Dos casos, el de Odebrecht México y el de los presuntos desvíos de recursos a favor del PRI han develado una trama de corrupción que pone bajo los reflectores al propio Presidente de la República, a seis gobernadores, tres funcionarios federales y a un trío de políticos priistas de altos vuelos, incluido el poderoso Manlio Fabio Beltrones Rivera. Hoy, los escándalos embarran a parte de la élite política de nuestra Nación con dos sucesos que supuestamente implican el desvío de recursos públicos para las campañas electorales del PRI.
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Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– A lo largo del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto los señalamientos y acusaciones de corrupción en contra de funcionarios públicos no han cejado. Sin embargo, dos casos actuales -el de los sobornos de Odebrecht y el de los desvíos de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- han llevado los escándalos a la cúpula de la élite política de México, incluidos amigos y cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto.
Con Odebrecht, políticos del talle de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016; Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz [2010-2016]; e inclusive el ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012], han sido señalados de participar en el caso.
El más reciente escándalo alcanza a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex dirigente nacional del PRI; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda entre 2012 y 2016; César Duarte Jáquez [2010-2016], Egidio Torre Cantú [2011-2016] y Javier Duarte de Ochoa, ex gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, respectivamente.
En el primero de los casos, Emilio Lozoya Austin fue el señalado por haber recibido sobornos por parte de Odebrecht, superiores a los 10 millones de dólares, a cambio de ayudarla a conseguir licitaciones con Pemex. Así, Lozoya habría recibido dinero ilícito en 2012, cuando era parte del equipo de campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto; y en 2014, año en que dirigió a la ahora llamada Empresa Productiva del Estado.
De acuerdo con los documentos y testimonios divulgados por ex directivos de la empresa, Lozoya se reunió, en marzo de 2012, con Luis Alberto de Meneses, director superintendente de Odebrecht en México. Entonces recibió 4.1 millones de dólares sólo por la posibilidad de tener un puesto “prominente” en el gabinete de Peña Nieto. Lozoya habría proporcionado a Meneses el nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas [Latin American Asia Capital Holding] para que le depositaran.
Una vez que Lozoya asumió la dirección de Pemex, la ayuda para ganar contratos -solicitada por Odebrecht- le significó otros seis millones de dólares -dos garantizados y cuatro más si ganaban la licitación-. A partir de allí, entre 2013 y 2014, el flujo de dinero no habría cesado. Sin embargo, el funcionario público niega “categóricamente» las acusaciones.
Ésta no es la única ocasión en que Lozoya ha sido señalado de corrupto. En julio de 2015, su nombre apareció en una serie de grabaciones publicadas de manera anónima en YouTube, en la que se revelaban presuntos actos de corrupción de OHL para obtener la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I -misma que obtuvo-. Enrique Ochoa Reza, quien por esas fechas dirigía la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también se vio involucrado.
De parte de Pemex Refinación, OHL recibió 2 mil 398 millones 427 mil 277 pesos por tres contratos; luego ganó, junto con otras cuatro empresas, el proyecto de una planta generadora de hidrógeno y la terminación de un gasoducto en la refinería Cadereyta por 927 millones 676 mil 159 pesos. El último contrato fue por 453 millones 870 mil pesos para la construcción de una estación de rebombeo para un poliducto en Salamanca, Guadalajara.
Siete meses después del escándalo, justo en el momento en que el caso de OHL sumaba funcionarios públicos implicados en actos de presunta corrupción que beneficiaban a la empresa española, José Antonio González Anaya relevó a Lozoya Austin como titular de Pemex.
DUARTE
Otro de los implicados en el caso Odebrecht fue precisamente el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre agosto de 2010 y febrero de 2011, Odebrecht transfirió más de 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma [Blunderbuss Company de México], vinculada al gobierno de Javier Duarte.
Las transferencias desde el extranjero datan de enero de 2011, a un mes de iniciada la administración del político priista y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de la empresa brasileña en Veracruz: la modernización de la refinería de Minatitlán y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos.
Estos dos proyectos comenzaron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, tiempo en que la administración del Primer Mandatario se vio embarrada por una serie de irregularidades a favor de la compañía brasileña. Entre estas destaca el compromiso de Pemex de suministrar gas etano a la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, a precio preferencial por un periodo de 20 años.
Según Rocío Nahle, coordinadora de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los créditos que la compañía recibió por parte del Gobierno federal, por 400 millones de dólares, son sospechosos. En 2011, Calderón recibió en Los Pinos a Marcelo Odebrecht, dueño del consorcio, quien ha admitido haber financiado las campañas políticas de varios mandatarios -a cambio de contratos- en toda América Latina.
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Poco antes de Navidad, salió a la luz uno de los últimos escándalos de corrupción que involucra a funcionarios del Gobierno federal. En 2016, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entonces liderado por Manlio Fabio Beltrones Rivera, en acuerdo con la SHCP, inició una trama para desviar 275 millones de pesos a las arcas del tricolor, con la finalidad de enviar recursos a las entidades en donde el partido era la oposición, para reforzar sus candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de junio de ese año, según el testimonio de ex funcionarios de Chihuahua.
El dinero habría sido traspasado a los gobiernos de César Duarte Jáquez en Chihuahua, Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, bajo concepto de recursos para “fortalecimiento financiero”. Luego, por medio de empresas fantasma, los gobiernos locales habrían contratado diversos servicios. Una vez limpio el dinero, cada Gobernador lo mandó al partido tricolor, desde donde fue distribuido a los puntos estratégicos.
MANLIO FABIO BELTRONES
Beltrones es señalado como uno de los autores intelectuales del desvío de recursos. El año en que habría planeado la triangulación del dinero, cargaba con la presión de los comicios intermedios en que estuvieron en juego 13 gubernaturas. Su partido sufrió una caída histórica al ganar sólo en cinco entidades [Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas]. En cambio, entregó cuatro estados a la oposición, que hasta entonces, no tenían alternancia: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
De acuerdo con el testimonio de Ricardo Yáñez Herrera, ex titular de Educación Pública de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte Jáquez [2010-2016], la triangulación de recursos federales «para operar las campañas electorales del PRI en otros estados […] era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones”, refiere una nota de Reforma.
Beltrones se habría puesto de acuerdo con los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, además de pactar el aval del desvío con Luis Videgaray Caso, entonces titular de la SHCP. La acusación de Yáñez concuerda con la de Jaime Herrera Corral, ex secretario de hacienda de Chihuahua quien destapó, en un origen, el escándalo de corrupción. Beltrones tilda de “inverosímiles” las acusaciones y se deslinda de toda responsabilidad.
Hasta el momento, según una declaración del actual Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no hay “elementos que nos permitan confirmar la participación de funcionarios o ex funcionarios del PRI nacional” en el caso de desvío de recursos federales.
LUIS VIDEGARAY CASO
Según el testimonio de Jaime Herrera Corral ante la Fiscalía de Chihuahua, Videgaray habría avalado el desvío millonario a las campañas estatales del PRI. Su papel en la operación, más allá de eso, no queda claro. Sin embargo, el dinero salió de las arcas federales y terminó en las de los estados, luego de convenir acuerdos de “fortalecimiento financiero” por 275 millones de pesos para Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas.
Las declaraciones indican que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general adjunto del CEN del PRI entre 2015 y 2016, presionó a la SHCP para agilizar el trámite. En esa premura, “el trámite se hizo de manera incorrecta” ya que la fecha de firma del convenio con la SHCP [15 de enero de 2016] no concordaba con la del sello de la dependencia federal [16 de enero de 2016].
A más de las inconsistencias en papel, Herrera declaró que había un pacto entre la Hacienda local y la federal, que consistió en que “el dinero exigido saliera de dinero público pero de origen estatal […], a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal” para que «no fuera observado» por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
LOS DUARTES Y EGIDIO TORRES CANTÚ
Herrera desentrañó una red que pudiera considerarse del crimen organizado: La dirigencia del tricolor, con la venia del brazo derecho del Presidente Peña Nieto -Videgaray-, habría coordinado la operación a través de las administraciones priistas de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas para canalizarlos a las campañas de 2016.
César Duarte Jáquez [Chihuahua], Egidio Torre Cantú [Tamaulipas] y Javier Duarte de Ochoa [Veracruz] no sólo figuran en esta lista. También son conocidos por haber endeudado a sus respectivos estados [79.2 mil millones de pesos en incrementos, en conjunto], además de tener denuncias por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.
Según las declaraciones, el acuerdo de desvíos no sólo respondió a una fidelidad partidaria, sino también a deudas de tipo político -como en el caso de César Duarte Jáquez, quien supuestamente retribuyó al tricolor y a Beltrones por permitir la postulación de Enrique Serrano Escobar como candidato a la gubernatura chihuahuense-.
En Chihuahua, el Gobernador y sus operadores políticos autorizaron cuatro contratos con empresas fantasma para dar talleres a padres de familia [55 millones]; capacitaciones a docentes [55 millones]; cursos de medio ambiente [46 millones]; y la implementación de un software para realizar trámites educativos [90 millones].
En los casos de Tamaulipas y Veracruz, Herrera no hace mención aparte de declarar que sus respectivos gobernadores apoyaron la triangulación. Sin embargo, el primero ha sido señalado por tener ligas con el Cártel del Golfo. El segundo permanece en prisión por una serie de desvíos millonarios -como la malversación de cuatro mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y de educación en Veracruz-, a través de cuentas bancarias de gasto corriente “cuyo destino final se desconoce”, refiere un reporte de la ASF sobre la Cuenta Pública 2015.
No obstante, el testimonio de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien de 2015 a 2016 fue secretario general adjunto del CEN del PRI y quien además es cercano a Manlio Fabio Beltrones, da cuenta que los estados gobernados por Rafael Moreno Valle [Puebla], Mario López Valdez [Sinaloa] y Jorge Herrera Caldera [Durango] también habrían utilizado el esquema de Duarte Jáquez para enriquecer las campañas del tricolor.
ALEJANDRO GUTIÉRREZ E ISAAC GAMBOA
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, miembro del PRI desde 1980, supuestamente fue el encargado de diseñar la estrategia del desvío millonario. Por su parte, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Alfredo Isaac Gamboa Lozano, sería el responsable de apoyar el envío de recursos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Chihuahua -dependencia que desvió al menos 246 millones de pesos-.
Una vez recibidos los fondos de “fortalecimiento financiero”, Ricardo Yáñez Herrera, entonces titular de la SEP local; Gerardo Villegas Madriles, director de Administración del Gobierno de Chihuahua; y Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones local, simularon las compras millonarias.
Este último funcionario, señalado como amigo y socio de César Duarte Jáquez, fue protagonista de una crisis política en la Cámara de Diputados, cuando el 20 de marzo de este año, al intentar rendir protesta como suplente del fallecido Diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, se vio obligado a enclaustrarse -durante 28 horas- en el recinto legislativo, dado que había una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado en deterioro del patrimonio de Chihuahua. Entre las acusaciones figura que benefició a Grupo Fritag con licitaciones superiores a los 300 millones de pesos.
Tarín García enfrenta, en la actualidad, una segunda vinculación a proceso por el delito de peculado; Gutiérrez Gutiérrez, por su parte, ya fue detenido y penalizado con seis meses de prisión preventiva; Yáñez Herrera enfrenta una condena de cuatro años de cárcel por el desvío de 246 millones de pesos; Gerardo Villegas se encuentra bajo el resguardo de un amparo; y en el caso de Gamboa Lozano, funcionario de la SHCP, su situación aún es incierta.
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