Aparentemente, antes de finalizar el período de sesiones[1], el Senado de la República se alista para el nombramiento del primer Fiscal Anticorrupción de la historia de México. Una designación que, además de ser determinante en la lucha contra la corrupción, es un pilotaje sobre la forma en la que el Legislativo conducirá el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal General de la República (ósea el jefe del primero).

Esta Fiscalía Anticorrupción será la institución, dependiente de la ahora Procuraduría General de la República, que se encargará de investigar los casos de corrupción y perseguir a las personas corruptas.

De esta manera, si tomamos en cuenta que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, México está en el lugar 103 de 177 países analizados, entonces no es fortuito que el nombramiento de la cabeza de esta Fiscalía Anticorrupción se vuelva tan relevante para el país. Desde hace mucho que las y los mexicanos estamos esperando ver a funcionarios públicos de alto nivel enjuiciados y sancionados por actos de corrupción. Por ejemplo, estamos esperando con ansias ver que Javier Duarte y sus secuaces se sometan a juicio y que, de ser declarados culpables, sean sancionados.

Por su puesto, para que esto pase, se requiere que el ahora Procurador (no fiscal) se comprometa con dichas investigaciones y que el Legislativo garantice, con la nueva Ley de la Fiscalía, las facultades suficientes para cumplir las expectativas. Al final, un buen Fiscal Anticorrupción podrá dar la batalla pero dependerá del apoyo de su jefe que todos los actores materiales e intelectuales sean procesados.

Ximena Puente es una de las postulantes y candidatas para tan distinguido nombramiento.  Al respecto, llama la atención que alguien como Ximena, que juró y se comprometió con la transparencia en el país, con la promesa que daba la reforma constitucional, ahora tenga como motivo la persecución y sanción a las personas corruptas. Además, tomando en cuenta que es la misma Comisionada que en diversos momentos consideró que hechos, donde se presumía la existencia de graves actos de corrupción o de violaciones graves a derechos humanos, no eran de interés público; basta con recordar sus votos en el caso de las bitácoras de viaje de las aeronaves de Conagua, que fueron reservados de forma absoluta por cuestiones de “seguridad nacional” a pesar del reconocimiento de que algunos de estos fueron utilizados para fines personales por David Korenfeld[2] o el caso de Tlatlaya, en el que habiendo sido calificado como violaciones graves a derechos humanos, votó en contra de su desclasificación[3].

La nueva Fiscalía requiere una persona comprometida con el país y conocedora de la realidad a la que se enfrenta en la materia. Uno de los compromisos del Plan de Acción 2016 – 2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) es garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de designación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Recientemente un grupo de organizaciones y ciudadanos solicitaron al Senado considerar la creación de un grupo de expertos ad hoc para la evaluación de las y los candidatos con base en criterios de idoneidad. Esperemos que el Senado cumpla con este compromiso.

Hay otros nombres que preocupan, precisamente porque su experiencia esta dotada del estigma de las desconfianza que reboza en las actuales instituciones de seguridad. Algunos de ellos trabajaron en procuradurías (por ejemplo: Victoria Pacheco, Reyna Angulo, Mario Enrique Velasco, Jorge Ricardo García, Braulio Robles, Américo Meléndez, Antonio Sam, Jorge Bernando Espino) o en  instituciones policiales (Ricardo Peralta y Edgardo Flores,); sin duda, esto hace que sus cartas credenciales se vayan a los suelos. Al final, todo lo que nos refiere a más de lo mismo nos puede hacer desconfiar (esto mismo pasa con aquellos postulantes que son o fueron  funcionarios públicos en el Estado de México).

En la lista, existen buenos perfiles que cuentan con la confianza de la sociedad, esperamos que por las cuotas y prisas no se elija a un mal fiscal.

[1]          Por un lado el PRI asegura que la designación se llevará a cabo antes del 9 de diciembre y por otro el PAN  que se postergará hasta el mes de febrero del año 2017.

[2]      Por seguridad INAI reserva información sobre vuelos de aeronovas de CONAGUA, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/07/por-seguridad-nacional-inai-reserva-informacion-sobre-vuelos-de-aeronaves-de-conagua/

[3]      Ratifica el Inai la reserva por seis meses a datos sobre el caso Tlatlaya, diponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/17/politica/009n2pol

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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