Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependiente de la Secretaría de Agricultura, no sólo pasará a la historia por ser el agujero negro de la corrupción sexenal: también es un reducto de esclavitud donde los empleados de nivel medio hacia abajo son blanco de maltrato, explotación, y, peor aún, son expuestos sin ninguna consideración a la delincuencia organizada.

Hay violaciones a los derechos laborales, humanos y existen casos hasta de mujeres violadas por coordinadores de zona, quienes a cambio de otorgarles trabajo exigen favores sexuales. Muchos de estos casos no se denuncian por temor a represalias y a perder el trabajo, pero dentro de Segalmex, particularmente en el área de manejo de fertilizantes, las víctimas han denunciado sus amargas experiencias.

Segalmex en un brazo de la Secretaría de Agricultura creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la soberanía alimentaria de la población más necesitada; opera otras arterias como Diconsa y Liconsa.

Pero dentro de sus decenas de brazos está la compra, almacenamiento y distribución de fertilizantes –productos que en su mayoría es de importación –que luego arribar al país se almacena en bodegas ubicadas en zonas urbanas, rurales y hasta en los espacios más inhóspitos de la geografía nacional. En tierra de nadie, pues.

En cada entidad hay un responsable y éste cuenta con diversos coordinadores de zona. En cada zona Segalmex renta bodegas especiales para almacenar miles de toneladas de fertilizantes que luego se distribuyen a los campesinos (y uno que otro vival que no siembra ni esperanzas) que se benefician del programa.

Cada bodega es manejada por un responsable que, a su vez, se apoya de un auxiliar y un cuidador. Para ser contratados les piden documentos como si fueran a ser nombrados funcionarios de una secretaría de Estado, cuando en realidad sus funciones son operativas y menores.

Con base en las denuncias se sabe que a los responsables de bodegas y a sus respectivos auxiliares les pagan un salario que oscila en los veinte mil pesos para el primero y once mil para el segundo. Pero eso no es todo: estos empleados deben pagar de sus propios salarios la renta de los espacios donde duermen, Internet, computadora, papelería, alimentos, viáticos y estancias adicionales si son llamados a las oficinas centrales del estado donde estén laborando.

“Segalmex no nos aporta nada, si acaso nos dan un lapicero de la peor marca como apoyo para nuestro trabajo”, dice uno de los afectados consultados por este reportero.

Pero eso no es todo: A los responsables de bodegas los hacen trabajar horarios exhaustivos y sofocantes que pueden alcanzar las veinticuatro horas sin dormir. Por ejemplo, si un tráiler con varias toneladas de fertilizante arriba a una bodega a las 10 de la noche el responsable de la misma debe atender la descarga hasta que termina; ocurre que si el desembarque termina a las seis de la mañana no importa: aunque el empleado no haya dormido en toda la noche debe presentarse antes de las ocho de la mañana en su bodega al igual que su auxiliar. La videncia demuestra que los empleados, que tienen contratos de cuatro meses, se convierten en propiedad –casi esclavos –de Segalmex.

Y si el funcionario estatal necesita hablar con alguno de ellos deben trasladarse desde zonas alejadas hasta la capital del estado correspondiente muchas veces sin comer, sin dormir y sin que se les cubran gastos de ningún tipo.

Cuando eventualmente les autorizan viáticos, se enfrentan a una muralla de burocracia y de contadores “cuadrados”, muy bien afinados para el fraude que, hasta por una factura que sobrepasó un centavo –muchas veces un detalle que imprime la propia máquina registradora de cualquier comercio –les rechaza el reembolso. Sin embargo, se ha descubierto que en el área financiera de Segalmex este ha sido un recurso socorrido en todo el país para embolsarse los recursos, es decir, los propios funcionarios terminan cobrando los viáticos de los empleados menores.

En los años 2019, 2020 y 2021, Segalmex contrataba su personal a través de empresas Outsourcing. Aquí había otro negocio boyante: la dependencia de la Secretaría de Agricultura les otorgaba una suma, por ejemplo, veinte mil pesos por un empleado y la compañía sólo les pagaba la mitad. En 2021 no les pagaron aguinaldos ni liquidación cuando fueron despedidos. Existe la sospecha fundada de que entre Segalmex y la Outsourcing se quedaron con los recursos.

Otras cosas peores ocurren, por ejemplo, cuando los responsables de alguna bodega son movidos de lugar. Las políticas en este caso son inhumanas porque no les dan prioridad a las personas que viven en sus lugares de origen. Por ejemplo, alguien que radica en Puebla lo mandan a Guerrero y viceversa. La situación se ha denunciado; los empleados arguyen que si los dejan en los territorios donde viven les conviene, pues es una forma de ahorrar gastos y aprovechar mejor su salario. Pero el aspecto estrictamente humano está ausente en Segalmex, afirman.

A estas injusticias se suman los malos tratos. En Segalmex y, particularmente en el área de manejo de fertilizantes, hay red de tráfico de influencias donde les dan preferencia a ciertas personas recomendadas y sin experiencia.

En su mayoría, los jefes de zonas son personas de baja educación que arrastran frustraciones y la llamada “jefitis” –un problema que se multiplica por doquier –los vuelve prepotentes e inflexibles para escuchar, por ejemplo, quejas de empleados que no quieren ir a zonas controladas por el crimen organizado.

Los coordinadores muchas veces exigen que los responsables de bodegas se hagan cargo de espacios en municipios y regiones donde hay asesinatos, violaciones, secuestros, desapariciones, tráfico de drogas y de combustible robado. Es decir, son áreas donde no hay hospitales, tiendas, policías y donde la mayor parte de los habitantes han tenido que abandonar sus casas debido a la violencia criminal.

Aún con esta cruda realidad, más por capricho que por necesidad, los coordinadores de Segalmex se empeñan en enviar, incluso a la fuerza –“Si no quieres ir despídete de su trabajo”, les dicen en tono de amenaza –a los empleados de bodegas de fertilizantes a zonas donde pueden perder la vida. Obviamente, no les ofrecen ninguna garantía: Ni espacio donde vivir ni transporte y menos seguridad.

Al más puro estilo del PRI –lo que evidencia que el viejo sistema sigue vigente en la Cuarta Transformación y que el llamado cambio es sólo en el discurso presidencial –Segalmex opera el reparto de fertilizantes con evidentes tintes políticos. Apuraron las entregas en Coahuila y el Estado de México, donde habrá elecciones. Los operadores de la empresa gubernamental fueron entrenados para promover el voto en favor de Morena.

Recientemente hubo cambios de personal en varias regiones del país. Le dieron prioridad a empleados para la promoción electoral. Esto causó problemas porque la operación de los fertilizantes tiene su propia dinámica y ésta se ha visto trastocada por las instrucciones de “arriba” para llevar a cabo una estricta actividad en favor del partido en el poder.

Segalmex: El saqueo impune

                Desde hace dos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado el saqueo en esa empresa estatal. El fraude, según las cifras más conservadoras, se estiman en unos 15 mil millones de pesos.

Las pesquisas señalan que existen conflictos de interés en la entrega de convenios multimillonarios para el procesamiento de leche; también se denunció con datos y evidencias la existencia de múltiples empresas “fachada” que recibieron 800 millones de pesos en contratos. Los presuntos dueños, según las investigaciones, estarían vinculados con negocios inmobiliarios en Yucatán. En la red de proveedores de Segalmex también habría vínculos con presuntas mafias dedicadas al lavado de dinero desde Venezuela.

Los escándalos orillaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a destituir al entonces titular de Segalmex, Ignacio Ovalle. Lo grave es que en lugar de llevarlo a juicio fue premiado: lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), de la Secretaría de Gobernación. Ahora opera a la sombra de Adán Augusto López.

Ovalle es un longevo político –más bien un “pillo” –que viene desde el sexenio de Carlos Salinas. Es un salinista de pura cepa, con una larga historia de corrupción que el presidente López Obrador –adalid de la honestidad –ha protegido contra viento y marea a grado tal que, respecto de los fraudes en Segalmex, dijo que “fue engañado” y sobre él señaló, a boca llena, “que es una buena gente”. Si es salinista, pues Ovalle tiene la impunidad garantizada, como ha quedado claro hasta ahora.

La cauda de funcionarios vinculados con el saqueo a Segalmex sigue impune. La Fiscalía General de la República (FGR), el brazo justiciero de Palacio Nacional, integró veinte carpetas contra igual número de funcionarios ligados a los fraudes. Pero el único que resultó más perjudicado fue René Gaviria, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, pues fue vinculado a proceso, aunque sigue prófugo.

De acuerdo con un amplio reportaje publicado por el diario español El País algunas operaciones fraudulentas documentadas por la ASP Segalmex firmó cinco convenios con un valor de 73.4 millones de pesos por productos que no recibió o no pudo comercializar.

Se trata de carne deshebrada, así como de res, pollo y cerdo. De todos los pedidos que ordenó sólo recibió una parte. Documentos de Segalmex señalan que los embarques fueron recibidos pero incompletos y que buena parte de éstos fueron abandonados a grado tal que se echaron a perder. Sólo se logró comercializar el 11 por ciento.

Segalmex, según el presidente López Obrador, se creó para garantizar la suficiencia alimentaria, sobre todo, de las personas más pobres; sin embargo, cayó en manos de expriistas cobijados por la Cuarta Transformación que solaparon que los proveedores no entregaran la totalidad de los productos pero sí les pagaron el cien por ciento. Lo curioso es que Segalmex nunca interpuso recursos legales ante estas acciones fraudulentas.

En una de sus observaciones, la ASF observó: “Segalmex realizó pagos a los proveedores sin contar con la entrega de los bienes en los almacenes de Diconsa, a pesar de que contractualmente estableció que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada”.

Todo esto ocurrió en la gestión de Ignacio Ovalle, hoy blindado por la impunidad oficial. El presidente impidió que tocaran a su “cuate” desde el salinismo por dos razones: porque en aquella época Ovalle apoyó a López Obrador cuando el sistema político lo estaba construyendo y, por otra parte, porque de actuar legalmente contra él estaría aceptando que en su gobierno hay corrupción, lo que él mismo asegura que ya no existe.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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