Por Maria Colín

En el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló el permiso de soya genéticamente modificada (GM) otorgado a la empresa Monsanto en 2012 hasta en tanto no se llevara cabo una consulta indígena apegada a altos estándares internacionales: previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

El máximo tribunal del país encargó a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), llevar a cabo esta consulta. Tres años después y justo en tiempos de consultas, las comunidades mayas presentan una denuncia porque no han podido gozar de este ejercicio de forma real y legítima.

Por actos y omisiones que han afectado los derechos humanos de las comunidades mayas en el marco de la consulta indígena ordenada por la segunda sala de la SCJN y por faltar a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad contemplados tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, habitantes de comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche denunciaron ante la Función Pública a Sol Ortiz García, Titular de la Cibiogem; y a Marco Antonio Ramírez Velázquez, Subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la misma institución, ambos adscritos al Conacyt.

La denuncia incluye también a David Mendoza Gaytán, subdirector de Diseño y Operación de la Consulta de la CDI; y a David Ricardo Chay Vela, director de la CDI con sede en Hopelchén, Campeche.

Los funcionarios denunciados no han logrado impedir que se siembre soya transgénica de manera ilegal en los ciclos agrícolas 2016, 2017 y 2018, conllevando un sentimiento de injusticia e impotencia entre las comunidades mayas ante la impunidad que prevalece. Esta omisión ha generado que la consulta que hoy día se realiza no tenga el carácter de previa, permitiendo que se generen daños irreparables a las comunidades afectadas como son: el incremento de fumigaciones aéreas en la región, mortandad de abejas, contaminación de los mantos freáticos por agrotóxicos, afectaciones indeterminadas a la salud de la población, aumento en las tasas de deforestación siendo el municipio de Hopelchén una de las regiones del país más afectadas por este problema, entre otros.

Por otro lado, pese a los acuerdos tomados en las sesiones de consulta, los funcionarios de la Cibiogem y de la CDI negaron reconocer como representantes de las comunidades a las personas que habían elegido conforme a sus propias reglas y procedimientos de representatividad, violando así el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas como es la elección de sus propios representantes mayas.

Tampoco se han garantizado las condiciones de seguridad y respeto en las sesiones de la consulta para que las comunidades indígenas puedan desenvolverse en un ambiente de confianza y libre de hostilidades. Hay que destacar que los representantes de las comunidades, a pesar de las distintas agresiones que han recibido por parte de grupos promotores de la siembra de soya transgénica, han insistido en querer evitar cualquier confrontación o acto de violencia con los productores de soya.

Finalmente, los funcionarios de la Cibiogem han asumido una actitud parcial y dolosa con respecto a la información que presentaron ante algunas comunidades consultadas, en el sentido de favorecer la siembra de soya transgénica, negándose a considerar los impactos sociales, culturales y económicos que el modelo de producción agroindustrial está provocando en la región, basado en semillas transgénicas y plaguicidas, muchos de ellos categorizados de alta peligrosidad por organismos internacionales, incluso prohibidos o restringidos en otros países.

Los funcionarios denunciados han defendido que los transgénicos por si mismos no causan daños afectando el derecho a la información completa y objetiva que demandan las comunidades.

En tiempos de consultas, lo que esperan las comunidades mayas de Campeche con esta denuncia ante los órganos internos de control del Conacyt y la CDI es que se inicien cuanto antes las investigaciones por los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades de los funcionarios, dando un mensaje fuerte y claro para todos los servidores públicos que participan en procesos de consulta indígena similares: no se pueden defender proyectos de inversión en contra de la voluntad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hoy en día, las afectaciones a la tierra y territorios de las comunidades mayas de Campeche son evidentes.

En tiempos de consultas es importante no banalizar estos instrumentos de participación pública ni manipularlos para alcanzar objetivos políticos o electorales. Es importante distinguir y reconocer que las consultas indígenas no pueden ser tratadas como un mero trámite administrativo. En realidad constituyen una salvaguarda de los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas, cuyo objetivo fundamental es la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades consultadas, debido a las posibles afectaciones al ambiente, a la salud, al trabajo y a su integridad cultural.

Es por eso que existen fundamentos jurídicos para cumplir con el objetivo de estas consultas: el artículo 2º de la Constitución federal, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas o tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las Opiniones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

A las comunidades les preocupa que el proceso de consulta indígena, en lugar de ser un espacio de toma de decisiones y de reivindicación de sus derechos, siga manejándose como una mera simulación.

*María Colín es Campañista legal de Greenpeace México

Greenpeace

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