En los doce años de gobiernos panistas emergió en México una nueva fuerza política, ausente en el esquema de poder vigente a lo largo del siglo XX. Se trata de los gobernadores de las entidades federativas, que pasaron de ser comparsas a actores principales de la política nacional, al grado de que uno de ellos es el nuevo Presidente de la República.

El primer antecedente lo ofrece Vicente Fox Quesada, quien emergió desde una gubernatura, la de Guanajuato, para plantear un proyecto político que terminó desbancando la larga permanencia del PRI en el poder. Para hacerlo, el hoy ex presidente contó con una complicidad fundamental: el desapego del titular del Ejecutivo que fue Ernesto Zedillo a las formas tradicionales de control del poder.

Carlos Salinas de Gortari, apenas un sexenio atrás, impidió que Fox llegara a la gubernatura de Guanajuato y le obstaculizó una posible candidatura presidencial, echando mano de los recursos políticos al alcance de su mano: negoció con el PAN y logró aupar a Carlos Medina Plascencia a la gubernatura, como una solución provisional, impidiendo luego la realización de las elecciones extraordinarias.

Fue Zedillo el que abrió la puerta a Fox, al renunciar al maquiavelismo de su antecesor y dejar simplemente que las cosas corrieran. Con ese margen de maniobra, el panista no tuvo empacho en utilizar los recursos del erario estatal como plataforma para construir su proyecto político que desembocaría en el triunfo electoral del 2 de julio de 2000.

El antecedente marcó línea. Ya Roberto Madrazo había hecho lo mismo desde Tabasco en el mismo 2000, pero sin éxito. Arturo Montiel estuvo muy cerca de lograr, en 2006, el paso que finalmente dio su colaborador y sucesor Enrique Peña Nieto en 2012.

La izquierda no fue ajena al fenómeno: tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador, candidatos presidenciales en las últimas tres citas electorales, gobernaron la mayor concentración urbana del país; lo mismo que Marcelo Ebrard, otro potencial aspirante a esa candidatura.

Quedó en evidencia que la desaparición del Ejecutivo  de poderes extraconstitucionales y vértice del sistema político presidencialista, fenómeno iniciado por Zedillo y culminado por los panistas Fox y Felipe Calderón, dejaba a los gobernadores de las entidades, sobre todo los de mayores recursos presupuestales, como los nuevos factótum de la política nacional.

El tema que se abre con el regreso del PRI al gobierno de la República, el partido que surgió y creció a la par que la presidencia imperial, es el de la posibilidad de reconstruir el modelo hegemónico bajo las nuevas circunstancias políticas.

No sólo se trata de la solución a las disputas por la transmisión del poder a nivel nacional, sino que se coloca en el tapete el esquema de las propias sucesiones locales.

En el viejo sistema, el presidencialismo sustentaba buena parte de su margen de maniobra en el derecho indisputado a colocar a los jefes políticos de cada estado como parte de una estrategia de gobernación. En la nueva realidad, han sido los propios gobernadores quienes han resuelto sus sucesiones con la mira más estrecha de los intereses locales.

Esa es una de las explicaciones sobre la ineficacia política del panismo en la presidencia de la República, pues su falta de control en los estados incluso frenó su crecimiento como fuerza política. De manera paradójica en los años en que gobernó el país, Acción Nacional decreció en su número de gubernaturas, aún contando aquellas a las que llegó por alianza con la izquierda o a través de tránsfugas priistas.

Enrique Peña Nieto tiene que resolver la gobernabilidad del país reestableciendo un esquema que haga embonar a los gobernadores y los alinee en una estrategia de objetivos comunes.

El problema vendría cuando del intento de coordinación se quiera pasar a un esquema de control, pues habría que ver si los libérrimos barones que han sido los mandatarios locales aceptan perder privilegios, el principal de los cuáles es el del manejo de su propia sucesión.

Aquí es donde podremos ver si en el equipo del nuevo presidente, sobre todo en el que se hará cargo de la política y donde destaca otro ex gobernador, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, existe el talento para recuperar posibilidades de control que se traducirán en margen de maniobra para la gobernación efectiva, sin provocar resistencias.

El dilema está entre presidencialismo autoritario y anacrónico, como ruta más corta, o la construcción de una nueva gobernabilidad que evolucione sobre la tradición priista, pero que subsane la ineficacia panista.

A final de cuentas, la balcanización producida por el afianzamiento de los gobernadores no se ha traducido en equilibrios democráticos, sino más bien en despotismos más enconados en cada ámbito regional, por lo que no es de dudarse que en muchas entidades haya quienes ansíen el regreso de un arbitraje a las disputas locales desde el espacio federal.

En esta agenda hay luces y hay sombras. Hay espacios de oportunidad pero también libertades ganadas que no deberían perderse. La solución al rompecabezas es compleja pero no pasa por regresar a la política a martillazos, algo que se vuelve a sentir en una medida tan poco imaginativa como la de devolver las potestades policíacas a la Secretaría de Gobernación.

Por lo pronto, el nuevo presidente y sus hombres fuertes deben tener claro que concluyó el tiempo de los ensayos y las expectativas para empezar el de las responsabilidades y las consecuencias, donde cada paso dado será importante. Estemos atentos.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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