El acuerdo en cuestión obliga a Estados Unidos a entregar rápidamente a niños que estén bajo su custodia a familiares que estén en el país, además de establecer estándares de seguridad, salud y alimento en los albergues.
LOS ÁNGELES (AP) — Una Jueza federal aprobó el viernes la petición del Gobierno del Presidente Joe Biden de poner fin a parte de un acuerdo de casi tres décadas de antigüedad que brinda supervisión judicial a la forma como el Gobierno de Estados Unidos cuida a los niños migrantes bajo su custodia.
La Jueza de distrito Dolly Gee falló que la supervisión judicial especial puede cesar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), el cual asume la custodia de los niños migrantes después de que hayan estado bajo custodia de la Patrulla Fronteriza durante un máximo de 72 horas. Se les coloca en una amplia red de albergues y, por lo general, se entregan a familiares cercanos.
El Departamento de Justicia argumentó que nuevas salvaguardias que entrarán en vigor el lunes cumplen, y en algunos aspectos exceden, las normas establecidas en el llamado Acuerdo Flores, el cual estableció la supervisión judicial de instalaciones de albergue en 1997. La Jueza estuvo de acuerdo en su mayor parte, pero estableció excepciones para determinados tipos de instalaciones destinadas a niños con necesidades más complejas.
Los abogados de los niños migrantes se opusieron enérgicamente a la petición del Gobierno federal, argumentando que éste no ha desarrollado un marco regulador en los estados que revocaron las licencias de las instalaciones que cuidan a los niños migrantes o pudieran hacerlo en el futuro, como Texas y Florida. La Jueza rechazó esas preocupaciones, y afirmó que la nueva normativa es suficiente para sustituir la supervisión judicial en esos centros sin licencia.
Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que representa a los niños en el caso, se mostró en desacuerdo con el fallo.
“Es decepcionante y prematuro permitir la rescisión parcial —antes de que el Gobierno federal haya establecido una alternativa a las protecciones cruciales que ofrecen las licencias estatales—, pero nos alivia que los niños sigan teniendo acceso a los abogados de Flores para vigilar el trato que reciben”, dijo Welch.
El fallo mantiene la posibilidad de que los abogados de los niños migrantes accedan a información sobre ellos y se reúnan con ellos en los albergues.
El Acuerdo Flores —nombrado así por Jenny Lisette Flores, una migrante de 15 años oriunda de El Salvador— es una piedra angular de las políticas gubernamentales, desarrollado a partir de acusaciones generalizadas de malos tratos en la década de 1980. Obliga a Estados Unidos a entregar rápidamente a niños que estén bajo su custodia a familiares que estén en el país, y establece estándares para alimentos, agua, supervisión de adultos, servicios médicos de urgencia, retretes, lavabos, control de temperatura y ventilación en los albergues.
La Jueza emitió su decisión tres días antes de que entren en vigor normativas del HHS que, según el Secretario Xavier Becerra, establecerán “estándares claros para el cuidado y el trato de niños [migrantes] no acompañados”.
Las nuevas normas del HHS crearán una defensoría independiente, establecerán estándares mínimos en albergues temporales de emergencia, y formalizarán avances en protocolos de revisión para la entrega de niños a familias y a patrocinadores, y para servicios legales.
De las 13 mil 093 camas operadas por el departamento, 7 mil 317 de ellas —más de la mitad— se encuentran en Texas, según el fallo. La Jueza rechazó la sugerencia del querellante de dejar de albergar a niños en Texas y Florida totalmente, llamándola “no sólo impráctica, sino también potencialmente dañina para niños migrantes no acompañados”.
El Gobierno no pidió suspender la supervisión judicial a estaciones de detención de la Patrulla Fronteriza operadas por el Departamento de Seguridad Nacional, las cuales aún deben cumplir con el Acuerdo Flores.
