El Gobierno de México anunció hace unas semanas que una de las maneras para contrarrestar los efectos de la pandemia será reforzar los programas de transferencias, pero en ese plan quedan millones desprotegidos.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- Son casi 31 millones de personas que son pobres y que no están apoyadas por ningún programa social bajo la pandemia de COVID-19 en México; la gran mayoría de ellos, el 70 por ciento, forma parte de la Población Económicamente Activas (PEA) ocupada.
De acuerdo con el documento “Vivir al día: medidas para combatir la pandemia de desigualdad en México” elaborado por Oxfam México, los tres programas prioritarios del gobierno federal vigentes no cubren a personas en edad de trabajar, lo que puede llevar a estas personas y a sus familias, a la pobreza.
“Lo que necesitamos es solucionar ese problema. Los apoyos del gobierno no son suficientes: Sembrando vida generará 200 mil empleos más y no está diseñado para la actual emergencia, que afecta en su mayoría a las zonas urbanas, los apoyos de créditos tampoco porque no es un tema de solvencia, el de las empresas, sino de liquidez en la economía, lo que se necesita son transferencias mucho más directas y que no sean a crédito”, explicó en entrevista Diego Vázquez, Gerente de investigación en Oxfam México.
El documento de la organización precisa que las medidas de emergencia sanitaria y de restricciones de movilidad “han sido indispensables” para limitar la expansión y el impacto de la pandemia de COVID-19, pero faltan acciones que garanticen que todas las personas puedan mantenerse en casa sin arriesgar “su salud, ingresos, alimentación o incluso que miles caigan en situación de pobreza”.
Son 3 millones de empresas y 28 millones de personas que laboran en los sectores clasificados como actividades no esenciales podrían ser afectadas.
Oxfam señala que este problema se suma a lo que ya se venía arrastrando: 10 millones que se encuentran en pobreza por ingresos; 16 millones que no cuentan con acceso a la seguridad social; 5.4 millones que padecen inseguridad alimentaria moderada o severa y 3.7 millones que no cuentan con agua, drenaje o electricidad en su vivienda.
“Los programas prioritarios del gobierno –las becas para personas con discapacidad, las Benito Juárez y las pensiones para adultos mayores– están centradas para cierto tipo de beneficiarios que están más bien fuera de la edad laboral, en su mayoría […] esta política social no está diseñada para la actual emergencia sanitaria, que lo que requiere son transferencias a personas trabajadoras”, explicó Vázquez.
La propuesta de Oxfam es apoyar directamente a personas sin seguridad social con una transferencia directa, calcula que si el apoyo se otorga por tres meses, el costo sería de entre 37.4 mil y 73.1 mil mdp.
“La pérdida de medios de vida, el aumento de la pobreza extrema y la ausencia de empleos bien remunerados tendrán efectos permanentes en el bienestar de millones de personas y familias. Las medidas de sana distancia y distanciamiento social son difíciles de mantener para casi la mitad de las personas mexicanas quienes tienen que vivir al día, en la precariedad laboral o que se autoemplean el sector informal de la economía, y cuyos ingresos en condiciones normales no son suficientes ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas”, puede leerse en el estudio.
AYUDAR A TRABAJADORES, NO A EMPRESAS
En entrevista con SinEmbargo, Diego Vázquez comentó que, por otro lado, una de las principales propuestas de Oxfam es la creación de una política de apoyos para mantener los puestos de trabajo, que a diferencia de “premiar” a las empresas que se “han portado bien” dentro de la pandemia, se piense en otorgar un subsidio a las empresas directo a la nómina, a cambio del compromiso de la empresa de no despedir a ninguno de sus trabajadores.
Esto, de acuerdo con Vázquez, permitiría asegurar que se mantengan los niveles de empleo y que no haya una caída como la que hemos visto de empleos tan estrepitosa en el ultimo mes y por el otro lado brindas un incentivo para que la empresa pueda reducir costos pero no cualquiera, sino los de nómina y que de alguna manera los recursos que se otorguen sean enfocados en mantener los niveles de empleo.
El cálculo de Oxfam México es que serán tres millones de empresas las potencialmente afectadas en el corto plazo por una caída en la actividad económica; éstas no se encuentran en los sectores esenciales mencionados en el decreto del 31 de marzo, pero generan una derrama en remuneraciones de 1.2 billones de pesos al año, de acuerdo con los censos económicos de 2019 (INEGI, 2020).
De ahí podrían ser afectados cerca de 28 millones de trabajadoras y trabajadores que laboran en esos sectores clasificados como no esenciales, es decir, aproximadamente el 47 por ciento de la Población Económicamente Activa.
Luego está el caso de las personas que trabajan en la informalidad. Vázquez explicó que al tratarse de la mayoría de los trabajadores del país, que no reciben apoyo, tienen un impacto económico mayúsculo, por lo que desde el Gobierno federal ya se debería estar contemplando una renta básica para este grupo de trabajadores y sus familias.
“Estos trabajadores no cuentan con ninguna seguridad social por parte del Estado. Para poder reducir los niveles de pobreza o el impacto de pobreza en esta situación y mantener sus medios de vida, es necesaria una renta básica. Calculamos, dependiendo el monto entre, 37 y 73 mil millones de pesos. Es una de las propuestas para poder mantener los niveles de ingreso y evitar que además de la recesión, que ya todos los organismos económicos ven venir, se evite un incremento en los niveles de pobreza”, agregó.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 31.7 millones de personas cuyo empleo es considerado informal. Si se quisiera focalizar el apoyo a los trabajadores informales más desprotegidos, es decir, aquellos sin seguridad social que viven en zonas urbanas, se hablaría de 7.6 millones de personas trabajadoras que “viven al día”.
Finalmente, Oxfam incluye en sus propuestas la atención a los grupos más vulnerables dentro de los vulnerables. Mencionan a las personas en situación de calle, que al no tener vivienda tienen más probabilidad de contagiarse; a las personas hablantes de lengua indígena, que suelen tener barreras lingüísticas y económicas y además son víctimas de racismo y discrminación; a migrantes y refugiados; a mujeres víctimas de violencia de género en un contexto en el que al 6 de abril las llamadas a los refugios y al 911 por casos de violencia aumentaron 60 y 25 por ciento respectivamente.
También urgieron atención a las personas LGBTQIA+ por la discriminación de la que son víctimas, y a las personas de zonas semiurbanas que han perdido sus fuentes de empleo, como los jornaleros y trabajadores de la construcción.
Para todas estas personas, señala Oxfam, el Gobierno podría expandir las capacidades de servicios y crear nuevos programas para atenderlos; se pueden destinar más recursos a los programas contra la violencia de género; brindar apoyos monetarios directos no condicionados y sobre todo tener mecanismos de priorización.
