Un activista poblano, Antonio Fernández Sánchez, realiza una huelga, con los labios cosidos frente al Senado de la República en la Ciudad de México para exigir que le devuelvan a su hija, retirada de su custodia por el Gobierno de Puebla, indica el sitio E-consulta.
Además de Antonio, son otras tres personas que se cosieron los labios, mientras que otras 20 aproximadamente lo apoyan con la huelga de hambre. Se encuentran activistas de los estados de Tabasco, Baja California y Chihuahua, quienes elaboraron un pliego petitorio de nueve puntos y lo entregaron a los senadores.
Entre las exigencias están: detener la represión hacia los activistas de todo el país; poner un alto a la corrupción en los gobiernos; suspender de su cargo y encarcelar a los servidores públicos que cometan abuso de autoridad; poner fin a los feminicidios en Chihuahua, la devolución de la hija de Antonio Fernández, entre otras peticiones.
Fernández, portavoz de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, acusa directamente a la supervisora de Agencias del Ministerio Público de Delitos Sexuales, Leticia Villaraldo López, de violar los derechos humanos de él y de su hija de 6 años de edad, así como de haber ordenado un cateo en su domicilio, a principios de marzo, sin presentar un mandamiento judicial. Condena que agentes ministeriales se llevaron el chip de su teléfono celular y los documentos de la organización.
Fernández Sánchez dice ser un perseguido político, ya que la pretensión de las autoridades es encarcelarlo por la lucha que ha emprendido en contra de los actos y de la represión por parte de los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, a manera de venganza, le quitaron la custodia de su hija, acusándolo de maltrato infantil, indica el sitio.
El manifestante refirió que Villaraldo López le ha dicho que no le va a regresar a su hija. Comentó que incluso el DIF estatal, quien tiene la custodia de la niña, documentó en sus archivos que la menor no sufre de “síndrome del niño maltratado”, por lo cual puede ser reintegrada a su familia.
Fernández añadió que sus otros tres hijos –menores de edad- también fueron torturados y golpeados. De hecho, dijo, a su hijo de 9 años lo trataron de obligar para que lo acusara de maltrato, además denuncia amenazas y chantajes del Ministerio Público hacia su esposa.
El activista acusa a las autoridades de aprovecharse de la situación para boicotear una megamarcha que las organizaciones de derechos humanos se encontraban organizando para el próximo 10 de abril. Debido a este problema y otros conflictos políticos de sus otros compañeros activistas, la marcha se suspendió y por ello decidieron plantarse afuera del Senado desde este lunes 26 de marzo.
