Atención licenciado Roberto Campa Cifrián, mientras los padres de los jóvenes asesinados en Salvárcar y las víctimas sobrevivientes han exigido al Gobierno del estado que asuma su responsabilidad y los indemnice por la pérdida de cada uno de sus hijos y el daño sufrido tras el ataque, la autoridad argumenta que no existe una ley estatal para ello, y aunque la hubiera no considera que deba hacerlo; y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tampoco responde porque el delito de homicidio es del fuero estatal. Los padres llevan cinco años exigiendo una respuesta.
Durante las últimas semanas se han documentado enfrentamientos entre familiares de víctimas de desaparición de personas y la Comisión, aunque los eventos de esa naturaleza se antojan imposibles ya que es la única oficina gubernamental que los apoya (porque ese es el único trabajo del departamento).
Entiendo que las dificultades de atención provienen de la percepción coloquial de la sociedad mexicana respecto a las víctimas: Cuando asesinan a alguien emparentado a nosotros, primero le lloramos intensamente, después le dejamos descansar y repartimos sus responsabilidades entre la familia inmediata o extendida; después se le recuerda como una pequeña leyenda y disculpamos todas sus faltas, convirtiéndole en el mejor hijo, esposo y padre o madre, según su sexo (el mismo proceso se da con las desapariciones). Luego viene la calma y el olvido.
En infinidad de casos no se exige el castigo a los culpables, apenas se piensa en la venganza o en el perdón humano y se deja el resto a la voluntad de Dios; si se olvida el castigo para el criminal en manos del Estado, con mayor razón se olvida exigir la reparación del daño. Con esto regresamos al conflicto entre las familias de las víctimas de desapariciones y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Unos pretenden tratarlas como simples solicitantes de ayuda, y otros buscan hacer eficiente un servicio en el país de la ineficacia.
Pero en una patria que se ha desangrado, con más de 110 mil homicidios derivados de una mala decisión gubernamental, un Estado que ha perdido su poder legal y un pueblo que debe soportar la indolencia de los cuerpos de seguridad, la reparación del daño para los occisos y reivindicación del nombre de los muertos suenan para los grandes burócratas, miembros de la aristocracia política, como ideas exóticas (¿cómo exigir que se pague dinero por una vida perdida?) y lo primero que se les ocurre decir es: “Señora, no podemos revivir a su hijo y no hay dinero que alcance a pagar una vida”.
Para nosotros los mexicanos ese argumento es bueno y lo atendemos y comprendemos, de tal suerte que los Ministerios Públicos no saben reclamar el pago de daños y perjuicios; más del 90 por ciento de los reclamos sólo piden la reparación mínima que señala la ley. Es difícil aceptar que una persona tiene valor económico, y que éste no reside en lo que ha ganado sino en lo que está por ganar durante el resto de su vida y si ésta se interrumpe bruscamente la familia pierde todos los ingresos que habría generado el occiso. Vale más un joven de 20 años que un veterano de los años sesenta; suena complicado en el ámbito teórico, pero en la práctica son sólo operaciones matemáticas.
Ahora sí, puede comprender el reclamo de los padres de las víctimas de Villas de Salvárcar de forma puntual y cuantificada; deben cerrar el círculo del dolor de la manera que lo establece la Ley General de Víctimas, que el nuevo subdirector de Derechos Humanos debe hacer respetar, que es una indemnización por muerte de 500 meses de salario mínimo (alrededor de un millón de pesos) sin que el Estado lo regatee.
