La liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decretada por un juzgado federal el fin de semana pasado, es un hecho más que confirma que al cierre del sexenio hay una clara regresión en la investigación de este caso paradigmático de desaparición forzada y una confirmación adicional del enorme peso político que las fuerzas armadas tienen en el actual Gobierno de la Cuarta Transformación.

Tras un amparo interpuesto por los abogados de los militares y un proceso de revisión ante un Tribunal federal, el sábado 20 de enero la jueza Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México resolvió dejar en libertad a ocho militares imputados en la desaparición de los normalistas y cambiar la prisión preventiva oficiosa por cinco medidas cautelares, entre ellas pagar una fianza de 50 mil pesos por detenido, la orden de no salir del país, firmar ante el juzgado cada dos semanas y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos.

Los militares liberado son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, y dejaron la prisión del Campo Militar nº 1 la madrugada del miércoles. Ahora podrán seguir en libertad el proceso penal que se inició en su contra por el delito de desaparición forzada en libertad.

Apenas se conoció la medida, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, deploraron y cuestionaron la medida y consideraron que esta decisión judicial “violenta el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”. En un comunicado, añadieron: “Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen”.

La liberación ocurrió a pesar de la gravedad del caso y de que había elementos suficientes para mantenerlos en prisión, señaló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de Guerrero, que acompaña jurídicamente a los normalistas de Ayotzinapa y a sus padres desde hace años. “La Juez tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito”.

A juicio del mismo centro Tlachinollan, habría “motivos suficientes para que la juez impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que causa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares”.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que esta decisión revela un trato parcial hacia los militares imputados en detrimento del derecho de las víctimas.

En la mañanera del martes 23 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la decisión de la liberación de los militares y señaló que se tomó esa decisión para desprestigiar al ejército y para dañar su imagen. Y fue cuando reveló que en diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Nación, ministra Irma Piña, donde le advertía del amparo que se estaba revisando en juzgados federales solicitando la liberación de los soldados.

Este anuncio hace parecer que el Presidente y su Gobierno están en contra de la liberación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero parece ignorar que es la propia Sedena quien paga y sostiene a los abogados que defienden a los soldados imputados en el caso Ayotzinapa. De otro lado, el mismo Consejo Federal de la Judicatura reveló que la Fiscalía General de la República no presentó elementos para rebatir la solicitud de amparo presentada por los abogados de los militares.

A pesar de declarar su inconformidad con la liberación de los militares, en los hechos el Gobierno de López Obrador no ha hecho avanzar la investigación del caso que se encuentra prácticamente estancada desde que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa presentó un informe en agosto de 2022 y luego de que se relevara el Fiscal especial del caso.

Para el centro Tlachinollan esta decisión confirma que el caso Ayotzinapa “va en franco retroceso”, señalaron en un comunicado el pasado 22 de enero. “Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el Presidente de la República para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado”, así como la exigencia para la liberación de 800 folios de la Sedena que los padres y madres de Ayotzinapa consideran que contiene información clave para esclarecer el caso.

El panorama en conjunto que enfrentan los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos es una regresión en los tímidos avances que se consiguieron al arrancar el Gobierno de la Cuarta Transformación. Pero no sólo se encuentra estancada y en “franco retroceso” la investigación del caso Ayotzinapa. Esta regresión se aprecia también en la política hacia los desaparecidos y en la falta de colaboración de la Sedena ante el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que indaga crímenes y hechos represivos del pasado por parte de las fuerzas armadas. Hay una clara regresión en estos asuntos públicos de la mayor importancia, a la par que se fortalece el poder de los militares en el actual Gobierno.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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