Una contradicción, si atendemos a la lógica, es una incompatibilidad entre dos o más posiciones. Es decir, no podrían darse las dos en un mismo espacio y tiempo. Alguna de las dos posiciones acabará siendo mentira.

El Gobierno federal es contradictorio y mentiroso. Lanza declaraciones claramente contradictoras e inconexas. Me refiero a lo que ha sucedido con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y la reacción del gobierno. Por un lado Enrique Peña saluda el segundo informe presentado, por otro lado, echan al grupo para que deje de trabajar en México y de esta manera se afianza una única versión de los hechos de Ayotzinapa. ¿Qué gana el Gobierno mexicano no renovando el convenio con la CIDH? Alguien en el gobierno (me inclino a pensar que son los militares y el ala dura del Gobierno) ha hecho un mal cálculo político y el Presidente se lo creyó. Los únicos que se benefician sacando a los expertos de México son aquellos que buscan afianzar la “verdad histórica” elaborada por la PGR. Nadie que busque justicia y el esclarecimiento de los hechos sería tan estúpido para echar del país al GIEI. Así de claro.

El Gobierno mexicano ofrecía transparencia y apertura para esclarecer los hechos de Iguala. Al final, se conoce que dicha apertura no existió y con el tiempo las trabas y los obstáculos del gobierno impidieron que el GIEI realizara su trabajo de manera exhaustiva.

Cuando el Gobierno federal invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a trabajar en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, el Gobierno mexicano hizo los cálculos equivocados. Buscaba acompañantes silenciosos, manejables, con la cabeza agachada y miedosos a contradecir al gran gobierno mexicano. Pero la realidad fue otra, no esperaban a expertos independientes que tuvieran un compromiso con las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Creyeron que la legitimidad de trabajar con los expertos internacionales solamente sería apegado a sus turbios intereses. Ese fue el verdadero error que hoy tiene al GIEI a unos días de su partida. El Gobierno los echa burdamente porque está harto de ellos. De su incomodidad e independencia. Harto.

En una rueda de prensa en Washington DC, el Subsecretario de Gobernación mexicano Roberto Campa consideró que ha transcurrido “un tiempo suficiente”, un poco más de un año de trabajo de los expertos, y que “es tiempo de que el grupo (GIEI) presente las conclusiones y recomendaciones al Estado”. Contradicción tras contradicción. No se puede tener trabajando al GIEI en el país y al mismo tiempo imponer una verdad.

Desde su primer informe en octubre de 2015, el Gobierno mexicano cambió radicalmente su “apertura” para trabajar con el GIEI. Este cambio fue denunciado por los miembros del Grupo. Su eterna petición de entrevistar al Ejército jamás se acercó, a pesar de que éstos tuvieron conocimiento pleno de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Apertura pero limitada. Transparencia con altos grados de opacidad. Justicia pero antes impunidad. Las contradicciones del Gobierno se entienden como una falta de brújula para tomar una posición real frente al caso Ayotzinapa. Querer verdad a medias es imposible, alguien le debería haber dicho eso a la PGR cuando fabricaba pruebas y al Presidente Peña cuando le sugirieron que los “extranjeros” dañaban la soberanía. El sistema corrupto e ineficiente ha hecho de las investigaciones un verdadero batidillo. Esa es nuestra realidad en materia de justicia. Desconozco si la PGR desde sus inicios no pudo o no quiso investigar diligentemente el caso de Ayotzinapa. Pensó, tal vez, que podría engañar al GIEI y a las familias. Hoy sabemos que la investigación de la PGR está llena de contradicciones, vacíos fundamentales y torturas.

El segundo informe final del GIEI, explica en detalle las fallas de la investigación oficial y denuncia que ésta se basa en confesiones obtenidas bajo tortura. Nada más ni nada menos. ¿Nos extraña? No, creo que no. “En todos los casos hay indicios de malos tratos y tortura”, concluye el GIEI, tras revisar los informes médicos de lesiones de 17 detenidos por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Carlos Beristain, miembro del grupo, afirma “no son explicables bajo ninguna circunstancia (las lesiones)”, los informes médicos muestras cómo esas heridas se multiplicaron después de la detención.

Pero aquí otras de las contradicciones de nuestro sistema. A la denuncia de tortura por parte del GIEI, la PGR respondió que investigará. Como si eso aportase alguna tranquilidad a la sociedad. Pero lo ridículo de nuestro desbordado e incompetente sistema de procuración de justicia es que: acusan a la PGR de torturar detenidos y es la misma PGR que investigará los hechos. Es decir, PGR investiga a PGR.

Sería irresponsable soslayar que la partida del grupo de expertos dejará a las familias de los estudiantes solas y devastadas. Para ellas, los investigadores eran un interlocutor válido entre ellos y el gobierno. Ese era uno de los más importantes aportaciones del Grupo. Pero ahora, sin los expertos internacionales y sin protestas en la calle, las familias y muchos nos preguntaremos si la lucha está perdida y la impunidad ha ganado -otra vez-. La partida allana el camino para que se imponga una realidad: la impunidad en le caso Ayotzinapa.

Peña Nieto está haciendo un mal calculo. Apuesta a que “superemos esta etapa”, que estemos de mejor humor, que le aplaudamos por su supuesta apertura. La ausencia de algún funcionario en la presentación del segundo informe del GIEI es la señal más clara del desdén hacia la justicia en el caso de Ayotzinapa.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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