Tanhuato: el valor de preguntar

28/05/2015 - 12:00 am

Tanhuato. “Lugar cerca del cerro” en chichimeca.

Tanhuato. Rancho El Sol. 43 muertos: 42 civiles y un policía.

Con ese saldo brutal irrumpió este lugar (aunque las precisiones indican que el rancho se encuentra en el municipio de Ecuandureo) en el ecosistema noticioso nacional.

Muy pronto circularon en primeras planas y prime time las fotos atroces de cuerpos acribillados con armas a sus costados. Las fotos aunque ofensivas, resultaron contenido noticioso relevante para los medios que decidieron publicarlas.

Casi igual de pronto salió también Monte Alejandro Rubido a dar la versión oficial.

“Fue un enfrentamiento” dijo, y argumentó que todos los individuos, “presuntos delincuentes”, dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio. Es decir, todos dispararon.

Pero el saldo de muertos fue tan desigual entre policía y delincuentes, que despertó suspicacias entre un grupo de periodistas y analistas. ¿Fue acaso una ejecución?, ¿Los delincuentes no se rindieron en algún momento?, ¿Fue una venganza de la Policía Federal tras la muerte de sus compañeros en una emboscada reciente? Fueron las preguntas mas recurrentes en artículos y mesas de análisis.

Hasta allí todo normal.

Sin embargo, me ha sorprendió mucho leer en prensa y escuchar múltiples comentarios sobre la “locura” y las “ocurrencias” de aquellos que osaron desconfiar de la versión oficial y ahora se atreven a exigir mayor información y datos concretos sobre los hechos de Tanhuato.

Los argumentos en este sentido son que la policía responde a protocolos, que los peritajes están allí y, hasta si tenemos que llegar el extremo de que los policías se dejen matar para que les creamos. Patético.

¿Pero por qué duele tanto que se cuestione la versión oficial?

El escrutinio sobre lo público -y 43 muertos en un hecho violento son una cosa bastante pública- es un ejercicio sano, constructor y, me atrevo a afirmar que en México, con instituciones tan cuestionadas y desacreditadas, es un ejercicio imprescindible.

Para que la democracia funcione, dice Ignatieff, lo importante es el rol de la desconfianza.

¿Qué no es ese el papel de los periodistas? Hacer las preguntas incómodas.

Por otro lado, en un muy mal hábito de la comentocracia nacional, llama la atención que ni siquiera se critique el fondo específico y concreto de las preguntas, sino que lo criticable sea el acto mismo de preguntar.

Habría que recordar que a pesar de las múltiples tentaciones e intentos de regresión autoritaria del Gobierno actual de Enrique Peña Nieto, hay un cierto periodismo independiente y una sociedad civil articulada que ya alcanza para cosas serias en este país.

Este hecho se vuelve todavía más relevante tras los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán. No olvidemos que en el primero fue precisamente un reportaje en la revista Esquire lo que desnudó la verdad tras el resultado de las investigaciones: Tlatlaya fue una ejecución sumaria por parte de militares según la CNDH. Y en el caso de Apatzingán es precisamente otro amplio reportaje de Laura Castellanos quien tiene a las autoridades investigando de nuevo si hubo allí una ejecución extrajudicial o no.

Por último, México es un país dónde los índices de credibilidad de nuestras policías y las instituciones encargadas de procurar justicia son bajísimos. Los mexicanos desconfiamos sobre todo, y con sobradas razones, de quienes son los encargados de cuidarnos y protegernos de los criminales.

Ese solo contexto debería ser suficiente para apostarnos en una posición menos cómoda y más critica sobre las actos de la autoridad, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Los ciudadanos y periodistas tenemos la obligación de abandonar la ingenuidad y la “buena fe” para empezar a construir verdaderos sistemas de rendición de cuentas y procedimientos para sancionar violaciones de derechos humanos. Derechos que, les guste o no, a los pregoneros de “mátenlos en caliente”, también tienen los delincuentes.

Alcanzar niveles de respeto y vigilancia de derechos humanos dónde, incluso los derechos de los criminales sean respetados, debería ser una aspiración elevada de nuestra democracia. ¿qué cosa podría distinguirnos mejor en términos civilizatorios?

Por eso, más nos vale a ciudadanos y periodistas seguir haciendo los cuestionamientos difíciles. Seguir teniendo el valor de preguntar, aunque no nos gusten las respuestas.

Adrián López Ortiz
Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.
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