El IMCO hizo un llamado a los gobiernos locales para diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas y propuso seis acciones específicos para mejorar la movilidad urbana del país y, con ello, la calidad de vida de las personas.
Por Erik López
Ciudad de México, (EconomíaHoy/SinEmbargo).- En 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes de México no registraron inversión en su transporte público, a pesar de que, en promedio, 38 por ciento de los habitantes de dichas ciudades lo utilizaron.
Así lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al presentar el Índice de Movilidad Urbana (IMU) 2018, en el que también se aseguró que contrario a las mejores prácticas nacionales e internacionales, la gran mayoría de las autoridades locales de México han privilegiado el uso del automóvil particular.
Esto ha generado, afirmaron, una dependencia al automóvil particular y a los medios de transporte contaminantes, hecho que quedó en demostrado durante la crisis de abasto de gasolina ocasionada por el combate al robo de hidrocarburos.
Asimismo, indicaron que estas políticas han llevado a un crecimiento desordenado de las ciudades, al uso ineficiente de recursos públicos en la construcción de infraestructura, a problemas de congestionamiento y a pérdidas sociales en la relación tiempo/calidad de las personas por los prolongados periodos de desplazamiento.
Ante esto, el IMCO hizo un llamado a los gobiernos locales para diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas y propuso seis acciones específicos para mejorar la movilidad urbana del país y, con ello, la calidad de vida de las personas.
1. Promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
2. Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre Gobierno y empresas.
3. Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de trasnporte público y no motorizado.
4. Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.
5. Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT) y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos (como en CDMX y Guadalajara)
6. Dotar a los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial.
