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Sanjuana Martínez

28/07/2014 - 12:00 am

El Pemexproa

Los mexicanos sabemos que durante el período vacacional, madrugadas o en lo oscurito, los diputados y senadores, esos servidores públicos que representan nuestros intereses, se encargan de clavarnos el puñal por la espalda. La última hazaña de los diputados del PRI y el PAN acordaron el llamado “Pemexproa” y “CFEproa”, para que el gobierno federal […]

Los mexicanos sabemos que durante el período vacacional, madrugadas o en lo oscurito, los diputados y senadores, esos servidores públicos que representan nuestros intereses, se encargan de clavarnos el puñal por la espalda.

La última hazaña de los diputados del PRI y el PAN acordaron el llamado “Pemexproa” y “CFEproa”, para que el gobierno federal — es decir, los ciudadanos— asuma parte del pasivo laboral de ambas paraestatales, nada menos que, en entre 650 mil millones y 700 mil millones de pesos.

Los legisladores del PRIAN de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía, avalaron finalmente el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una puñalada para todos los mexicanos que se une al atraco de las leyes secundarias de la Reforma Energética.

La llamada “deuda laboral” de Pemex y CFE es un atraco al bolsillo de los contribuyentes, porque será pagada con los “excedentes petroleros”.

El corrupto sindical Romero Deshamps, acusado de visible corrupción, es el más beneficiado. Pemex tiene un pasivo laboral de la friolera cantidad de un billón 130 mil millones de pesos. Y la CFE de 500 millones. En total, los ciudadanos debemos resignarnos a pagar el ritmo frenético de riqueza acumulada de los corruptos.

Manlio Fabio Beltrones, mejor conocido como “Don Beltrone” es el gran operador del Pemexproa y argumenta que la única responsabilidad de que no exista un fondo de pensiones en Pemex es del gobierno y de los propios legisladores. Lo que no dice, es que estos “pequeños ajustes” obedecen al argumento real, de que el gobierno federal debe asumir el pasivo para “competir” con el sector privado, ahora que Pemex esta en venta bajo la administración peñista.

Don Beltrone, tampoco nos dice que estos “artículos transitorios” que están acomodando a su conveniencia, violan el artículo 123 constitucional. Parece que el señor no sabe que las obligaciones laborales solamente pueden ser pactadas entre sindicato y empresa. Y se violenta el artículo 73 de la Constitución Mexicana al asumir una deuda pública, cuyo monto aún no está resuelto.

Las preguntas es inmediata: ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos de eso? ¿Por qué debemos asumir todos una deuda que no nos pertenece? ¿Qué no hay dinero en Pemex para pagar pensiones? ¿Necesitamos una explicación del saqueo permanente y de la riqueza acumulada por el actual líder vitalicio sindical y otros funcionarios y sindicalistas petroleros?

Otro de los grandes atracos del gobierno Peñista contra los ciudadanos es la ley de hidrocarburos, cuyos incentivos para que las petroleras extranjeras inviertan, incluyen la facultad de la Secretaría de Energía de expropiar terrenos que resulten de interés para desarrollar la exploración y explotación de petróleo y gas.

El cinismo de los legisladores mexicanos ha ido tan lejos en la nefasta reforma energética que han creado una nueva figura jurídica denominada “servidumbre legal de los hidrocarburos”, la cual permite a las trasnacionales apropiarse de terrenos, bienes inmuebles y derechos requeridos, cuando no lleguen a un acuerdo con los dueños de esos predios. Y además contempla el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción.

Por supuesto, en el sistema político de simulación que vivimos, los legisladores no le llaman “expropiación” o “robo a mano armada”, sino que la nueva figura jurídica se denomina: “ocupación temporal de las tierras”, es decir, cuando ya hayan saqueado y contaminado el terreno de cualquier mexicano, se lo devolverán inservible para la siembra e incluso para casa habitación.

El precio será fijado por “peritos valuadores” privados que seguramente impondrán la cantidad, le guste o no le guste, al dueño del terreno, porque la nueva ley dice que el pago deberá ser proporcional a las necesidades del contratista, conforme a la actividad que quiera realizar.

Por tanto, empresas extranjeras podrán pagar e efectivo o en especie. Volvemos a los tiempos del Siglo XIX, solo nos falta que coloquen una tienda de raya, para pagar los terrenos “ocupados temporalmente”.

De esta forma, los mexicanos nos convertiremos en “siervos legales” de las transnacionales y del gobierno. Lo único que nos queda es cruzar los dedos para que no nos toque, pero seguramente, les tocará a millones de ciudadanos que se verán afectados directamente de reformas anticonstitucionales e ilegales.

 

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Sanjuana Martínez
Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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