La voz del pueblo no es la voz de Dios

29/01/2013 - 12:00 am

Nunca había sido tan falso el famoso refrán popular que satiriza el titulo de esta colaboración, porque la voz del pueblo es evidentemente manipulada, incluso perversamente mal informada. Solo mencionare el caso Cassez como evidencia. Para pasar a otro tema de alta prioridad: la Reforma Educativa.

Miles de personas y la mayoría de los diputados dicen: México necesita una reforma de fondo para superar los rezagos educativos. ¿Tendrán razón, serán la voz de Dios? Toda reforma constitucional tiene un motivo, y este debe ser de tal importancia –no urgencia–, que no se pueda resolver con reformas o simple aplicación de la ley ordinaria. Por eso debemos buscar el gran motivo que amerite el cambio en la carta magna.

Mejorar la calidad educativa no puede ser, porque tenemos un programa estratégico para eso desde 1992, el “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (ANMEB), además el “Programa Nacional de Educación” 2001-2006 (PNE) y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PDN).

Todos se proponen y tienen como objetivos concretos la cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje e interacción y funcionamiento del sistema educativo. Todos quieren promover la transformación de la organización y funcionamiento cotidiano de las escuelas básicas para asegurar que el personal docente y directivo de cada escuela asuma la responsabilidad por los resultados educativos, establezca relaciones de colaboración entre sí y con el entorno social de la escuela, y se comprometa con el mejoramiento continuo de la calidad y la equidad de la educación.

Esas son las obligaciones que tienen los maestros en la vida laboral cotidiana y las obligaciones de largo plazo que tienen las autoridades educativas

Para eso se descentralizaron las administraciones de los servicios educativos hacia los estados y la autoridad educativa federal conserva la facultad de carácter normativo: el establecimiento de los objetivos nacionales y los lineamientos generales de la política educativa, los planes y programas de estudio, así como los libros de texto para la educación básica y normal, la programación y evaluación del sistema educativo público y nacional.

En el año 2002 se creó el Instituto Nacional Para la Evaluación Educativa (INEE), para ofrecer herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas educativos, y se ratificó que la educación obligatoria impartida por el Estado es laica y gratuita.

Al promulgarse la obligatoriedad de tres grados de educación secundaria se amplió la escolaridad básica obligatoria de seis a nueve años, hasta la secundaria incluida, los niños deben estar en las escuela hasta los 14 años. Además se ratificó que se ha iniciado con pie firme la educación de jornada completa.

Tenemos tres grandes planes y una decisión estratégica de largo aliento al sistema educativo nacional, que primero debemos calar con la prueba del ácido: la práctica en el aula.

Todo eso está escrito y normativizado, y basta con aplicar la ley y todos los decretos y acuerdos modificatorios del mismo plan y, cuando mucho, pequeños cambios en la legislación, para mejorar y alcanzar la calidad educativa bajo estándares internacionales.

Con todas estas herramientas legales y administrativas, que todos los mexicanos hemos visto ponerse en práctica, se han aplicado una buena parte de los planes, otros se han dificultado y han causado polémica y discusiones, otras siguen pendientes y en el seno de la SEP hay prácticas que son evidentemente inmorales e ilegales. ¿Qué hay que hacer? ¡Muchas cosas menos reformar la Constitución!

Estoy seguro que muchos políticos de renombre ni siquiera leyeron lo que en este artículo es una ficha técnica de trabajo. Menos leyeron las reformas que promovieron y votaron.

Vayamos pues al análisis concreto de la reforma constitucionalmente antijurídica. Este es un primer artículo, que espero sigamos con un par más por lo menos.

Olvidaba decir que además de abogado tengo terminada (salvo la tesis) mi maestría en Educación.

ESTOS SON LOS GRANDES TEMAS:

Concursos de oposición para el ingreso o promoción a cargos superiores de los docentes. Este tema es materia de los reglamentos específicos del profesorado y sus condiciones de trabajo, esta reforma sólo mancha la Constitución y trasmite una profunda ausencia de voluntad de la autoridad para aplicar la ley.

Sin embargo, introduce un tema nuevo a escondidas: la facultad al Congreso para emitir una “ley reglamentaria que fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio… Serán nulos los ingresos no otorgados conforme la ley”.

¿Qué es esto?, es una nueva Ley Federal del Trabajo exclusiva para los maestros con condiciones menores a los derechos que tienen en el apartado “B” del artículo 123. La ley regula el ingreso, la permanencia, la promoción y la terminación de las relaciones de trabajo.

Y contiene una infamia jurídica: la nulidad del ingreso si se descubre que fue hecho contra la ley. Y como está previsto en la Constitución, se puede legislar como nulidad absoluta, es decir, innecesario.

Esa reforma además de tramposa, no va a ayudar en nada a mejorar la calidad de la educación en México, pues a mas de ofrecer un proceso de ascenso burocrático y no de mejoras a los excelentes maestros frente a grupo, va a tener a muchos maestros tomados del cuello, ya que en cualquier momento se puede declarar la nulidad de su ingreso, y eso genería una terrible inestabilidad laboral, que se vería reflejada en la cotianeidad del trabajo.

Porque, ¿quién interpreta la ley? El gobierno, es decir el patrón, y para expulsar a cualquier maestro se tomará cualquier error de documentación o extravío de expediente. Estas disposiciones son verdaderamente subyugantes de los trabajadores, es una lógica violatoria de los derechos humanos. El principio general es este: cuando un empleado desempeña favorablemente su trabajo, de conformidad con el patrón, durante un tiempo determinado ( 30 días en la Ley Federal del Trabajo) los defectos en la contratación se convalidan a favor del trabajador. Esta clausula es contraria al artículo primero de la Constitución que señala que “el Estado reconoce los derechos humanos”, luego, no puede inventarlos ni limitarlos, porque son derechos que ya pertenecen a los seres humanos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana.

Creo que si el Estado tiene problemas con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio de algunos maestros, porque hayan actuado en la ilegalidad, no debiera tener problemas para aplicar la ley y despedirlos o encarcelarlos incluso sin necesidad de atentar contra los derechos de todos los profesores del país. Esos tipos no trabajan, por lo tanto bastaría con enviarlos al banquillo, al pizarrón y al marcador. Trabajar era el castigo que aplicábamos a ciertos delincuentes en el Cereso de Juárez y suplicaban que los aisláramos, pero que no los pusiéramos a trabajar.

Veámoslo así: si un tribunal internacional resolviera que la elección de Peña Nieto y varios diputados fue ilegal, ¿renunciarían? Claro que no, (desgraciadamente) ya son Presidente y diputados y no pueden perder el cargo bajo ninguna circunstancia ajena a su voluntad o las circunstancias previstas en la misma constitución.

Esta lógica nos dice que no pretenden limpiar el magisterio de las sanguijuelas que chupan los recursos de la educación. No, lo que quiere el gobierno es controlar corporativamente a todo el magisterio y controlarlo usando a los mismos gangsters hoy comisionados con Elba Esther que el día de mañana la van a negar como San Pedro y todos los apóstoles antes de pentecostés a Cristo. Con estas normas, esos delincuentes van a quedar impunes como siempre lo han hecho.

¿Qué hay pues atrás de todo esto? El fascismo, ajustado y concreto: control de las masas mediante políticas corporativas.

Seguiremos con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa…

Gustavo De la Rosa
Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.
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