En todos los países hay criminales, de eso no hay duda. Existen circunstancias en que la mala suerte, ese estar en un lugar y en un momento inadecuado, convierte en víctimas a personas que no debían nada. Sobre todo, cuando se trata de psicópatas, sociópatas, asesinos seriales y asuntos que serían más propios de la ficción de no ser porque dejan una estela de profundo terror en quien lo padece, ya sean las víctimas o sus propios deudos. Sí, en todos los países pasan esas cosas.

La diferencia con nuestro país es que, cuando hay un sólido estado de derecho, cuando las instituciones encargadas de la impartición de la justicia hacen bien su trabajo, entonces vemos que se atrapa a los culpables, que se les castiga con las penas que los propios códigos penales de cada lugar les asignan, que cumplen sus sentencias. Aquí eso no pasa. Así que los culpables son, sí, los criminales, pero también las autoridades que han sido omisas a la hora de proteger a sus ciudadanos.

Coincido con quienes señalan que para erradicar el crimen se deben establecer políticas de estado en múltiples direcciones. La educación y la cultura son fundamentales, la idea de civilidad, del alto valor de la vida humana. Sin embargo, estas políticas son a largo plazo y deben estar fundadas en un estricto cumplimiento de la justicia. De otra forma, resultará imposible revertir el estado actual de las cosas.

Así, es necesario, por no decir imprescindible, que las instituciones de justicia funcionen. La cifra es aterradora. Más del 90% de los crímenes quedan impunes. Ya sea por colusión, por papeleo, por falta de investigaciones o por corrupción. El asunto es que no se castiga a los culpables. No es necesario ser muy avezado para descubrir que éste es un enorme problema. Si no hay consecuencias para los criminales, seguirán viviendo en un estado de impunidad que, a la larga, generará más crímenes.

El caso de los tres estudiantes de cine asesinados y luego disueltos en ácido vuelve a traer el tema a los reflectores. Es cierto, como sociedad nos sentimos indignados por lo sucedido a Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz. A ellos se suman varias decenas más que mueren todos los días a manos del crimen organizado. Es fácil decir que tuvieron mala suerte; sin duda la tuvieron. Pero esa mala suerte es peor cuando los criminales viven en la impunidad.

La exigencia de justicia no es sólo para ellos o para las varias decenas de miles que llevan siendo víctimas en los últimos sexenios. La exigencia de justicia es para que esto deje de suceder. Y está bien pensar en políticas públicas orientadas a disminuir la delincuencia. Sin embargo, se debe partir del estado de derecho, de que se imparta la justicia como es debido. Ésta es la primera de las formas de la disuasión. La más simple y, también, la que puede arrojar resultados más pronto. No se trata de amnistías ni de la demagogia que sostiene a una guerra sin sentido, se trata de que las autoridades hagan su trabajo. Es lo menos que se les puede exigir.

Nuestro trabajo como sociedad, de momento, es seguir alzando la voz y no permitiendo que todo quede en el olvido.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

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Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

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