Es un secreto a voces: no hay dinero para pagar las pensiones de más de cuatro millones de beneficiarios: lo saben los líderes sindicales, los directivos empresariales y los funcionarios del gobierno, y todos escuchan a los expertos, pero nadie quiere asumir el costo social y político de mencionar la palabra “quiebra”.
Cada año el gobierno toma una cifra creciente de los impuestos federales, superior a 400 mil millones de pesos en 2012, para cubrir obligaciones con al menos 105 fondos de pensiones que se encuentran descapitalizados, entre estos los del IMSSS e ISSSTE, pero la medida ya es insostenible y será uno de los primeros grandes retos que deberá enfrentar el gobierno entrante.
Los candidatos presidenciales eludieron el tema en sus campañas, pero la advertencia de los expertos es clara: México no puede ni debe seguir destinando una creciente cifra de recursos fiscales para el pago de las pensiones, cuya suma gigantesca –de 17 billones de pesos de 2012, equivalente al 104 por ciento del PIB, o 14 billones de 2010- implica quitarle más recursos a los rubros de salud, educación, seguridad y otros, y tales reasignaciones se traducirán en el sacrificio de la gran mayoría de mexicanos sin protección social.
El tiempo corre y este es el punto concreto: “Los déficit pensionarios son responsabilidad de los gobiernos, los patrones y los trabajadores beneficiarios, no de los contribuyentes en general”, sostiene Pedro Vásquez Colmenares Guzmán, autor del libro recién presentado Pensiones en México, la próxima crisis.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, invitado especial a esa presentación, definió la dimensión del problema: “En la vida real, el total de los mexicanos estamos cubriendo el total de los fondos de pensiones y eso es totalmente injusto”.
Así de complicado ve el asunto Roberto Salcedo Aquino, titular de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “El estudio de Pedro Vásquez Colmenares, que analiza los sistemas de pensiones, señala que el déficit llega a 14 billones. La bomba de tiempo nos estallará más temprano que tarde y obligará a recortar las pensiones y las jubilaciones o bien a elevar los impuestos, afectando los recursos fiscales con cargo al contribuyente, como ya está ocurriendo, pero aún así la deuda no se resolverá y tendrá graves consecuencias para la estabilidad social”.
“Hay que rendir cuentas al respecto y transparentar los manejos –subraya-; el estado ya tiene la crisis, porque dedicar 400 mil mdp del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) esto ya es una crisis, puesto que no estaba en el inicio canalizar esta parte del Presupuesto a pensiones, sino a atender otras urgencia sociales.”
El consultor en la materia, Francisco Miguel Aguirre, precisa que los sistemas de pensiones del IMSS y el ISSSTE, los de los estados, municipios y otros, ya son subsidiados con recursos fiscales que afectan otras partidas y coincide en que la “bomba” ya está detonando en las finanzas públicas en distintos rubros. “Actualmente el gobierno ya destina cerca del ocho por ciento del PEF en subsidios adicionales para fondear las pensiones. Aunque más del 80 por ciento de los trabajadores ya están amparados por los nuevos sistemas de pensiones, las reformas legales para ‘resolver’ la cuestión no solucionaron de fondo el problema. En el mejor escenario, aún con las reformas, el pasivo contingente continuará representando más del 90 por ciento del PIB, y lo fuerte de la ecuación será para las nuevas generaciones de trabajadores.”
Vásquez Colmenares alerta: “El problema de las pensiones es como una gran chequera social, (los desembolsos) ya tienen nombre, monto y fecha, pero no nos hemos preocupado por revisar el saldo. En esta misma década se puede vulnerar a los trabajadores en sus sistemas de pensiones. La sociedad tiene que solucionar el problema aceptando el reto. Durante muchos años lo que han hecho es poner en riesgo a los trabajadores y eso es una realidad: la insolvencia ya está aquí y todo el sistema presupuestal está destinando cada vez más recursos a las pensiones en ayuntamientos, dependencias federales y otros.”
El problema se agranda rápidamente, advierte: “A nivel federal, esos 400 mmdp crecen a una tasa de 16 por ciento anual desde el año 2000, pero todas las variables del crecimiento nacional están muy por debajo. La realidad es que no hay fondos de pensiones, no se ahorró; se está tomando del presupuesto federal, estatal y municipal para pagar las pensiones, por lo tanto esos niveles de gobierno tienen que responder.”
Tales planteamientos fueron presentados ante un auditorio selecto -el 20 de junio del presente- donde aparte del autor y de los presentadores mencionados participó el rector de la UNAM, José Narro Robles, y asistieron líderes sindicales, funcionarios de gobierno, analistas y público interesado, quienes fueron testigos de la derrama de cifras a que dio lugar el estudio de Pedro Vázquez Colmenares.
LOS DATOS DUROS
De acuerdo con lo plantado por el autor del libro citado, la deuda nacional por pensiones equivale ya al 104 por ciento del PIB, lo que representa más de tres veces la deuda pública total y más de diez veces la base fiscal del país. “México ha engendrado una bomba de tiempo por las pensiones públicas, cuya insolvencia puede poner en jaque a las finanzas de los gobiernos municipal, estatal y federal esta misma década, advirtió Vásquez Colmenares, economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia, cuyo currículum también incluye “una larga carrera en la administración pública como directivo y participante en la modernización de la seguridad social y las pensiones, tanto en el régimen del IMSS como del ISSSTE”.
Francisco Miguel Aguirre, licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, certificado en Valuación Actuarial de Pasivos Laborales por el Colegio Nacional de Actuarios A.C, y con registro de Actuario Dictaminador otorgado por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR), actualmente director general de la consultoría Valuaciones Actuariales del Norte S.C., y asesor de empresas y de organismos nacionales e internacionales, es también autor de estudios sobre el tema y del libro Pensiones, ¿y con qué?, de reciente aparición; él admite la magnitud del problema pensionario, pero pone una salvedad respecto del monto que, según Vásquez Colmenares, alcanza esa deuda impagable. “El 104 por ciento del PIB depende de la metodología empleada para el cálculo, esta cifra es muy sensible a las hipótesis actuariales”.
La dimensión del caso se puede entender con una mirada al esquema actual del sistema de pensiones que muestra una alta subcobertura poblacional. Según datos oficiales, el total de la Población Económicamente Activa (PEA) sumó 50.2 millones de personas (INEGI, IIE-UNAM, 2011); de tal cantidad, la población ocupada con cobertura ascendió a 18 millones y la población ocupada sin cobertura registró la cifra de 29.8 millones de personas; la población desempleada sumó 2.4 millones.
En el mismo esquema se puede apreciar que, aquí está el meollo del asunto, “en México hay una población envejecida de alrededor de 10 millones de personas, pero solo 40por ciento de estos (adultos mayores de 60 años) disfruta de una pensión (cuatro millones en total), a pesar de que todos contribuyeron; es decir, el 60 por ciento carece de una pensión (seis millones).”
En porcentajes, el esquema queda así: sólo un 35.8 por ciento de la PEA está cubierta; sólo un 37.62 por ciento de la Población Ocupada queda cubierta; y el 57.86 por ciento de la población total no tiene cobertura de seguridad social: en cifras, 65 millones.
Por si fuera poco, aquí está el desafió estructural que ven los especialistas, el envejecimiento de la población viene a complicar el problema. “De 2010 a 2050, los adultos mayores se triplicarán. El proceso de envejecimiento demográfico es irreversible, pues los adultos mayores de mañana ya nacieron y las generaciones más numerosas ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 2020”, precisa Vásquez Colmenares.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ya advertía de este cambio generacional: “Tenemos apenas dos décadas para preparar las condiciones que permitan al país encarar adecuadamente este proceso (El envejecimiento de la población en México, 2010)”.
En tal contexto, los especialistas coinciden en que a partir de 2015, en México se acelerará la tasa de dependencia económica -la carga social que enfrenta la población adulta para sostener a los niños y jóvenes y a las personas mayores-. “Hasta 1970, la dependencia económica decreció al disminuir los niños y jóvenes. A partir del 2015, la dependencia económica crecerá al dispararse la población de adultos mayores. En América Latina, la tasa de dependencia económica se acelerará a partir del 2020.”
-¿En la OCDE hay países con este tipo de problemas de pensiones o están peor que México?
-Prácticamente todos los países del mundo tienen este problema”, responde el consultor.
Dentro de la radiografía que pintan los especialistas sobre el tema, cabe señalar que México tiene un esquema múltiple, con más de 105 sistemas, de los cuales sólo 5 o 6 están capitalizados (el de Banxico y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –“¡claro, ellos no se sacrifican para nada!”, dijo un asistente en la presentación del libro referido-. “La información que tenemos de los fondos de pensiones es parcial o inexacta. No considera los planes de pensiones estatales ni municipales”, precisó el autor.
En su libro, Pensiones, ¿y con qué?, Francisco Miguel Aguirre subraya que si se quisiera tener una idea de cuántos sistemas de pensiones existen, “llegaríamos a un censo superior a mil (sí, tres ceros antecedidos por el uno) en las administraciones estatales, municipales, entidades paraestatales, y en el ámbito federal, en donde cada sistema tiene características propias y, por ejemplo, dentro de cada universidad, estado o municipio, aplican condiciones distintas para ciertos grupos de empleados”.
BOTONES ROJOS DE MUESTRA
Entre los casos de quiebra de los fondos de pensiones, Vásquez Colmenares señala a varios sistemas en las entidades federativas y se detiene también en los de las universidades públicas estatales. Menciona ejemplos: “En Tlaxcala, las aportaciones estatales de pensionados y trabajadores en activo cubren apenas el 50 por ciento de los egresos por nómina que se tienen que pagar. Se acerca el momento en que todos los impuestos que recauda la entidad se destinarán a cubrir el déficit de pensiones.”
Luego cita a Puebla: tiene un déficit presupuestal acumulado entre 2002 y 2011 de 2,375 millones de pesos. Su principal problema es la relación de 5,542 pensionados por tan sólo 2,422 trabajadores en activo (128 por ciento más). En Veracruz, su sistema de pensiones sería financieramente viable si la relación entre trabajadores activos y pensionados fuera de 10 a 1, pero la relación actual es de 5 activos por un pensionado. En Durango, sólo hay dinero para cubrir pensiones hasta el 2018. En Tamaulipas hay suficiencia financiera sólo hasta el año 2018. “El problema es que en los últimos 10 años se ha duplicado el número de pensionados; hace 10 años las pensiones costaban 5 millones de pesos, ahora cuestan 50 millones de pesos”. Y Culiacán ya enfrenta pasivo de 606 millones de pesos; para el 2017 será de 1,571 millones de pesos.
Respecto de las universidades públicas estatales, donde el problema es de escándalo, Vásquez Colmenares apunta: “La ASF señala que los pasivos actuariales de los planes de pensiones en las universidades estatales ascendieron a 244 mil millones de pesos (en 2010). Es un monto subestimado: muchas universidades no registran sus pasivos pensionarios”. Cita: en la Universidad de Colima no realizaron aportaciones a su fondo respectivo (FOSAP), pero se pagó directamente la nómina de pensionados. “La cantidad supera en 44 millones de pesos la obligación con el fondo, donde la cuenta es mancomunada”.
Según el autor, también están en crisis: Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Zacatecas, y otras en mayor o menor medida.
En sus cálculos Vásquez Colmenares estima que el gasto de 2012 en seguridad social y pensiones (Ramo 19) se planteó en 367 mil mdp, pero se corrigió la cifra al alza, en 395 mil mdp; al final tendrá un cierre esperado de 430 mil mdp. Esto revela una insolvencia general y creciente. “Fondear las obligaciones actuales de pensiones públicas costará en el futuro al menos 104 por ciento del PIB de 2010. Los planes públicos de pensiones representan obligaciones laborales por aproximadamente 17.04 billones de pesos (de 2012). Los pasivos estudiados por la ASF duplicaron su valor respecto al PIB en sólo tres años, de 16.5 por ciento en 2007 a 30 por ciento en 2010”.
Este año –calcula el autor- las aportaciones a seguridad social y déficit de pensiones superarán los gastos en: educación, 1.5 veces; Salud, 3.2 veces; Desarrollo Social, 4.3 veces; Seguridad Pública 9.1 veces.
Las presiones extra que enfrenta el gobierno en este rubro de seguridad social, en 2012 están ubicadas en el Seguro Popular y el Seguro Médico para Una Nueva Generación, con 0.5 por ciento del PIB (70 mil mdp para ambos programas);subsidios a gasolinas, uno por ciento del PIB (146 mil mdp); Servicio de la deuda pública federal, 1.7 por ciento del PIB (257 mil mdp).
Ante el riesgo que representa el crecimiento desproporcionado de las pensiones públicas respecto de las capacidades físicas del Estado, el economista alertó que la crisis pensionaria puede explotar en el sexenio 2012–2018, “lo que llevaría a un incumplimiento en el pago de las pensiones y, por ende, a una severa crisis social y política”.
La conclusión es clara, advierte el autor: “O se reforman urgentemente los sistemas públicos de pensiones y los arreglos pensionarios del sector paraestatal o muy pronto no habrá recursos públicos para garantizar dichas obligaciones, a menos que se castiguen otros rubros prioritarios para la sociedad”.
LA ANTESALA DEL BIG BANG
José Narro Robles apuntó que el de las pensiones es un problema que tiene años gestándose. “No hemos planteado la solución de fondo, que puede ser construir un sistema universal. Nos asusta ese 104 por ciento del PIB, que es el monto a pagar en los próximos 80 años, pero eso no es consuelo.”
Lo que necesita México –abunda el rector- es “hacer un alto para plantearnos cuál es nuestra realidad demográfica y nos da un margen de 10 años al menos, pero la dependencia continuará creciendo”. Refiere que, en los años 40, cuando nació el IMSS, la esperanza de vida no llegaba a los 45 años; hoy supera los 75. “Son realidades muy diferentes y los cambios no se han hecho, se han dado reformitas que no reforman sino deforman”.
Antes –abunda Narro Robles- había un pensionado por 20 en activo. Hoy la realidad es muy diferente. “No hay un día fatídico, ni una fecha, el Big Bang –la gran explosión del universo- se va a dar sistemática y paulatinamente, porque el sistema que tenemos es terrible, más de 100 fondos públicos de pensiones son muchos, absolutamente heterogéneos, nos meten en una dificultad”.
Señala el rector que la estructura presupuestal del IMSS es de 20 por ciento de aportaciones de trabajadores, 75 por ciento de cuotas patronales y cinco por ciento aportación del gobierno federal. “Hoy se ha transformado y se está tomando del PEF hasta el 35 por ciento, pero ese es dinero de los recursos fiscales que se quitan a otras partidas como el Seguro Popular, que ni es tan seguro ni es tan popular”.
El especialista Francisco Miguel Aguirre subraya que en los sistemas públicos el problema se encuentra en los pensionados que se retiran a los 25 años de trabajo, como los universitarios y los burócratas. “A los trabajadores públicos y a los universitarios habrá que disminuirles las prestaciones. De hecho, no se les estaría quitando nada, el problema es que ya ni las tienen”.
-¿La alta burocracia es una carga para los fondos de pensiones, en qué medida o porcentaje?, pregunta por separado este medio al autor Vásquez Colmenares y al consultor Francisco Miguel Aguirre.
Vásquez Colmenares apunta que la alta burocracia representa aproximadamente el dos por ciento de los trabajadores en activo. “En materia de pensiones representa mucho menos y no es realmente un problema. A nivel de trabajadores activos los servidores públicos de mando (directores generales hasta el Presidente) representan varias veces el promedio de salarios de la burocracia, sin embargo, a nivel de la seguridad social, estos funcionarios no significan una carga adicional, pues tanto las contribuciones como las pensiones están topadas por ley a 10 salarios mínimos; es decir, incluso el Presidente de la República cotiza al ISSSTE por 10 salarios mínimos ($18,700 x mes); así que aunque gana mucho más sus beneficios y costos en seguridad social no rebasan los 10 salarios mínimos”.
Francisco Miguel Aguirre precisa: “Existen sistemas que amparan a la alta burocracia con montos de pensión muy elevados y edades requeridas para la jubilación sumamente jóvenes. Desde el punto de vista político, es necesario acotar estas prestaciones para que esos funcionarios tengan autoridad moral para modificar el resto de los sistemas de pensiones mexicanos. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, no tienen importancia relativa con respecto al monto total de los pasivos contingentes de México; en mi opinión, no alcanzan a representar ni siquiera el uno al millar del total nacional”.
El problema del pasivo contingente – subraya el actuario- está generado fundamentalmente por las instituciones que amparan a servidores públicos y universitarios. “Esto se debe a que se otorgan jubilaciones por antigüedad sin requerir edad, además de ofrecer pensiones mayores al último salario neto y a que pueden jubilarse por antigüedad con sólo 45 años de edad, después de 25 años de servicio, “situación ilógica desde cualquier perspectiva, cuando se trata de personas aún en edad productiva”. En el caso del IMSS, las pensiones se otorgan a los 60 ó 65 años, con montos razonables para los trabajadores que se rigen con la Ley de 1973 y con montos raquíticos para los que se rigen por la Ley de 1995; “el IMSS asegurador no tiene mayores problemas en términos relativos. El que si tiene problemas serios es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, que ampara a sus propios trabajadores y que puede quebrar al IMSS asegurador”.
El consultor precisa que existen tres tipos de mexicanos, desde el punto de vista de la seguridad social: los afiliados al IMSS, que son el 35 por ciento de la PEA, con la ley de 1973 y la de 1995; los afiliados al ISSSTE, que debe contemplar modificaciones inminentes a este sector, “sus pensiones resultan impagables” (a los pensionados en activo no se les puede quitar prestaciones, pero sí a los nuevos cotizantes), y los que no tienen sistema, el 50 por ciento de PEA. En otras palabreas –dice a este medio- “existen ciertos grupos de mexicanos que requieren de mayores beneficios, y hay otros sectores que gozan de privilegios extraordinarios y es necesario disminuirles tales ventajas”.
Y remata: “Esta actitud de desinterés es de irresponsabilidad. Sin reforma a los sistemas de pensiones no hay futuro para las finanzas públicas. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Es un extremo de la ecuación que hay que corregir”.
Entre los factores que complicaron la situación de las pensiones, aparte del envejecimiento poblacional, el autor Vásquez Colmenares señala que los fondos de pensiones son solidarios, contributivos y no contributivos, sólo para trabajadores formales; recargados en el patrón; opacos en estados y municipios; el adelgazamiento del Estado; el crecimiento de la economía informal y estancamiento de nuevas contrataciones en el sector público.
En el mismo sentido apunta: el aumentar prestaciones sin fondeo y que se desconoce la magnitud, trayectoria e inminencia del problema; la inacción federal por décadas (ISSSTE, IMSS, Pemex, Banca, etc.), la comodidad de patrones estatales; la politización del tema de las reformas y la conveniencia para sindicatos; la baja cultura previsional y la nula visión de largo plazo: “Resultado inminente: sorpresa del trabajador al anunciarle que ya no hay para pagar pensiones”.
¿OTRO RESCATE?
El autor Vázquez Colmenares advierte que la crisis de las pensiones públicas llevará a México a afectar de raíz “la atención a las urgentes prioridades nacionales; anular la valiosa pero insuficiente estabilidad macroeconómica; polarizar más a la sociedad entre los privilegiados y aquellos sin seguridad social; como sociedad, casi nada sabemos de su inminencia”.
Pero no es tiempo de buscar culpables, coincidieron los ponentes. El caso de las pensiones es un problema que no admite interpretaciones partidistas o ideologistas y cuya solución debe plantearse en forma integral. “La crisis de las pensiones ya está aquí, sostiene el auditor Salcedo Aquino, el estado tendría que intervenir mediante un rescate, y ¿a quién rescatará el estado?”
-Se evita señalar que el modelo económico llamado neoliberal, está en el trasfondo de esta quiebra de las pensiones, al menos en parte, puesto que la apertura comercial, el esquema importador, la contratación por honorarios, el desempleo generado, los bajos sueldos como resultado de la disputa por las inversiones extranjeras en busca de mano de obra barata, y otros factores propios del modelo, redujeron drásticamente el número de cotizantes, entre otros resultados que causaron impacto en los fondos de pensiones, ¿no es así?
-En efecto –responde el actuario- el modelo económico mexicano, pero sobre todo las crisis financieras mundiales, han provocado la disminución del número de cotizantes, lo que también afecta la viabilidad de los sistemas de pensiones. Sin embargo, los especialistas en seguridad social debemos arreglar la seguridad social y no esperar a que alguien más corrija la economía nacional y mundial.
Salcedo Aquino, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica de la UNAM, ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en SEDESOL, y ex oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el ex Departamento del Distrito Federal, y desde el año 2000 auditor Especial de Desempeño, un cargo clave en la ASF, es claro: “Se requiere el presupuesto total de 4.3 años para poder fondear las obligaciones de los sistemas de pensiones, pero los responsables no saben cómo hacerlo. Ni los directivos, ni los líderes de trabajadores quieren aceptar las medidas correctivas. El reloj está en cuenta regresiva y la quiebra de las pensiones con una planta laboral decreciente, exigirá una fuerte elevación de impuestos y la rapidez de las reformas es clave para evitar que la bomba estalle”.
El IMSS es prácticamente insolvente, agrega: “Por cada peso de activo debe ocho y el 85 por ciento asociado a las pensiones. En Pemex la deuda es superior a los 61 mil mdp; en Luz y Fuerza, 240 mil mdp; el gobierno federal no contaba con la información de 289 dependencias federales y la SHCP no realizó los análisis correspondientes a esos sistemas de pensiones”.
Francisco Miguel Aguirre apunta que la solución debe involucrar al poder Ejecutivo, al Legislativo, a los líderes sindicales, a los patrones y a los comunicadores.
-El próximo gobierno deberá enfrentar este problemón, ¿cuál de los partidos y sus proyectos de nación, conforme a los antecedentes de manejo económico y político, tendría mejor margen de maniobra?
-El daño está hecho, el pago de los pasivos contingentes será inevitable durante los próximos 30 años. Ningún modelo económico o político tendrá mejor margen de maniobra en las próximas décadas. Al país le conviene un partido en el poder que entienda el problema de la seguridad social y que concrete las reformas necesarias para que veamos sus frutos dentro de 30 ó 40 años.
El consultor propone que la generación actual pueda migrar hacia cuentas individuales.
-¿El haber privatizado la administración de las reservas de las cuentas individuales sigue siendo una opción para la crisis actual o se debe recurrir a otros esquemas?
- El problema de las cuentas individuales de ciertas instituciones es que ofrecerán pensiones máximas de un 30 por ciento del salario, por lo que tendremos un país envejecido y empobrecido. En este caso una solución es hacer mayores cotizaciones entre trabajadores y patrones a las cuentas individuales y reducir significativamente las comisiones de las afores.
-¿Los bancos y afores han cumplido con su papel de manejase con transparencia y en condiciones de competitividad para ofrecer rendimientos óptimos en las cuentas individuales?
-Me parece que se han manejado con transparencia, sin embargo el grupo de Afores se ha convertido en un oligopolio que establece los rangos máximos y mínimos de las comisiones. Esto implica una falsa competencia que perjudica a los trabajadores ya que en el largo plazo las comisiones de las afores repercuten en una disminución de más de un 20 por ciento de las ya pequeñas pensiones futuras de todos los mexicanos.
LAS PROPUESTAS CONCRETAS
José Narro Robles apunta que se necesita un nuevo sistema de seguridad social que distinga el sistema pensionario del sistema de salud, como una serie de garantías donde se pueda contar con pensiones para los que no han sido trabajadores formales, sino por el sólo hecho de ser mexicanos, y pensiones incrementadas por el ahorro individual. “Buscar un acuerdo nacional que nos permita tener un sistema sano y responsable y con finanzas públicas sanas”.
Y rechaza apuntar con el dedo índice. “¿Culpables? Cometeríamos un error: lo que está en los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) es lo que se ha pactado, pero aunque ha habido excesos, nada se ha robado, todo se ha pactado en las negociaciones.”
Pedro Vásquez Colmenares destaca entre sus propuestas que “el Estado debe definir una etapa de transición, de 10 a 15 años, al 2020, donde el gobierno federal esté impedido constitucionalmente de subsidiar los sistemas de pensiones”.
Además señala que se debe divulgar el problema, construir un pacto político, definir obligaciones del estado (invalidez, salud); “que los recursos fiscales sólo deben ser para las obligaciones del estado, no para subsidiar a los sistemas de pensiones; esta obligación corresponde directamente a los grupos involucrados”.
En su libro, Vásquez Colmenares plantea un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Social, mediante el cual sería posible “financiar una pensión universal de al menos un salario mínimo para todos los adultos mayores en el retiro, en beneficio de cuando menos 6.9 millones de mexicanos.”
Dicho sistema comprende coberturas para invalidez y vida; riesgos de trabajo; salud; ayudas sociales y desempleo; coberturas sociales que serían financiadas con recursos de los tres niveles de gobierno.
Vásquez Colmenares precisó que su nuevo modelo de seguridad social –basado en cuatro pilares para pensiones en el retiro: pensiones sociales, pensiones universales por vejez, pensiones por retiro y pensiones adicionales– es totalmente compatible con las actuales expresiones legales e institucionales de la seguridad social en México: “no excluye imposibilita, discrimina o extingue a ninguno de los regímenes pensionarios actuales o a ningunos de los planes de pensiones complementarios a la seguridad social actual”.
México requiere –subraya- una nueva arquitectura constitucional para su seguridad social y su sistema nacional de pensiones. “Un arreglo que tenga parámetros generales emanados de la Constitución, de observancia obligatoria para todos los regímenes pensionarios, que ofrezca cobertura pensionaria a todos los adultos mayores, con facilidades y estímulos a la reforma de los actuales sistemas para darles viabilidad y solvencia en el futuro”.
En este sentido, destacó la necesidad de contar con un nuevo diseño legal y un impostergable “Pacto Político por la Seguridad Social”, que amplíe la cobertura, eleve la equidad y aleje la enorme amenaza de insolvencia para el Estado, los patrones, los trabajadores y los pensionados, “como una gran apuesta donde todos ponen, pero donde todos ganan.”
La crisis de las pensiones ya está aquí-insiste-. “Esperar a convencernos de su magnitud y trayectoria sólo dificultará su atención y magnificará el costo de las soluciones. Por eso este esfuerzo por hablar del tema sin tapujos, deseando que pronto el Estado Mexicano, los actores políticos y las organizaciones de trabajadores se ocupen de manera decidida y definitiva a desactivar este enorme desequilibrio”.
Vásquez Colmenares dispuso que los materiales base de su investigación, noticias sobre la crisis de las pensiones en México y las aportaciones de especialistas puedan consultarse en el sitio ex profeso destinado para el conocimiento público: www.pensionesencrisis.com.mx
REFLEXIÓN PARA QUITAR EL SUEÑO
Todos admiten que la situación pensionaria de México es precaria, inviable e injusta, dado su grado de concentración de beneficios y ya es un tema de los organismos internacionales, como el FMI. “La vejez de los mexicanos cuesta 400 mil millones de pesos adicionales. Los pasivos relacionados con los gastos de pensión y de atención de la salud, derivados del cambio demográfico, superan en monto, el saldo acumulado actualmente de todas las deudas, interna y externa del sector público”, sostuvo el organismo en el contexto de su reunión de primavera, 16 de abril de 2012, según publicó La Jornada: “La semana pasada, el FMI difundió un avance de su informe semestral de expectativas económicas, en el que alertó sobre lo que llamó ‘riesgo de longevidad’, determinado por el aumento en la expectativa de vida en prácticamente todo el mundo y el costo que tiene para los sistemas de pensiones, dado que un trabajador vive más”.
El modelo de “derechos laborales” – subraya Vásquez Colmenares- “no ofrecerá más protección ante la imposibilidad de lograr tasas altas de crecimiento del empleo y del producto; la Hacienda Pública es relativamente pequeña y sus flujos están fuertemente vulnerados por compromisos legales y obligaciones contractuales. La sustentabilidad del sistema de seguridad social exige un rediseño legal, financiero e institucional de fondo, para universalizar la seguridad social. Los sistemas de pensiones en México son financieramente inviables y socialmente inequitativos”.
El autor de Pensiones en México, la próxima crisis, concluye que en una nueva arquitectura del sistema pensionario mexicano debe considerarse que “los recursos fiscales generales sólo deben financiar obligaciones y gastos generales de la sociedad, como el pilar de pensión universal de retiro que se propone, puesto que el déficit pensionario es responsabilidad de los gobiernos, los patrones y sus trabajadores, no de los contribuyentes”.
