Una de las grandes debilidades en la creación de la Secretaría de Cultura es el papel que tendrán los medios de comunicación públicos dependientes del Gobierno federal. Es más, el decreto con el que nace la nueva dependencia es totalmente omiso en el tema, aunque le otorguen facultades similares a las que tenía la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de radio y televisión.

Sin argumentación alguna, a la Secretaría de Cultura se le dan dos grandes atribuciones. La primera (artículo 41 bis, inciso XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) es promover en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial “temas de interés cultural y artístico, y de aquellas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones”.

La segunda (artículo 41 bis, inciso XIII, de la misma ley) es “dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que dependan de otras dependencias”.

Queda más o menos clara la función de promover la cultura en los medios de comunicación, pero no la de coordinar a las emisoras de radio y televisión del Gobierno federal “que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural”. ¿Hay acaso estaciones, incluso comerciales, que no transmitan cultura?

La falta de claridad aumenta cuando también se establece que debe coordinar las estaciones en manos del Ejecutivo Federal, pero no aquellas que “dependen de otras dependencias” del gobierno. Esto significa que sólo puede dirigir aquellas que legalmente le han sido adscritas o sectorizadas, por lo que la pretenciosa función de ser el órgano rector de los medios públicos operados por la federación se convierte en letra muerta.

De todos estos medios públicos, sólo uno fue trasladado (artículo cuarto transitorio) de la SEP a la Secretaría de Cultura: XEEP Radio Educación (1060 de AM y en internet: e-radio.edu.mx), la cual mantendrá su “naturaleza jurídica”, es decir, como órgano desconcentrado. ¿Por qué sólo esta radiodifusora, pionera de la radio cultural y educativa en México y América Latina? ¿En qué beneficia al país que Radio Educación forme ahora parte de la nueva dependencia? ¿Qué hace la diferencia al dejar la SEP? En la iniciativa y en los dictámenes aprobados por los diputados y senadores no se justifica este cambio.

Lo mismo podría preguntarse sobre otros medios públicos incorporados a la federación: el Instituto Mexicano de la Radio (IMER, con 17 radiodifusoras y una estación virtual, Radio México Internacional) y Canal 22 (Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.). ¿Por qué el IMER continuará como organismo descentralizado de la misma SEP? ¿Es este Instituto un proyecto más educativo que cultural y Radio Educación un proyecto más cultural que educativo? ¿Quién determinó que así fuera y con qué argumentos? ¿Es también el Canal 22 un proyecto más educativo que cultural? ¿No había razones de peso para que el Canal 22 se trasladara formalmente a la Secretaría de Cultura, debido a que era coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyos recursos fueron absorbidos por la nueva dependencia?

Como se advierte, no hay congruencia administrativa ni tampoco se da cuenta del cumplimiento o seguimiento de un eje o estrategia de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo o de los programas sectoriales sobre educación y cultura.

La creación de la Secretaría de Cultura ha recibido en general comentarios positivos, pero nuevamente se deja un hueco en materia de medios públicos. Y esto es así porque no hay una política pública sobre este sector, no obstante su relevancia social, cultural y educativa.

El nacimiento de la dependencia era y continúa siendo una oportunidad para fortalecer a los medios públicos (concesiones de uso público), con base en las obligaciones establecidas en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Desafortunadamente no hay liderazgo en el gobierno ni en el Congreso para emprender este fortalecimiento de los medios públicos. Es más, ambos poderes han reducido considerablemente sus presupuestos desde la llegada del Presidente Peña Nieto, lo que es una muestra del desinterés hacia estos medios, mientras prevalece la cuestionable y dispendiosa práctica de entregar cuantiosos recursos para publicidad gubernamental a los medios de comunicación comerciales.

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Gabriel Sosa Plata

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