Los gobernadores y gobernadoras aliadas del Presidente recientemente suscribieron una carta que hicieron pública, donde atacan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo primero que hay que decir es la manera en que este acto refleja la falta de entendimiento en las fuerzas del oficialismo de lo que significa el federalismo.

Los gobernadores parecen no entender que no son súbditos del Jefe del Ejecutivo federal. Pero su disciplina se alinea todo el tiempo a los intereses del Presidente y no necesariamente al de sus estados. Para los que creemos en que sólo un federalismo fortalecido es el camino indicado para México, es preocupante presenciar la creciente centralización del poder que ha significado el arribo del obradorismo a una posición de autoridad. Es claro que el ataque del oficialismo al Poder Judicial tiene en cuenta, en primer lugar, los intereses del poder presidencial. Esto es un gran retroceso respecto a lo que se había avanzado en México.

Quizás esté amague se deba a un sofisma. A saber: la idea de que la Suprema Corte está, por principio, en contra de la llamada Cuarta Transformación. En realidad la SCJN no está en contra de un régimen o Gobierno en particular. Su función es tutelar la Constitución, el Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos.

En el Federalista número 78, intitulado “The Judicial Department”, Alexander Hamilton nos dice que la rama del poder federal más débil es la Judicial porque no tiene la capacidad, como si la tiene el Legislativo, de aprobar el presupuesto, ni tampoco tiene la capacidad, como la tiene el Ejecutivo, de detentar el monopolio de la fuerza legítima.

Privado del poder económico y del militar, el Poder Judicial tenía, de acuerdo con Hamilton, el poder de ejercer el juicio sobre el carácter constitucional de los actos realizados por el Legislativo y el Ejecutivo. Así, el Poder Judicial era, en esta concepción, el más cercano a los intereses de la sociedad, pues su autoridad se fundaba en defender la Constitución, que es la concreción esencial de la soberanía popular. 

El Judicial es, entonces, un poder intermedio entre la ciudadanía y los otros dos poderes. Pero para que el Poder Judicial pueda ser respetado por el Legislativo y el Ejecutivo, su poder debe originarse de fuentes distintas a las de ellos. Una forma de lograr esto es otorgándoles a los jueces la posibilidad de que su autoridad trascienda los periodos electorales. Si no fuera así, la autoridad Judicial estaría a merced de las disputas entre partidos y facciones políticas, lo que la colocaría en una posición de debilidad frente a las otras ramas del poder federal.

Por eso los jueces pueden defender mejor el interés general cuando su autoridad trasciende el juego electoral. Queda claro, entonces, que la propuesta central de los gobernadores obradoristas de que los jueces sean elegidos en votaciones populares es no sólo demagógica, sino peligrosa. Es demagógica porque intenta hacer creer a la ciudadanía que por ese método los jueces y juezas actuarían en favor del interés común. También es peligrosa porque, en los hechos, supeditaría el Judicial al Poder Ejecutivo. Si así fuera, la posibilidad de administrar la justicia sería imposible y estaríamos, sin duda, ante un régimen tiránico. Por todo esto, la trampa que el obradorismo quiere ponerle al Poder Judicial debe ser desactivada cuanto antes.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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