Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La historia de las agresiones cometidas contra los periodistas mexicanos en 2014 inicia en Coatzacoalcos, Veracruz, la mañana del 5 de febrero, cuando tres hombres armados, encapuchados y vestidos de negro irrumpieron en la casa del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz -asignado a cubrir la información policiaca para el periódico local Notisur– y, frente a dos de sus hijas, lo amagaron con una pistola en la cabeza y un cuchillo en el estómago.
“Es el fotógrafo -le dijo uno de los agresores a otro, de acuerdo con lo que una hija narró al Ministerio Público del estado-. Quítale la cámara, quítale el rollo, quítale el radio”. Instantes después, y sin que la víctima opusiera resistencia, lo condujeron a una camioneta gris que habían dejado fuera con el motor encendido, y se lo llevaron.
En cuanto sus colegas reporteros se enteraron, minutos después, iniciaron una campaña de movilización y difusión del “levantón” que, en horas, logró generar una inusitada reacción de solidaridad entre los reporteros de todo México, que por días exigieron al Gobierno de Veracruz la aparición con vida del periodista.
Seis días después, el mediodía del 11 de febrero, la familia del reportero fue trasladada por el gobierno a Xalapa para ser notificada de que el cuerpo había sido encontrado enterrado en una fosa clandestina del municipio de Las Choapas. Unas cuatro horas después, la Procuraduría General de Justicia del Estado convocó a conferencia de prensa para anunciar que había detenido a varios posibles responsables del crimen y que éste no tenía relación con el trabajo periodístico de la víctima, sino que se trataba de una venganza “personal” por la que se habían pagado 20 mil pesos.
Pero para los periodistas de una comisión especial creada para revisar el caso -y que fue parte de la histórica reacción de solidaridad que generó este crimen- la conclusión fue otra: “Existen pruebas contundentes de que Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz. (…) La Procuraduría de Justicia de Estado sólo se enfocó en demostrar una línea de investigación, cuando existen pruebas claras para abordar otras dos posibles líneas que podrían revelar toda una estructura criminal”.
De acuerdo con la comisión de periodistas –que leyeron el expediente, revisaron seis meses de notas del reportero e hicieron decenas de entrevistas en Coatzacoalcos- el ministerio público del estado desestimó la información de al menos dos declaraciones que narran situaciones de riesgo para el periodista derivadas de su trabajo.
Una de esas declaraciones, por ejemplo, fue la de un familiar que narró cómo el reportero había expresado preocupación días antes del crimen por la publicación de una fotografía en la que se veía la propiedad de una importante empresaria restaurantera de la región y en la cual se habían encontrado tres víctimas de secuestro y tres supuestos plagiarios pertenecientes a Los Zetas.
Pero el Ministerio Público, advirtió la comisión de reporteros, “no indagó ni mucho menos profundizó en el trabajo periodístico de Gregorio”, que se había enfocado en difundir los hechos de violencia que, como ocurre en otras regiones de riesgo para el periodismo –desde Tabasco hasta Chihuahua-, muchos grupos del crimen organizado tratan de mantener en silencio.
“Y las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio. [Por lo que] La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios, de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez, los detenidos podrían ser liberados […] algunos de los detenidos aseguran que fueron torturados para autoinculparse”, agregan las advertencias hechas por los reporteros.
Diez meses después de haber participado tanto en la campaña en demanda de la aparición con vida de “Goyo” y en la comisión que revisó el caso y visibilizó la precariedad de las condiciones en las que trabajan los reporteros locales, la periodista mexicana Marcela Turati considera que la movilización generada pudo al menos forzar la búsqueda y localización del cuerpo, lo cual lo diferencia de otros casos, explica, cuyas víctimas jamás son localizadas o quedan en total anonimato. Pero el problema, agrega, es que sigue sin haber justicia y los crímenes contra periodistas en todo el país se siguen cometiendo con total impunidad.
“Lo que nos indica todo esto que ocurrió en 2014 es que, pese a que el Gobierno mexicano asiste a foros internacionales y dice que ya hay leyes para que los delitos se investiguen en el fuero federal, y que ha creado mecanismos para proteger a periodistas, sigue siendo una política de simulación: no se han inhibido las agresiones porque se mantiene la impunidad”, dice Turati, también fundadora de la Red de Periodistas de a Pie, que participó en la comisión de investigación del caso Jiménez.
“Y lo que seguimos viendo es que el mensaje de las autoridades a los agresores es que ‘no importa lo que le hagas a un periodista, no vas a pagar por eso’”, agrega la colaboradora de la revista Proceso.
El resto de las agresiones registradas contra la prensa en 2014 –y documentadas, entre otras organizaciones, por Reporteros sin Fronteras- sostienen el análisis: el 29 de julio siguiente, cuatro meses después del homicidio de Gregorio Jiménez, el reportero y camarógrafo de Canal 9 de Zacatecas, Nolberto Herrera Rodríguez, también fue encontrado muerto, él en su domicilio y asesinado con más de 20 puñaladas.
Luego, la noche del 1 de agosto, un grupo armado abrió fuego contra la casa-oficina del fundador de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense, Indalecio Benítez Mondragón, en Luvianos, Estado de México, asesinando a uno de sus hijos, de 12 años.
Diez días después, el 11 de agosto, el periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal en Oaxaca del periódico veracruzano El Buen Tono y quien había publicado información sobre un jefe policiaco posiblemente ligado al crimen organizado, fue asesinado afuera de su casa por un hombre que se le acercó simulando interés en comprarle un vehículo y que le disparó en cuatro ocasiones.
El 2 de septiembre siguiente, personas desconocidas también dispararon contra la casa del director del semanario Tinta Verde, Ignacio Domínguez, en Xalapa. Y, el día 4 siguiente, en Silao, Guanajuato, tres individuos –sobre quienes la investigación estableció después que fueron enviados por el jefe de la Policía Municipal- entraron en la oficina de la corresponsal de El Heraldo de León, Karla Janet Silva, y la atacaron a golpes en la cabeza y en el pecho hasta hacerla sangrar, advirtiéndole que le bajara “de huevos” a sus notas.
La impunidad con la que se cometen los crímenes en México es de tal grado que permite casos como el del homicidio del activista y conductor de radio Atilano Román Tirado, cuya audiencia pudo escuchar cuando un hombre armado, en Mazatlán, entró en la cabina en la que la víctima trasmitía su programa “Así es mi tierra” y, ante los micrófonos abiertos, le disparó a quemarropa.
A estos ataques mortales se suma además un clima generalizado de represión y ataque a la libertad de expresión en el que, como han documentado las organizaciones Artículo 19 y Fundar, influye de manera determinante el hecho de que los gobiernos de los tres niveles destinen grandes cantidades de dinero al pago de publicidad; recursos que terminan controlando los contenidos informativos.
Y, también en ese mismo ambiente de corrupción y total impunidad en el que vive México y en el que los periodistas tienen la misión no sólo de reportar cientos de hechos violentos sino también de investigar al poder, los medios críticos sufrieron este año otras formas de agresión, como el robo cometido en las oficinas de la revista Contralínea en junio pasado, de donde los ladrones sacaron computadoras y equipo de audio y grabación, hasta el “derribo” cibernético del portal SinEmbargo.mx el pasado 11 de noviembre, cuando por horas los usuarios en todo el mundo no pudieron acceder al sitio de noticias.
Ese ataque a SinEmbargo, además, fue el segundo en un mes –y justo cuando este medio reportó haber roto su récord de audiencia con 1.2 millones de visitas diarias- ya que, el 24 de octubre anterior, un supuesto emisario de Alejandro Rojo, abogado del Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, llegó a la oficina de este diario y exigió en forma violenta que la dirección editorial retirara del portal una serie de fotografías que muestran al funcionario mientras posa con armas. De forma coincidente, en esos mismos días, en redes sociales se difundieron una serie de fotografías y mensajes difamatorios contra el director de contenidos de este medio, Alejandro Páez Varela, para lo cual se utilizó incluso una cuenta de la cantante mexicana Belinda.
“En México, las agresiones de gobernadores a tuiteros y a portales digitales incómodos ha sido implacable en algunos casos. En Quintana Roo y en Veracruz se ha intentado aprobar leyes para reprimir todo cuestionamiento a la autoridad, con el pretexto de impedir la difamación o la calumnia. En todos lados la presión sobre los medios digitales independientes ha ido en aumento”, escribió el director general de SinEmbargo, Jorge Zepeda Patterson, en su columna publicada el 29 de octubre en el periódico español El País.
“Pero la agresión a estos portales de información por parte de autoridades irritadas alcanzó una nueva cota de sofisticación con los recientes ataques al sitio www.sinembargo.mx”, agregó Zepeda, reconocido como premio Planeta 2014 por su novela Milena o el fémur más bello del mundo.
El equipo de SinEmbargo, por su parte, reportó estimar “que estos episodios son parte de la descomposición institucional y social que padece el país. La falta de condiciones para que los ciudadanos vivan en una sociedad libre también ha golpeado al ejercicio informativo”.
El año 2014 incluye varios casos más de agresiones contra la prensa e intentos de cada vez mayor cooptación y control de la información, como el registrado el 11 de diciembre en Chihuahua, donde el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Municipal para prohibir la publicación y exhibición de imágenes violentas o sexuales en lugares públicos y medios de comunicación.
Y cierra, apenas este 24 de diciembre, con la detención e incomunicación momentáneas de la periodista y escritora Sanjuana Martínez, citada por presunta falsedad de declaraciones rendidas en un caso que data de 2012.
“Hace unos días fue allanada mi casa. Me quebraron una ventana, revolvieron mis cajones y mi cajón de ropa interior, y defecaron en el suelo. Es evidente que ahí había un mensaje”, acusó la periodista y colaboradora de medios como SinEmbargo y La Jornada.
“Hoy llegaron tres citatorios, todos juntos, para que fuera a declarar sobre un asunto del 2012. En 2012, la Justicia Federal me dio un amparo porque violaron todas mis garantías individuales (…) Y ahora, en plena Navidad, ocurre esto”, agregó la periodista, que recientemente acaba de publicar el libro Las Amantes del poder, que narra una entrevista con una ex pareja del actual Presidente de la República.
“Es claro que hay un hostigamiento por mi trabajo”, cerró Martínez en la entrevista que dio al salir del Ministerio Público Federal en Nuevo León.
