La policía del estado mexicano de Veracruz creó unidades que emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer en su mayoría de jóvenes, sospechosos de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco. La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas.
Estas detenciones se perpetraban descaradamente en ámbitos urbanos, un modus operandi que no se había visto ni en Guerrero, lugar conocido por secuestros perpetrados por elementos de la policía federal cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado entre los años 1960 y 1970.
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Por Lev García
VERACRUZ, México, 28 de febrero (AP) — La policía del estado mexicano de Veracruz, infestado de corrupción, creó unidades que empleó tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco, de acuerdo con acusaciones presentadas por la procuraduría estatal.
Las denuncias presentadas la semana pasada contra exjefes de la policía de Veracruz muestran todas las señales de las violaciones de derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en los años de 1960 y 1970.
La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas que funcionaban en la misma academia de policía, que luego los mataban y hacían desaparecer los cuerpos, según el acta de acusación.
Si bien se sabe de policías corruptos que entregan jóvenes a los cárteles de la droga en distintas regiones de México, el caso de Veracruz es notable por la jerarquía de los acusados: son el exjefe de seguridad estatal y los jefes de al menos dos divisiones policiales, lo cual sugiere que las desapariciones eran política de estado durante la administración del gobernador Javier Duarte, quien se encuentra preso para responder a cargos de corrupción.
“Es la primera vez en la que se consigna a un grupo importante de personas en número y jerarquía y que se logra demostrar que hay una estructura, un aparato organizado de poder que se pone de acuerdo, planifica y ejecuta un plan elaborado, generalizado y sistemático para desaparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos.
“Lo paradigmático es la estrategia de la fiscalía para construir una teoría de caso que habla de una estructura de poder ideada para cometer desapariciones”, añadió.
Las policías federal y militar eran acusadas de torturas y desapariciones sistemáticas cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado de Guerrero, en el sur, en los años de 1960 y 1970.
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Pero a diferencia de Guerrero, las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 no sucedieron en montañas remotas; se las perpetraba descaradamente en ámbitos urbanos. Los escuadrones incluso secuestraron, torturaron y liberaron a una mujer policía que viajaba en un taxi después de su turno, según la acusación.
Jaqueline, como se identifica a la testigo en documentos judiciales, aparentemente tomó el taxi equivocado: la policía acusó al chofer de transportar una pequeña cantidad de cocaína. En el sur de México los taxistas suelen trabajar como “mulas”.
Pero ni el taxista ni Jaqueline fueron arrestados, acusados ni obligados a comparecer ante un juez.
En su declaración a la corte, Jaqueline describió un procedimiento similar al presuntamente utilizado en otros casos.
Los obligaron a bajar del taxi y los entregaron al escuadrón policial conocido como “los fieles”, quienes los llevaron a la academia policial conocida como El Lencero donde según ella los torturaron y golpearon.
Al cabo de cuatro días, Jaqueline quedó en libertad porque sus captores, entre ellos el teniente Roberto Carlos Flores, comprendieron que era agente de policía. Pero del taxista no se tuvieron más noticias.
Según los documentos leídos en la corte, el patrón se repitió en al menos otros 14 casos. Las víctimas eran sobre todo jóvenes recogidos en las calles o en vehículos bajo sospecha de actuar como vigías para el cartel de los Zetas.
Aparentemente los recogían los “fieles” si la investigación inicial descubría mensajes sospechosos en sus teléfonos celulares.
Después supuestamente los llevaban a la academia de policía, de donde desaparecían sin dejar rastros.
Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, en actividad o retirados, están siendo juzgados por “desaparición forzosa”. Entre ellos figuran el exsecretario de seguridad pública _el principal comandante policial_ y sus directores de fuerzas especiales, cárceles y policía.
Las víctimas incluyen dos mujeres y dos menores.
Se han encontrado cientos de fosas en Veracruz, pero solo se ha podido identificar unos pocos cadáveres.
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