La CNDH dio a conocer el pasado 24 de julio que interpuso seis demandas penales ante la FGR en contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa.
Además, el organismo interpuso 12 demandas administrativas en contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la república (PGR); Bernardo Muñoz Cano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; Abraham Eslava Arvízu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, son algunos de los servidores públicos denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También fueron acusados por los mismos hechos Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero; Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Federal en esa entidad y quien actualmente se desempeña como jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx); Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO. Esto fue confirmado a SinEmbargo esta tarde.
La CNDH dio a conocer el pasado 24 de julio que interpuso seis demandas penales ante la FGR en contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa.
Además, el organismo interpuso 12 demandas administrativas en contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.
De las 235 servidores demandados, 116 eran servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal y participaron en la investigación ministerial. De acuerdo con la CNDH, éstos “realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación”.
Entre las personas señaladas, se encuentra Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial en aquel momento y quien luego de ser acusado de haber participado en la presunta tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, renunció el 22 de junio pasado al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública michoacana informó de la decisión del funcionario se dio con el fin de colaborar en las investigaciones derivadas de este caso de presunta tortura.
“Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, informó la dependencia.
Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven. 1/2
— SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) June 22, 2019
El pasado 7 de junio fue publicado un video en redes sociales bajo el título “La Verdad Histórica Ayotzinapa de Carlos Gómez Arrieta”, quien se desempeñó como ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta ahora como Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
En el material se aprecia a un grupo de supuestos elementos de la Policía Federal mientras asfixian a otro sujeto durante un interrogatorio como parte de las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas.
TORTURA EN CASO AYOTZINAPA
Uno de los 122 detenidos por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa fue presuntamente torturado durante la investigación realizada para conocer el paradero de los normalistas, según muestra un video difundido en Youtube.
De acuerdo con las imágenes retomadas por medios nacionales, el hombre que permanece sentado con las manos atadas por la espalda y los ojos vendados, fue interrogado por presuntos elementos de la Policía Federal sobre el lugar a donde trasladaron a los 43 desaparecidos.
Mientras le interrogan, un supuesto Policía de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- permanece detrás del sujeto. Al decir que no sabe cómo llegar al posible paradero de los normalistas, el uniformado le coloca una bolsa de plástico en la cabeza, la cierra y estira.
El video fue publicado el 7 de junio por la cuenta Verda siempre, bajo el título “La Verdad Histórica Ayotzinapa de Carlos Gómez Arrieta”, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR y quien ahora se desempeña como Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
Carlos Canto Salgado, quien fue detenido el 22 de octubre de 2014 por ser uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas, es el supuesto hombre torturado en el video.
En el video le preguntan “¿Dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?” y el detenido contesta que fueron llevados a Mezcala.
“Fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas”, dijo Canto Salgado refiriéndose a los normalistas de Ayotzinapa.
La voz de quien lo interroga le pregunta dónde fue que entregaron a los normalistas, y Carlos Canto contesta que fueron llevados a Tomatal, en la salida de Chilpancingo. Continúa respondiendo que fue lo que sucedió con los 43 desaparecidos, sin embargo, cuando le preguntan si puede guiarlos hasta la posible ubicación final de los normalistas, el detenido contesta que no sabe llegar. En ese momento, le colocan la bolsa en la cabeza y comienzan a asfixiarlo.
Según medios nacionales, la FGR está analizando el video y reabrió la investigación por tortura.
PIDEN USAR TECNOLOGÍA PARA DESCARTAR LA "VERSIÓN HISTÓRICA"
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años y 10 meses en esta ciudad, informaron que en la visita a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería solicitaron que se entregue a la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia toda la información y las evidencias como audios, videos, fotografías, comunicaciones de radios y los reportes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Además se propuso que se utilice la tecnología necesaria para descartar la versión de que los muchachos fueron incinerados en ese lugar.
La tarde del sábado 24 madres y padres de los muchachos desaparecidos con alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala conmemoraron los 58 meses con la colocación de ofrendas florales, oración y mítines en los dos sitios donde fueron asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
En declaraciones al concluir las actividades, Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete , miembro de la Comisión de Investigación, contó que en la visita del miércoles al cuartel se le pidió al comandante del 27 Batallón de Infantería, Filemón Campillo Vázquez, su colaboración para aclarar todas las dudas de los padres conforme a la actuación del Ejército la noche de los ataques. Afirmó que estuvo de acuerdo.
Informó que ya hay una serie de preguntas que le plantearon sus abogados y el equipo de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, “y el Ejército ya va contestando algunas preguntas”.
Agregó que otro de los compromisos fue citar cuando se requiera la presencia de todos los efectivos que estuvieron activos el 26 y 27 de septiembre de 2014, como los miembros de inteligencia militar que estuvieron en el ataque en la calle Juan Álvarez y en el Palacio de Justicia, se les pidió que esos soldados informen qué hicieron con esa información y a quién la enviaron “tienen que dar toda esa información”, así como todos aquellos que estuvieron activos esos días y quienes tuvieron contacto con los normalistas, como fue el caso de quienes encontraron al grupo de estudiantes en la clínica privada Cristina.
“Hay la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de aportar toda esa información para esclarecer las dudas de los padres y se hará con el Fiscal Especial, Omar Gómez, para que se le dé legalidad, y si hay responsabilidades penales en contra de algún soldado no van a poner peros para que sea castigado conforme a la ley”.
Mencionó que existe también el ofrecimiento de tener de frente a esos efectivos castrenses y plantearles las dudas o preguntas que ellos tengan, sin embargo la idea es que sean citados ante el Fiscal Especial.
Apuntó que como padres la idea de ingresar al cuartel militar no fue para ir a buscar a sus hijos, y advirtió que a pesar de que ya se les permitió el ingreso, que era una de sus demandas, no van a deslindar la responsabilidad que tuvo el batallón de Iguala en la desaparición de sus hijos, “no les vamos a quitar responsabilidad con ingresar al cuartel”.
“Fuimos a los dormitorios, a las oficinas, a los campos. En todos lados nos metimos pero no hubo nada”, relató.
Por otra parte, el representante de los padres, Melitón Ortega dijo que para ellos fue el primer acercamiento con el Ejército para darle seguimiento a todas las dudas que tienen sobre su participación durante los ataques, y la omisión que cometieron al no apoyar a los muchachos, “lo único que quieren los padres es esclarecer los hechos y que se sepa cuál fue el papel del Ejército, hasta dónde ellos tuvieron responsabilidad”.
De la versión de que los alumnos pudieron haber sido incinerados en el cuartel militar, Melitón Ortega dijo que por eso se abrió el diálogo, y las condiciones para seguir trabajando sobre este y otros temas.
Reveló que está la propuesta de los padres de utilizar alguna tecnología para indagar lo que hay adentro del cuartel y descartar esa versión.
DEMANDAN BITÁCORAS, AUDIOS, VIDEOS, FOTOS...
Melitón Ortega dijo que parte de la investigación es que se entregue a la Comisión Especial toda la información y evidencias que tenga el Ejército, desde las bitácoras de salidas y entradas de los efectivos y vehículos esa noche, los audios, videos, fotografías, comunicaciones de radio, los reportes e informes que se realizaron esos días, “porque de lo contrario no estaríamos aclarando ni esclareciendo todas las dudas y la actuación del Ejército, porque ellos llevaron el control y seguimiento de la agresión a los estudiantes, ellos asumieron esa responsabilidad”.
Reconoció que abrir el cuartel militar a los padres se debió de hacer desde el principio, y no a casi cinco años de los hechos, “lamentablemente tuvimos un gobierno autoritario que no lo permitió porque no quiso que se manchara la imagen del Presidente”.
Apuntó que sí es posible que en ese tiempo se hayan borrado o desaparecido evidencias importantes, y se tendría que ver quiénes habrían ordenado eso.
De los cambios de mandos militares y soldados que luego de los ataques y desapariciones de los estudiantes fueron enviados a cuarteles de otras entidades, dijo que los mandos militares y el Fiscal Especial Omar Gómez tendrán que llamarlos a declarar, “es una institución y esté quien esté tiene una responsabilidad”.
Melitón Ortega reconoció que con el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido avances “lentos pero los tenemos”, que se ha cumplido “en su totalidad” el compromiso desde la creación de la comisión por decreto presidencial y que solo está pendiente la integración de los expertos independientes y de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la comisión especial.
-Con información de Alejandro Guerrero, de El Sur
