Fox será el más abierto, hoy, pero Salinas, Calderón, Peña Nieto, Téllez y otros son mencionados por hacer gobierno y luego explotar negocios.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El 7 de noviembre de 2014, a las 13 horas, en la sala de juntas del piso 11 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tuvo lugar una audiencia con los integrantes de la nueva compañía mexicana Sierra Oil and Gas.
“Se comentaron algunas dudas por parte de los participantes de la empresa Sierra Oil and Gas en relación a la Reforma Energética: bases para la evaluación de empresas con experiencia reciente en el mercado, regulación de reconocimiento y exploración superficial, diferencia entre los procesos de exploración superficial y rondas de licitación; calendario del proceso de asignaciones para adquisición de información y precalificación”, dice el acta de la reunión.
“La empresa Sierra Oil and Gas mostró su estrategia, experiencia, capacidad financiera y de operación, estructura organizacional. Comentaron que están interesados en proyectos de exploración, terrestres, agua someras y no convencionales”, agrega el documento.
Por parte de la CNH estuvieron los comisionados Edgar Rangel, Alma Porras Luna y Sergio Pimentel Vargas, mientras que por la firma mexicana acudieron el director, Ivan Sandrea, así como el ex cónsul de México en Nueva York y ex director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) con Felipe Calderón Hinojosa, Salvador Beltrán del Río, hoy consejero general de Sierra Oil and Gas.
La empresa había hecho su aparición pública apenas unos meses antes, el 18 de septiembre, cuando un boletín la describió como “la primera firma independiente de producción y exploración” de México. Su directivo Iván Sandrea, agregó la información difundida por el servicio de información corporativa PRNewswire, es un ejecutivo “altamente experimentado” en el sector de hidrocarburos por su trabajo en compañías como Statoil, British Petroleum, Energy Intelligence y, también, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“El señor Sandrea ha compuesto un equipo de distinguidos profesionales mexicanos e internacionales del sector de gas y petróleo, representado más de 350 años de experiencia con aplicabilidad directa al conjunto de oportunidades en México”, dice el comunicado. Los socios, agregó la información, son las firmas Riverstone Holdings y EnCap Investments, que comprometieron 450 millones de dólares, mientras que Infraestructura Institucional, “la firma de acciones de infraestructura más grande México”, comprometió 75 millones.
“Sierra representa una oportunidad importante para el capital institucional de México, particularmente el fondo de pensiones, Afores, que invierten en nuestros Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), para ayudar a financiar el desarrollo del naciente sector energético privado mexicano con la participación en los proyectos de exploración y producción desbloqueadas con la reforma energética”, dijo Juan Alberto Leautaud, vicepresidente de Infraestructura Institucional, citado en el boletín.
Infraestructura Institucional, agregó el documento, fue fundada en 2010 como una firma de inversión enfocada en proyectos de infraestructura. Según la misma fuente, en ese periodo obtuvo más de mil millones de dólares en “acciones” a través de dos de sus CKD compuestos básicamente: los Afores y otras “instituciones” mexicanas.
Menos de un año después de haber hecho su aparición pública, Sierra Oil and Gas se convirtió, el pasado mes de julio, en la ganadora de la primera licitación de la reforma energética, al quedarse con la adjudicación de los dos únicos contratos de bloques a explorar en aguas someras mexicanas que lograron ser subastados por la Secretaría de Energía en la Ronda Uno.
“El claro y robusto marco regulatorio que el Gobierno mexicano adoptó como resultado de la Reforma Energética de 2013 hizo posible la creación del consorcio”, informó Sierra Oil and Gas en un comunicado del 17 de julio.
Dos semanas después, el periódico Reforma reportó que Infraestructura Institucional había estado presidida hasta hacia unos días por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El medio basó su información en los datos –disponibles aún– de la página electrónica de la firma española Acciona, en la cual aparece Gerard también como integrante del consejo de administración.
“Entre los múltiples puestos que ocupa en la actualidad, es consejero de AMEXCAP, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de Infraestructura (AMFII), consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, consejero del Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., responsable de fondos de inversión privados en México para The Latin America Entreprise Fund, presidente de Infraestructura Institucional y consejero de Telefónica México”, dice aún la página electrónica de Acciona.
“Es Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas Especiales de México y Profesor de Microeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha sido CFO de Telefónica Móviles México y CEO de Telefónica B2B y trabajó en Goldman Sachs & Co. Fue Asesor del Vicesecretario de Finanzas del Gobierno Mexicano de Carlos Salinas durante todo su mandato presidencial (1988-1994)”, agrega la información.
Reforma recordó también que el integrante de la nueva firma es además hermano de Hipólito Gerard, dueño de Constructora y Edificadora GIA+A, que también había sido beneficiada con la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad entre México y Querétaro.
En este proyecto, recordó el periódico, GIA iba en combinación con Grupo Higa, la constructora del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y conocido ahora a nivel internacional por haber financiado la residencia llamada “casa blanca” de la pareja presidencial y una más al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Luego, el 1 de septiembre pasado, el ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) apareció también como socio de una nueva empresa que busca explotar, de igual forma, el mercado de los hidrocarburos en México. “EIM Capital y una filial de la firma American Energy Partners anunciaron la nueva e histórica asociación para explorar las bastas oportunidades de exploración y desarrollo ofrecidas por los abundantes recursos de petróleo y gas de México”, publicó PRNewswire.
“EIM capital, una firma de inversión privada basada en la Ciudad de México y dedicada sólidamente a las nuevas inversiones en el sector energético mexicano, está liderada por Franco C. Hamdan y el ex Presidente Vicente Fox”, agrega el mismo comunicado.
POLÍTICA, “MONEDA DE CAMBIO” EN EL MERCADO
Omar Escamilla, investigador de la organización Poder –experta en rendición de cuentas y ética empresarial–, dice que no le sorprende conocer más casos de compañías que hoy buscan una parte del negocio derivado de la Reforma Energética y que tienen entre sus integrantes a ex funcionarios o personas cercanas al poder político mexicano.
A la fecha, informa, Poder está por concluir un estudio que encuentra que este tránsito o “puerta giratoria” que utilizan diversos ex funcionarios ahora en el negocio de los hidrocarburos es una tendencia clara, sobre todo, dice, desde los últimos 25 años.
Tan clara, dice, que la investigación encontró que seis de los nueve últimos directivos de Petróleos Mexicanos salieron de la paraestatal para ocupar puestos en empresas relacionadas con el sector energético: Carlos Ruiz Sacristán, hoy director general de Infraestructura Energética Nova (Ienova), filial de la californiana Sempra Energy; Adrián Lajous, integrante del Consejo de Administración de Schlumberger hasta 2014; Rogelio Montemayor, hoy presidente del Cluster Minero-Petrolero de Coahuila; Luis Ramírez Corzo, accionista de la nueva empresa de servicios Oro Negro; Jesús Reyes Heroles, asociado con Morgan Stanley para inversiones en energía, y Juan José Suárez Coppel, hoy integrante del Consejo Directivo de la consultora Jacobs Engineering Group.
“En el caso de Montemayor –explica-, fue Gobernador de Coahuila, y luego se fue a una firma que se llama Cluster Minero-Petrolero de Coahuila, que lógicamente surge para cabildear intereses privados, porque en eso consiste la puerta giratoria –explica Escamilla– en compartir puestos de Gobierno y en utilizar la información para cabildear a favor de empresas privadas”. O lo que también se denomina, dice el investigador, “captura del Estado” por parte de las élites económicas vinculadas al poder político.
En la entrevista, Escamilla menciona que le llamó la atención cómo, por ejemplo, en el boletín en el que la firma Morgan Stanley anunció en 2012 la contratación de Reyes Heroles para iniciar sus inversiones en el sector energético mexicano, lo que destacó fue, precisamente, el conocimiento y “la inigualable red de relaciones” que el ex funcionario tiene del sector energético de todo Norteamérica.
“Es como una burla que las posiciones de Gobierno se conviertan en moneda de cambio, en un activo que buscan las empresas”, dijo Arredondo.
Este uso de la “puerta giratoria”, agrega, se ha exacerbado en el país debido a la insuficiencia, huecos y falta de claridad del marco jurídico que regula el conflicto de interés entre servidores públicos.
Otro aspecto preocupante ahora, agrega Escamilla, es también el esquema de “especulación” financiera en el que hay indicios que entró Infraestructura Institucional, vendida en plena adjudicación de la Ronda Uno a la firma de planeación financiera Black Rock.
“Estas alianzas permiten que gigantes como Black Rock ingresen a la industria de los hidrocarburos en México justo cuando se aseguraba que las riquezas nacionales se quedarían en el país”, agregó.
ESTADO “CAPTURADO” POR INTERESES
Los apellidos Gerard o Fox no son los únicos de ex servidores públicos que ahora aparecen en el nuevo sector de hidrocarburos. El nuevo integrante del Fondo Mexicano del Petróleo y ex secretario de Energía, Agricultura y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler, ha sido considerado ejemplo del funcionario con conflicto de interés o del uso de la “puerta giratoria” debido a su constante tránsito entre el sector público y el privado.
“Téllez dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en 2010, regresó a Sempra Energy como integrante del consejo directivo; y ahí aparecía su nombre todavía en diciembre de 2014, recibiendo una compensación de 195 mil 500 dólares al año”, publicó SinEmbargo el pasado 17 de abril en un artículo que detalla la relación del ex servidor público con diversos consejos empresariales, como el de Grupo México o el de Monsanto.
“En 2013, cuando Téllez también encabezaba la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova), la cual acaba de ganar uno de los primeros contratos requeridos por la actual Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado de Chihuahua, en la región de Ojinaga –rica también en depósitos de gas– y otorgado apenas en noviembre pasado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, agregó el mismo texto.
Otro caso es el de la ex Secretaria de Energía con Calderón, Georgina Kessel Martínez, quien de la administración pública federal pasó al Consejo de Administración de Iberdrola.
Más recientemente, otro político también impulsor de la Reforma Energética y ahora relacionado con empresas que buscan hacer negocios de esta apertura es el Embajador de Estados Unidos en México hasta 2002, Jeffrey Davidow, hoy consejero de Ienova y, también, de la firma internacional de consultoría DLA Piper.
En abril pasado, Davidow anunció su asociación con el despacho mexicano Gallástegui y Lozano, con el que buscarán atraer los negocios derivados de las reformas estructurales del actual sexenio, como la energética y la de telecomunicaciones. En Gallástegui y Lozano, además, es socio Gerardo Lozano Alarcón, hermano del senador panista Javier Lozano, abierto promotor de la reforma en materia de Telecomunicaciones.
“Es la forma en la que los intereses económicos y privados capturan diferentes responsabilidades regulatorias, a través de sus influencias, y terminan controlando temas de políticas públicas”, explicó entonces Benjamin Cokelet, director de la organización Poder y autor de una investigación sobre las redes entre empresarios y funcionarios.
“En colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su investigación, titulada “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política, élites y toma de decisiones en México”, publicada en 2013.
En el documento, el autor ubica específicamente el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como el periodo en el que se consolidó la influencia de esta agrupación de élite empresarial sobre el Poder Ejecutivo.
Salinas de Gortari, dice Cokelet, se acercó con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios desde 1987, cuando estaba en la “pasarela” de presidenciables y cuando su plan de apertura económica lo perfilaron como el favorito del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y de los empresarios. Una vez electo, agrega, Salinas le dio al CMHN poder sobre un amplio rango de asuntos, incluyendo las reformas legislativas que facilitaron las privatizaciones, la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en general, la imposición del modelo neoliberal en México.
“A cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero, financiando la participación del sector privado en el apoyo de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su Presidencia”, dice la investigación.
“La visión tecnócrata de Carlos Salinas sobre la política económica se ajustó bien a la creciente preferencia de los empresarios por una mezcla de proteccionismo y neoliberalismo. Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la crisis del Peso en 1995”, agrega.
Foto: Cuartoscuro
“GARANTÍA DE IMPUNIDAD”
Cuestionado entonces sobre el nombramiento de Téllez en el Fondo Mexicano del Petróleo, el investigador de la organización Fundar, Oscar Arredondo Pico, planteó –como los investigadores de Poder– que es la laxitud de las regulaciones alrededor del conflicto de interés una de las principales causas de este tipo de prácticas.
La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, explicó desde principios de este año, si bien prohíbe los conflictos de interés, también ofrece una salida para que cualquier consejero que incurra en perjuicio o quebranto a la Hacienda Pública Federal quede exonerado en los tribunales.
“En el artículo 25 hay una fracción que los exime de responsabilidades, porque dice que los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando, entre otros supuestos, actúen conforme a sus facultades o con base en su leal saber y entender”, explicó Arredondo.
Cuestionado ahora con respecto a los nuevos casos, Arredondo, como Escamilla, dice no sorprenderse. “En las altas esferas del Gobierno hay información privilegiada, datos estratégicos y relaciones clave para incorporarse a la economía del sector con ventajas competitivas. Esto sucede por la laxitud de las normas jurídicas, su poco alcance y limitada interpretación. El conflicto de interés y demás figuras que pudieran ser constitutivas de irregularidades son acotadas en su propia definición”, dijo.
“En la realidad vemos conflicto de interés, pero en la legalidad no alcanzamos a ver conexiones; un ex Presidente beneficiado de un acto de la presente administración no presume ningún conflicto de interés en la Ley, así que no detona ni detonará ninguna investigación (…) Han ocurrido muchas cosas en México con relación al conflicto de interés. El tema de la ‘casa blanca’ puso en evidencia la fragilidad del marco jurídico, la garantía de impunidad que da la debilidad y dependencia de las instancias sancionatorias”, agregó.
