Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Para los defensores y activistas por los derechos humanos en México este año fue de persistentes agresiones y persecuciones en su contra, así como de enfrentarse a un intensificado e indebido uso del sistema de justicia para criminalizarlos, así lo señalan organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, y organizaciones nacionales como las agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), en sus informes más recientes.
Los señalamientos de las agresiones y peligros que enfrentan quienes trabajan defendiendo la tierra, el territorio, los recursos naturales, a mujeres, a migrantes o a la comunidad de la diversidad sexual no son nuevos, pero organismos como Amnistía Internacional advierten que las condiciones en que los defensores trabajan no sólo no han mejorado, sino que en algunos casos se han deteriorado.
En muchos países de América Latina, México incluido, el derecho a la defensa de los derechos humanos “es una actividad peligrosa que a muchos defensores y defensoras les ha costado su propia vida, integridad o libertad, o la de algunos de sus familiares o integrantes de sus comunidades u organizaciones”, señala Amnistía en el documento “Defender Derechos Humanos: Necesario, legítimo y Peligroso”.
Ante este panorama, al hablar de los luchadores sociales que cobraron relevancia durante 2014 es inevitable encontrar en todos los casos el común denominador de las agresiones que sufrieron. Éstas van desde las descalificaciones a su trabajo, el inicio o reactivación de procesos penales, hasta el asesinato.
1. Vidulfo Rosales Sierra
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un reconocido defensor de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Actualmente colabora en la defensa y acompañamiento de los padres de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala y cuyo paradero sigue sin conocerse.
En mayo de 2012, Rosales Sierra tuvo que salir del país por dos meses tras recibir amenazas de muerte por su trabajo y “porque el Estado no le garantizó medidas de seguridad para proteger su vida”, como señaló el Secretario Ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, el pasado 11 de diciembre.
Tres días antes, el 8 de diciembre, Reporte Índigo publicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía fichado al abogado, a quien consideraba “radical” y lo vinculaba con “grupos subversivos” en Guerrero, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Policía Comunitaria).
La información difundida también hacía referencia a Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Por las causas que abanderan, decía la nota, el Cisen considera a ambos “peligrosos para la gobernabilidad”.
Organizaciones de derechos humanos reprobaron lo que consideraron un intento por desacreditar el trabajo de ambos defensores. Además, consideraron que al definirlos como “peligrosos para la gobernabilidad” el Cisen los ponía en riesgo, debido a que “desacredita y criminaliza su trabajo”.
A la difusión sobre el fichaje de Rosales Sierra se sumó la declaración del Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sánz, de que hay grupos que “manipulan” a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para “alcanzar sus objetivos”.
Una semana después, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Estado mexicano a “abstenerse” de acciones que interfirieran con el trabajo de quienes defienden los derechos humanos de las personas desparecidas, “tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida”.
Asimismo, la Red TDT, conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República, exigió al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que garantizara la seguridad de los defensores de derechos humanos.
“Vidulfo Rosales y Abel Barrera son reconocidos defensores de derechos humanos y su trabajo ha sido fundamental en el estado de Guerrero, ya que acompañan a diferentes víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos.
Es sumamente preocupante que se trate de desacreditar y criminalizar su trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa”.
2. Mario Luna Romero y 3. Fernando Jiménez
El 11 de septiembre fue detenido el vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero. Seis días después, un juzgado de Hermosillo le dictó auto de formal prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en prejuicio de Francisco Delgado Romo y robo de vehículo.
Desde hace más de un año se había girado la orden de aprehensión contra Luna y otros integrantes de la tribu Yaqui, lo que fue considerado como una forma de presionarlos para que desistieran de su lucha contra el Acueducto Independencia, promovido por el gobierno de Sonora, que reduce el abastacimiento del líquido para la región donde se encuentra la tribu Yaqui.
Previo a su detención, Luna se había exiliado una temporada en el Distrito Federal, debido a la persecución y amenazas en su contra. Sin embargo, decidió regresar a Sonora para acompañar a su tribu en la lucha por el cierre del Acueducto. Fue aprehendido días después de su retorno.
Unos días después, el 23 de septiembre fue detenido otro integrante de la tribu Yaqui, Fernando Jiménez, acusado de los mismos delitos.
El pasado 21 de diciembre, la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, conformada por unas 200 organizaciones civiles, y miembros de la etnia exigieron la libertad inmediata de Luna Romero y Jiménez.
La Misión acusó que los dirigentes Yaquis “fueron sometidos a procesos penales sin pruebas sólidas, violando su derecho al debido proceso y a su libertad e integridad personal”.
Por su parte, los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Adolfo Romero Lainas, Fidel de Medicis, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña y Layda Sansores San Román enviaron una carta al Juez Tercero de Primera Instancia de Materia Penal en Hermosillo, Sonora, para solicitarle la revisión jurídica de los Yaquis presos.
4. Lucía Bettina Cruz Vázquez
La cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), quien ha defendido los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca relacionados con la instalación de parques eólicos en la zona istmeña, enfrenta un proceso judicial desde 2011, acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el “consumo y riqueza nacional”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) la acusó de supuestamente haber participado en una manifestación frente a las oficinas de la paraestatal, el 13 de abril de 2011, en la que llamó a los ciudadanos a no pagar los recibos de luz.
El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, radicado en Oaxaca, le dictó un auto de formal prisión. Sin embargo, salió libre bajo fianza, pero continúa su proceso en libertad.
Desde entonces, su defensa ha demostrado que ella no se encontraba en el lugar de los hechos donde ocurrió el delito que se le imputa, y que no se estableció en qué consistió el atentado al consumo y la riqueza nacionales, entre otras inconsistencias.
Su caso es considerado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como emblemático de la criminalización de los defensores de derechos humanos. Además, ha sufrido amenazas y agresiones en represalia por su trabajo, por lo que desde 2012 cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este año, su historia tomó relevancia nuevamente debido a que en agosto el juez que lleva su caso estaba por dictar sentencia, lo que significaba la posibilidad de que fuera absuelta o, por el contrario, condenada hasta a 10 años de prisión.
5. Alejandro Solalinde Guerra
El 17 de noviembre, el sacerdote y defensor de los derechos de las personas migrantes denunció haber recibido amenazas de muerte en su correo electrónico y ataques a través de las redes sociales. Además, en los días previos circuló una nota falsa sobre su supuesta muerte.
El clérigo, quien previamente ha sido amenazado por su trabajo como defensor de los derechos humanos, acusó al gobierno de estar detrás de los ataques en su contra y responsabilizó al Presidente Enrique Peña Nieto de cualquier atentado contra su vida.
Solalinde Guerra dijo que las amenazas habían comenzado a llegarle a partir de que empezó a hacer declaraciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y es que el 17 de octubre, el fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino declaró en una entrevista con la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard que, según información que había recibido de testigos de la agresión, los 43 normalistas desaparecidos estaban muertos, que algunos de ellos habían sido quemados vivos, y que por tanto no había esperanza de encontrarlos con vida.
En los días posteriores, Solalinde reiteró esa versión ante distintos medios de comunicación, e incluso el 21 de octubre acudió a comparecer a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aunque no fue recibido. Finalmente, dos días después rindió su declaración ante el Procurador Jesús Murillo Karam; posteriormente declaró a la prensa que la información aportada coincidía prácticamente en todo con la que tenía la Procuraduría General de la República, a excepción de un testigo.
El 26 de octubre, al cumplirse un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, un grupo de familiares de los jóvenes le impidieron a Solalinde Guerra realizar una misa en la normal de Ayotzinapa. Los familiares lo increparon por las declaraciones hechas sobre el posible paradero de los normalistas y, tras mantener una reunión de unas dos horas, el sacerdote se marchó de la escuela y dijo a los medios que ya no haría declaraciones sobre el caso.
“Soy respetuoso, yo voy a estar en suspenso hasta que me pidan ayuda”, dijo. Una semana más tarde, el sacerdote pidió disculpas y externó su solidaridad a los familiares de los 43 estudiantes, mediante un comunicado.
6. Activistas de Cholula, Puebla
El abogado Adán Xicale Huitle y su hijo Paul Xicale Coyopotl, así como los hermanos Primo Manuel Tlachi Valencia y Albino Tlachi Valencia fueron encarcelados por oponerse a la construcción del complejo turístico “Parque de las Siete Culturas” en la zona arqueológica de San Andrés Cholula, Puebla.
Los cuatro integrantes del movimiento “Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna” fueron detenidos la madrugada del 7 de octubre, cuando policías municipales y estatales realizaron un operativo conjunto para recuperar la alcaldía de San Andrés Cholula, que estaba tomada en protesta contra el proyecto del parque temático.
A los cuatro se les acusó de despojo, motín, daño en propiedad ajena, bloqueo a las vías de comunicación y faltas al orden constitucional.
La hija de Xicale Huitle, Norma Xicale Coyopotl denunció una semana después que incluso los abogados de los detenidos estaban siendo hostigados e incluso amenazados de muerte. Además, a otro de los hijos de Xicale Huitle lo intentaron detener sin una orden de aprehensión.
El 21 de octubre, a los cuatro detenidos se les dictó auto de formal prisión.
Xicale Huitle se desempeñaba como abogado de los habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula que se oponen a la construcción del parque temático, proyectada sobre el basamento de la zona arqueológica de la Pirámide de Cholula.
Para materializar el proyecto, las autoridades de ambos municipios expropiaron predios ubicados alrededor de la zona arqueológica, no obstante que se encuentran en una zona federal protegida.
Desde agosto, los habitantes de esos municipios que se oponen a la construcción del parque comenzaron a realizar asambleas informativas, manifestaciones, y finalmente la toma del palacio municipal de San Andrés Cholula, que motivó la detención de los cuatro activistas.
7. Marco Antonio Suástegui Muñoz
El vocero y dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la presa La Parota (Cecop) fue detenido de forma violenta y sin orden de aprehensión por policías municipales , el 17 de junio en Acapulco, Guerrero.
El mismo día de su detención, Suástegui Muñoz fue trasladado de cárcel dos veces: del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, fue llevado al Cereso de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Chica guerrerense; de ahí, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, a más de 700 kilómetros de Acapulco, donde ocurrió la detención.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encargado de su defensa legal, acusó que Suástegui Muñoz presuntamente fue torturado durante el traslado a Nayarit. Suástegui Muñoz fue acusado en un primer momento de tentativa de homicidio; sin embargo, el 27 de junio se reclasificó el delito y se le dictó auto de formal prisión por lesiones agravadas.
El 2 de julio, se le dictó un segundo auto de formal prisión, esta vez por robo calificado. Un día antes, a Suástegui Muñoz le fueron notificadas dos causas penales más, por lesiones simples y por despojo; además, existe otra averiguación previa en su contra por ataques a las vías de comunicación, sabotaje y motín.
Las imputaciones al líder de la Cecop se basan en que el 4 de abril integrantes del Cecop (entre ellos Suástegui Muñoz), quienes se encontraban en una reunión en la comunidad de La Concepción, Acapulco, tuvieron un enfrentamiento con tres gravilleros.
El Cecop y Tlachinollan consideran que la detención de Suástegui Muñoz es un acto para criminalizar la lucha social de quienes se han opuesto, desde hace 11 años, a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota en el cauce del Río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco. La presa inundaría más de 14 mil hectáreas, desplazaría a alrededor de 25 mil personas y 70 mil más serían afectadas por la desviación del río.
8. Opositores al Proyecto Integral Morelos
Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del gasoducto Morelos, comprendido en el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, fueron detenidos los días 6, 7 y 8 de abril pasado, respectivamente.
Rosas Vélez, quien era presidenta del comisariado ejidal del poblado de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, fue detenida el 6 de abril por policías estatales, acusada de presuntamente obstruir la construcción de obra pública y robar dos teléfonos celulares. La mujer, de entonces 60 años, representa a un grupo de ejidatarios que se han negado a vender sus terrenos para la construcción del gasoducto Morelos.
Fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco.
Un día después de la detención de Rosas Vélez, fue aprehendido Juan Carlos Flores Solís, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, organización que también ha luchado contra la realización del gasoducto, junto con las comunidades nahuas que serían las principales afectadas de dicho proyecto. Flores Solís fue detenido dos años después de que se abrió una causa judicial en su contra, por hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la ciudad de Puebla. Flores Solís fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica y recluido en el Cereso de San Pedro Cholula.
El día posterior a la detención de Flores Solís, fue apresado Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, y opositor a la construcción del libramiento Arco Poniente y también del gasoducto Morelos.
El 2 de octubre, Rosas Vélez salió de prisión para continuar bajo arraigo domiciliario. Cordero Calderón salió libre tras pagar una caución de 57 mil 700 pesos.
A pesar de que Flores Solís ganó dos amparos contra los delitos que le se imputaban, como declaró a la prensa su abogado, Antonio Lara, el activista permanece en prisión.
9. José Manuel Mireles Valverde
El otrora vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán fue detenido el 27 de junio, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como posesión de marihuana y cocaína. Dos días después de su detención, el médico fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social 11, un penal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora.
El 6 de julio le fue dictado el auto de formal prisión.
En febrero de 2013 Mireles Valverde dio a conocer el movimiento de las autodefensas de Michoacán como reacción a las extorsiones, secuestros y asesinatos perpetuados por el crimen organizado en esa entidad.
El médico ganó notoriedad por el tono crítico de sus señalamientos sobre las omisiones y responsabilidades del gobierno en torno al surgimiento de las autodefensas.
El 7 de mayo, el Consejo General de Autodefensas lo destituyó como su vocero e integrante, al considerar que con sus acciones empañaba el movimiento de autodefensas. Para entonces, el gobierno federal y los líderes de las autodefensas de 20 municipios habían pactado la incorporación de las autodefensas a guardias rurales, así como el registro de sus armas. Mireles insistía que primero tendría que haber garantías de un cambio real en Michoacán para llamar a un desarme de las autodefensas, y continuó reivindicándose como autodefensa ciudadano.
Casi dos meses después fue detenido en una fonda en la tenencia de La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán, junto con otras 82 personas.
Aunque entonces aseguró que no negociaría con el gobierne federal su liberación, el pasado 20 de noviembre sus abogados Talía Vázquez y Salvador Molina informaron que renunciaban a su defensa, debido a que el médico había aceptado un pacto político con la Secretaría de Gobernación para obtener su libertad. El pacto no incluía la liberación de los más de 370 autodefensas presos en distintos penales.
10. Octavio Atilano Román Tirado
El líder del movimiento de desplazados de la presa Picachos, en Sinaloa, fue asesinado de un balazo en la cara por dos hombres armados el 11 de octubre, cuando se encontraba en plena transmisión de un programa de radio. Los agresores ingresaron hasta la cabina de radio de la estación radiofónica Fiesta Mexicana, donde se encontraba transmitiendo un programa.
Desde 2009 Román Tirado luchaba en defensa de los derechos de cientos de familias que se quedaron sin casa al inundarse el embalse de la presa Picachos.
El dirigente campesino y pesquero encabezó varias protestas contra los gobierno estatal y municipal y desde 2013 había acusado a funcionarios del gobierno sinaloense, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Pesca y Acucultura (Conapesca), de estar involucrados en la autorización de permisos de pesca a personas ajenas a la organización que representaba.
Los afectados insistían en que les dieran las salidas necesarias para que l89 pescadores pudieran tener trabajo y protestaban porque se les estaba autorizando a personas ajenas a su organización.
En 2012 fue acusado de obstruir las vías de comunicación debido a que encabezó una marcha por la carretera de cuota Mazatlán-Durango. Ese día fueron detenidos más de 130 personas, pero sólo consignaron a 30. Todos fueron liberados bajo caución, excepto cuatro de los detenidos, entre ellos Román Tirado, quienes permanecieron recluidos 19 días.
En 2013, Román Tirado volvió a ser detenido junto con 28 personas, acusados de tratar de manifestarse en las fiestas de carnaval. Todos salieron en libertad bajo fianza.
11. Adrián Rodríguez y 12. Wilson Castro
El 23 de noviembre fueron asesinados los dos defensores de los derechos humanos de los migrantes, en el municipio de Tequixquiac, Estado de México. Rodríguez brindaba ayuda humanitaria a los transmigrantes en el zona de Tequixquiac y Huehuetoca desde hace más de seis años; Castro, su pareja, era un migrante de origen hondureño que había obtenido una visa humanitaria en México apenas 20 días antes, al haber sido testigo en una denuncia contra el crimen organizado que opera en la zona donde fue asesinado.
El doble asesinato es el primer caso en que las amenazas de muerte y el hostigamiento de grupos delincuenciales que controlan la ruta migratoria de centroamericanos en tránsito llegan al extremo de matar a los defensores de migrantes, como señaló el Colectivo Ustedes Somos Nosotros.
El crimen ocurrió cuando la pareja regresaba de dar de comer a migrantes en la zona del basurero de Tequixquiac, cuando fueron atacados por desconocidos a balazos. En febrero pasado ambos habían presenciado cuando un grupo de pandilleros intentó asaltar a migrantes en la área del basurero. Los defensores de migrantes sometieron a los agresores y los presentaron ante las autoridades.
A raíz de este hecho fue que el hondureño consiguió la visa humanitaria, pero también los convirtió en blanco de hostigamientos y amenazas.
De acuerdo con el Colectivo Ustedes Somos Nosotros, “el actuar de las bandas criminales en el corredor migratorio Lechería- Huehuetoca – Tequixquiac-Apazco – Bojay han sido denunciadas de manera constante desde hace varios años por diversos organismos de derechos humanos ante instancias municipales, estatales y federales sin que se haya realizado una estrategia real y efectiva por parte del Estado mexicano para lograr detener la ola de abusos, delitos y violaciones a derechos humanos de las que son objeto las personas migrantes y; el grave riesgo que corren defensores, defensoras, voluntarias, voluntarios y personas de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria en la zona”.
