que estaba ligado a la familia Fraga, pero su voto resultaría decisivo en este asunto del orden del día del IFE.
En este orden de ideas estamos ante la presencia de una obra de teatro más, de los buenos y los malos, en donde el Consejero García Ramírez ejecutó a la perfección el libreto de esta obra denominada “caso Monex”, basta recordar para quienes desconozcan el dato que este consejero fungió como Secretario General del PRI en el año 2000.
Primer acto:
La Unidad de Fiscalización del órgano electoral indicó que el tricolor contrató a la empresa Alkino, a la que pagó 66.3 millones de pesos por la “dispersión” de 9 mil 924 tarjetas, de las cuales entregó 7 mil 851.
Detalla que Diana Beatriz Gil Rodríguez, representante legal de Alkino, comunicó al Instituto que celebró con Comercializadora Atama un “contrato de préstamo comercial con intereses y servicios accesorios” por 66.3 millones de pesos.
Segundo Acto:
Atama utilizó a Comercial Inizzio, y ésta finalmente abrió la cuenta con Banco Monex para cargar dinero a las tarjetas, las cuales fueron repartidas por el PRI para pagar a su estructura electoral, cabe señalar que en una investigación de MVS manifiestan que Atama e Inizzio no existen en los domicilios fiscales en los que fueron facturadas las tarjetas, además, ambas empresas fantasmas tienen a los mismos accionistas: Ramón Paz Morales, quien se dedica a diferentes oficios y no tiene posibilidad de manejar cantidades millonarias, y Juan Óscar Fragoso Oscoy, ya fallecido.
Tercer acto:
En un empate en la votación del IFE, el voto que le da la salida del caso Monex al Partido Revolucionario Institucional es el de Sergio García Ramírez, la pregunta que me hago y que seguramente muchos mexicanos se hacen es “dónde está la Transparencia, la Objetividad, Certeza, Legalidad y sobre todo la IMPARCIALIDAD”.
En esta época electoral los ciudadanos se encuentran desencantados, hartos de las instituciones, de mentiras, de órganos de justicia sin justicia, de organismos colegiados hechos a modo, de cascadas de dinero como lo son el “Soriana Gate”, de “Monex”, de compra de votos, de operaciones al estilo Moreira, de operación ratón loco, de acarreados, de democracias de aparador, de triunfos electorales sin mayorías, y retomo las palabras de mi maestro Mauricio Merino, es necesario dar un giro en las instituciones, México necesita y los ciudadanos exigen órganos colegiados apegados a derecho, que vivan para y en democracia, que estén a favor de la transparencia y rendición de cuentas, que sean elegidos por los ciudadanos y para los ciudadanos, que quienes ocupen estos cargos sean los mejores y más preparados, y que se deje la simulación, el compadrazgo y las instituciones y nombramientos a modo, y en el peor de los casos a quienes ocupan estos cargos que sean al menos objeto de evaluaciones periódicas para demostrar que tienen la capacidad y competencia para ocupar los cargos.
En el caso particular del Instituto Federal Electoral y que mostraré a ustedes la próxima semana, siete de cada 10 califican mal el actuar de la institución, pero el IFE no son estos señores de traje y micrófono con sueldos de 300,000 pesos, el IFE son miles de trabajadores, de personal operativo, de capacitadores, de supervisores, los propios ciudadanos que son designados funcionarios de casilla, éste es el IFE, no la cúpula del Consejo General.
“Los ciudadanos esperan hoy del IFE una respuesta honesta, transparente, rigurosa, profesional, legal y autónoma”.
Nos vemos la próxima…
