Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– México se ubica en el octavo lugar de los 17 países en los que más se violan los derechos de los ambientalistas, concluye el reporte “¿Cuántos más?”, realizado por la organización internacional Global Witness (Testigo Internacional). El estudio establece que la mayoría de los asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo se relacionan con su oposición a obras relacionadas con los sectores minero, hidroeléctrico y la agroindustria.
México, junto con Paraguay, se encuentra en el octavo lugar de los países en los que se asesinó el mayor número de activistas que defienden el medio ambiente, con tres decesos durante el año pasado, entre ellos un indígena.
El reporte hace hincapié en la criminalización del activismo y pone como ejemplo el de los integrantes de la Tribu Yaqui de Sonora Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, arrestados en septiembre de 2014 tras ser acusados de “privación ilegal de la libertad” y “robo de un vehículo automotor”. Ambos encabezaban una campaña para detener la construcción del Acueducto Independencia, que se aprobó sin el consentimiento de su comunidad y pone en peligro directo su fuente de agua, cultura tradicional y sustento, ya que dependen del Río Yaqui.
Sin informar ni consentir la participación de la Tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno de Sonora, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías, presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia que desde el Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo), trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del Río Sonora).
El 4 de septiembre, Mario Luna Romero había viajado para presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sacar a la luz este caso. Amnistía Internacional sostiene que “su acusación se basa en una investigación parcial que tiene como objeto criminalizar a algunos miembros de la comunidad yaqui”.
“La criminalización es uno de los riesgos más graves a los que se enfrentan actualmente los defensores del medio ambiente y la tierra. Cada vez hay más Gobiernos que inician procesos penales en contra de defensores, sometiéndolos así a redadas policiales, arrestos ilícitos, multas y encarcelación. Desde enero de 2011 hasta agosto de 2014, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos documentó demandas falsas en contra de 123 activistas de la tierra en todo el mundo”, estipula el documento.
MAS DE DOS ASESINATOS POR SEMANA
Según el reporte de la organización global, los asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra llegaron a un promedio de más de dos a la semana en 2014.
En este contexto definió a Honduras como el país más peligros para los ambientalistas, a pesar de que Brasil es el país donde fueron asesinados el mayor número, con 29.
Los 116 ambientalistas asesinados el año pasado en todo el mundo, representan casi el doble del número de periodistas que perdieron la vida durante el mismo periodo y un aumento de 20 por ciento en relación con 2013.
Casi tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica, mientras que el sureste asiático fue la segunda región más afectada.
Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra, con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. Este informe arroja luz sobre Honduras e incluye el caso emblemático de la activistas amenazada Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015. “En todo el mundo el alarmante porcentaje de un 40 por ciento de estas víctimas era indígena y las principales causas de su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria”, plantea el estudio de la Organización No Gubernamental (ONG).
El reporte de Global Witness muestra un escenario alarmista en el que los activistas del mundo entero “están muriendo en cantidades nunca vistas por intentar defender su tierra y proteger el medio ambiente frente al aumento de la competencia por los recursos naturales”.
Hace un año, el informe de la organización, titulado “Medio ambiente mortal” se demostró que el número de víctimas mortales había aumentado de manera importante durante los últimos años. En el presente informe, en el que se abordan los asesinatos de 2014, “se demuestra que esa tendencia es incesante y que los grupos indígenas se han visto especialmente afectados. Asimismo, se examinan otros tipos de amenazas a los que se enfrentan los activistas y se pone en evidencia el caso de Honduras, el país con el mayor número de asesinatos per cápita en los últimos cinco años”.
LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS
De acuerdo con el reporte, el año pasado se observó un aumento de los crímenes relacionados con proyectos hidroeléctricos, pero entre las principales causas se encuentran también la minería, la agroindustria y la tala. “Las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi todas estas muertes. Cada vez hay más grupos indígenas que se encuentran a la vanguardia de esta fiebre por conseguir tierra y recursos naturales que fue la causa de un 40 por ciento de los asesinatos en 2014”, plantea.
No obstante, el documento apunta que existe poca información disponible sobre quiénes son los autores de los asesinatos, pero, entre los casos que sí se pudieron documentar el año pasado, se encontraron 10 en los que estuvieron relacionados grupos paramilitares, ocho que involucraron a policías, cinco a guardias de seguridad privada y tres a elementos del Ejército.
“Los verdaderos artífices de estos crímenes generalmente se libran de las investigaciones, pero la información de la que se dispone indica que, detrás de la violencia, generalmente se esconden grandes propietarios de tierras, intereses comerciales, actores políticos y agentes del crimen organizado”, destaca.
Entre las observaciones, el reporte insiste en que muchos de estos defensores viven en comunidades remotas y pobres y cuentan con un acceso reducido a medios de comunicación y acceso a la justicia, lo que los coloca en una situación de mayor riesgo.
Además, pueden verse aún más aislados porque los tildan de opositores al desarrollo y los acusan de actuar en contra de los planes económicos de los Gobiernos. “Se ha observado una tendencia alarmante por la que algunos Estados han usado legislación antiterrorista en contra de activistas que se oponían a proyectos a gran escala, describiéndolos como ‘enemigos nacionales’ para justificar los abusos”.
Hace un exhorto a las comunidades y a los gobiernos para detener la oleada de asesinatos e intimidaciones en contra de los defensores del medio ambiente, así como controlar y castigar los crímenes de los que se tiene información.
“Los activistas del medio ambiente y la tierra necesitan protección específica por la intensificación del riesgo que plantea su labor. Debe abordarse la falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra y de la obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Del mismo modo, el secretismo y la falta de consulta en torno a la negociación de acuerdos sobre recursos naturales exacerban la violencia y debe ponérseles fin”, concluye.
