Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes será aprobada la próxima semana en el pleno del Senado, tras sufrir una serie de modificaciones respecto a la propuesta original enviada por el Presidente Enrique Peña, como iniciativa preferente el pasado primero de septiembre.

Las modificaciones de los senadores van desde el nombre de la propuesta –que pasó de ser Ley General para la Protección a Ley General de Derechos– hasta las sanciones que se impondrán a los medios de comunicación y funcionarios públicos que violenten la nueva norma.

A decir de legisladores y activistas a favor de los derechos de la niñez, los cambios no fueron sólo cosméticos, sino que dotaron al dictamen con un enfoque de protección y defensa de los derechos humanos de los menores, en consonancia con los tratados internacionales que México ha aprobado y ratificado, especialmente la Convención de los Derechos de la Niñez.

“Lo que vemos ahora suena muy bien, seguimos todavía ubicando los detalles, sobre todo para evitar que la Ley se quede sólo en el plano declarativo”, afirmó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en entrevista para Sin Embargo.

Aunque el dictamen que se pondrá a consideración del pleno del Senado se quedó corto en establecer las obligaciones presupuestales que le darán viabilidad financiera, con lo cual deja a la voluntad política de las entidades federativas los recursos que destinará a los programas a favor de la niñez, sí incluyó el mandato de no reducir los montos anuales aprobados para propósitos de la infancia.

El dictamen final fue enriquecido con iniciativas de legisladores de diversos grupos parlamentarios, observaciones de organismos internacionales y recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, lo cual permitió aumentar sus alcances y modificar gran parte de su enfoque tutelar y asistencialista inicial, por uno que garantizará el respeto de los derechos de la infancia.

La Senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, explicó que la iniciativa presidencial se enriqueció a partir del escuchar las voces de quienes estaban interesados, incluso, instituciones gubernamentales vinculadas de alguna forma al tema de niñez y adolescencia.

GARANTIZARÁ DERECHOS DE LOS NIÑOS

Senadores de diferentes partidos políticos avalaron por unanimidad en comisiones el dictamen para crear la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cada uno por su parte, argumentó que esta nueva norma podrá garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia.

No obstante, existen dudas razonables sobre cómo un nuevo ordenamiento podrá ser garante de derechos, cuando constantemente se violan los derechos humanos de los niños, a pesar de que existen numerosas legislaciones vigentes y México ha firmado diversos tratados internacionales.

Legisladores respondieron a la pregunta ¿qué hace diferente a esta Ley de otras que permitirá avanzar en la protección de niñas, niños y adolescentes?

La Senadora Hilda Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que en la Ley se establecen responsabilidades y obligaciones al más alto nivel, desde el propio Presidente de la República, para asegurar que las políticas públicas que emprendan las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán garantizar el ejercicio de los derechos, priorizando el interés superior de la niñez.

Para garantizar una efectiva protección y restitución de los derechos de los menores, tanto la Federación como las entidades federativas deberán contar con una Procuraduría de Protección, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF.

Éstas deberán brindar atención médica y psicológica; seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y  custodia de niñas o niños en las medidas de rehabilitación y asistencia.

La ley mandata la creación del Sistema Nacional de Protección Integral que será el encargado de establecer instrumentos, políticas y acciones de protección integral de los derechos de los menores, el cual será presidido por el Presidente de la República.

El hecho de que este sistema esté integrado por funcionarios del más alto nivel, en el rango de secretarios y subsecretarios de Estado, dará certeza de que las decisiones que se tomen tengan mayores posibilidades de cumplimiento.

“Un detalle valioso en este mecanismo nacional de coordinación es que establece que los titulares van a ser secretarios de Estado, si por alguna razón tiene que ausentarse quien lo reemplace no podrá ser menor a un subsecretario. Este pequeño detalle que el Legislativo cuidó ayuda a que las reuniones no terminen siendo reuniones de café, sino que estén presentes personas del mayor nivel posible para tomar decisiones”, detalló Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.

SANCIONES

Este dictamen incluye una serie de sanciones económicas para los concesionarios de radio, televisión o medios impresos, será de 200 hasta dos millones de pesos (30 mil días de salario mínimo) por difundir o transmitir imágenes, voz o datos que afecten o impidan el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes.

También se aplicarán multas de hasta dos millones de pesos en caso de que algún medio de comunicación realice o difunda entrevistas sin la autorización de los padres, tutor o consentimiento de los menores.

La misma multa a quien difunda datos personales relativos a procedimientos penales, medidas de reparación, reinserción, restitución o asistencia, o por transmitir mensajes que hagan apología del delito o que violen la intimidad personal o familiar de los menores.

En caso de reincidencia en un periodo de un año, la multa se aplicará hasta por el doble de lo que señala la ley para cada caso. Es decir hasta cuatro millones de pesos.

También establecieron multas por 100 mil 935 pesos (mil 500 días de salario mínimo) a servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados de asistencia social o cualquier índole federal que no informen a la autoridad competente sobre la violación de alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Misma sanción para los trabajadores y servidores públicos federales que propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, maltrato o perjuicio de un menor.

PROTECCIÓN DE NIÑOS EN ALBERGUES

Un caso que conmovió a la opinión pública nacional, fue el del albergue “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán, dirigido por Rosa Verduzco, mejor conocida como “Mamá Rosa”, en donde presuntamente se cometieron durante varios años diversas violaciones físicas y sicológicas en contra de menores que vivían allí.

En respuesta a la indignación pública, las disposiciones de la nueva Ley protegen a los menores de edad de los delitos de trata de personas, maltrato, violencia, venta, explotación, daño, agresión o abuso.

También integran una serie de requisitos que deberán observar los centros de asistencia social, respecto a su servicio, infraestructura, medidas de seguridad, protección y vigilancia, así como el alojamiento de menores de acuerdo a sus edades.

En otro apartado, contemplan las obligaciones de quien tiene la patria potestad, tutela, guarda y custodia de menores. Allí se establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán proporcionarles asistencia médica, psicológica, atención preventiva integral a la salud, así como asistencia social a quien tenga la guarda o custodia del menor,  explicó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priista Diva Gastélum Bajo.

Al respecto, el director ejecutivo de Redim consideró que en lugar de establecer mayor regulación sobre los albergues, los legisladores bien pudieron buscar opciones diferentes, así como lo ha recomendado La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos internacionales.

“El predominio de la idea de las instituciones, esta idea de los centros de asistencia, de los albergues, algo que Naciones Unidas está invitando a superar, aquí se vuelve a fortalecer. En realidad representa una apuesta de esta lógica de institucionalización contraria a la lógica internacional”, sostuvo.

El dictamen también reconoce la necesidad de elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Al respecto, el Senador perredista, Alejandro Encinas Rodríguez, aclaró que la promulgación de esta Ley no cambiará de la noche a la mañana el modelo tutelar que existe en México, ni garantizará por sí mismo los derechos de la infancia, por lo que es importante asegurar su implementación, dijo.