El Ministerio Público Federal se mantiene renuente a rastrear de fondo a las fuerzas federales pese a que ya existe la orden de un Juez federal, que exige a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación efectiva que permita identificar a los responsables y establecer el paradero certero de Francisco Herrera Rivera, denunciaron familiares y abogados que acompañan el caso.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Francisco Herrera Rivera, un ingeniero electricista de 39 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo armado el 24 de febrero de 2015 en Tampico, Tamaulipas. Todos los indicios y sospechas apuntan a que elementos del Ejército posiblemente participaron en la desaparición forzada, pues el GPS de su celular registró movimiento en dos batallones militares, uno en Tamaulipas y otro en el Estado de México.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal se mantiene renuente a rastrear de fondo a las fuerzas federales. A cuatro años del hecho, las indagatorias no muestran mayores avances, denunciaron familiares de la víctima y abogados que acompañan el proceso.
Las autoridades justificaron su resistencia a indagar con el argumento de que no hay pruebas fehacientes de una probable participación de la milicia; en cambio, su hipótesis se ha abocado a que la desaparición de Francisco pudiera ser por “problemas pasionales”, pese a que no hay evidencias de ello, informó Guillermo Naranjo Estrada, abogado del área jurídica de I(dh)eas, organización que acompaña a la familia.
La postura del Ministerio Público Federal obligó a la familia a interponer un amparo por las omisiones en la averiguación y fue así como un Juez forzó a la Procuraduría General de la República (PGR) a indagar. No obstante, aún y con la sentencia del Juez, los avances en la investigación para que se esclarezca la desaparición de Francisco son muy pocos, mientras la familia, desgastada física, anímica y económicamente, sigue en busca.
El abogado Guillermo Naranjo indicó que este caso muestra la adversidad a la que se enfrentan aquellos que pretenden investigar a Sedena o Marina porque hay una barrera y negativa por parte de la institución castrense.
“No es lo mismo investigar a policías o a cualquier criminal que indagar a Sedena o la Marina porque parece que prácticamente el peso del nombre es muy fuerte. A parte de que no proporcionan la información a las autoridades civiles encargadas de la investigación, cierran las puertas del caso y las víctimas se encuentran obligadas a litigar contra el Ministerio Público tan solo para que permitan una investigación”, señaló.
El Comité de Desaparición Forzada de la ONU ha requerido al Estado mexicano para que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, en el caso de Franscico Herrera Rivera.
LA DESAPARICIÓN DE FRANCISCO
Francisco Herrera es el mediano de sus hermanos. Al momento en que ocurrió su privación, “él vivía solo porque estaba separado de su esposa y no tenía hijos”, expuso a SinEmbargo uno de los hermanos de Francisco, quien pidió reservar su nombre.
La mañana del 24 de febrero de 2015, Francisco salió de su casa abordo de su camioneta Cherokee color café. Solo pudo avanzar unas cuadras cuando fue interceptado por al menos dos vehículos –un Chevrolet Spark y un Nissan Tiida– de los cuales descendieron varios hombres, quienes sometieron al hombre y se lo llevaron a la fuerza.
La familia se percató de la desaparición el mismo día porque Francisco mantenía comunicación constante con una amiga.
“Una hora después de lo sucedido, una amiga que estaba comunicándose con él dijo que se le hacía raro que Francisco no se hubiera comunicado”, narró el familiar de la víctima.
Los hermanos de Francisco de inmediato comenzaron a buscarlo. Primero llamaron a su trabajo, donde les informaron que él no se había presentado a laborar; después llamaron a otros amigos.
Durante la pesquisa, la familia tuvo conocimiento que cerca de la casa de Francisco hubo un hecho violento que quedó registrado en videocámaras. Al indagar supieron que se trataba de su ser querido.
“LAS PISTAS APUNTAN AL EJÉRCITO”
Uno de los hermanos del ingeniero electricista pensó en rastrear su teléfono por medio de la aplicación Skype, ese mismo 24 de febrero. La aplicación arrojó que el GPS de Francisco estaba en 15vo Batallón Militar, ubicado en Tamaulipas.
“Todo indica que fue el Ejército y estamos sobre esa línea”, señaló uno de los hermanos del profesionista. “Hay una serie de indicios y evidencias que señalan una posible participación de elementos de la Fuerzas armadas”, reiteró Guillermo Naranjo, abogado de la familia.
“Cuando vimos que la ubicación de su teléfono nos daba en el Batallón de Tampico, fuimos al lugar y pedí hablar con el encargado. Ellos hicieron la simulación que nos dejaban buscarlo adentro y esa misma persona que nos atendió, que era el comandante del Batallón, nos dijo lo que procedía en la desaparición, que en ese caso era ir a la Agencia del Ministerio Público y denunciar en personas no localizadas”, explicó el familiar de Francisco.
Los parientes del ingeniero interpusieron la denuncia ante las autoridades correspondientes e iniciaron con la búsqueda por ese medio, el mismo día de los hechos.
Los familiares de la víctima también tuvieron conocimiento –mientras indagaban – de que el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del C4, al igual que las rutas que tomaron tras la sustracción, entre ellas, un establecimiento comercial de la carretera en la colonia Las Américas de Tampico, negocio donde los vehículos de los captores presuntamente habían hecho un alto.
Cuando la familia, en compañía de personal ministerial, pidieron esas grabaciones les indicaron que militares ya se las habían recogido. “Al momento en que se requirió la información –las grabaciones– a la milicia, ellos negaron tenerla y posteriormente aceptaron que sí tenían y las entregaron”, contó Naranjo Estrada.
Un incidente comendatado por Francisco a su familia días antes de su rapto cobró relevancia: Él ya había sido abordado por personal del Ejército 14 días antes de su desaparición. La víctima comentó a su familia que mientras salía de un cajero automático fue retenido por elementos castrenses y estos le pidieron su credencial de elector. Además, le tomaron una fotografía, narró el familiar de Francisco.
“Además, hay indicios de que había gente siguiéndolo e investigándolo a antes, pero las mismas investigaciones indican que Francisco no tenía ningún problema, no es una cuestión que él fuera delincuente, para nada. Simplemente se lo llevan, y la ubicación del GPS de su teléfono dio en el batallón de Tampico, Tamaulipas”, agregó el allegado del ingeniero.
Un mes después, el 24 de marzo de 2015, detuvieron el vehículo Spark –que participó en el rapto con cuatro hombres que portaban armamento de uso exclusivo del Ejército. Los detenidos fueron puestos a disposición de la PGR, pero aún y cuando las características de uno de los detenidos coincidían con uno de los hombres que privaron de la libertad a Francisco, los cuatro detenidos fueron liberados una semana después de su captura, pues la PGR solo acusó de portación de arma de fuego, sin investigar, interrogar o indicar la desaparición de Francisco.
La camioneta de Francisco fue localizada, indicó Guillermo Estrada, en manos del Ejército: una versión oficial de la Sedena sostuvo que el automotor había sido asegurado el 23 de julio de 2015 tras un presunto enfrentamiento en un operativo registrado en el municipio de González, Tamaulipas.
Los parientes de Francisco y el Ministerio Publico de la PGR en Tamaulipas acudieron al corralón de la zona para verificar si era la camioneta de, ingeniero y si había evidencia o indicios.
“Dicha camioneta tenía objetos personales, impactos de bala y armas. Le realizaron un dictamen en materia de dactiloscopia a ver si hallaban evidencia y arrojó negativo, y eso se nos hace muy chistoso porque tenía dulces y una paleta chupada”, mencionó Guillermo Naranjo.
No obstante, un testimonio contradijo la versión del Ejército. Un empleado de grúas señaló que cuando llegó al lugar de los hechos -del enfrentamiento- los militares solicitaron arrastrar otra camioneta y lo llevaron a otro predio a varios minutos y kilómetros de donde fue el tiroteo, en es otro lugar camioneta de Francisco, la cual no tenía impactos, ni objetos en el interior, según explicó el asesor jurídico de la familia.
Los agentes pidieron a ese testigo clave que la camioneta fuera llevada al Ministerio Público, pero al momento en que llegaron ante el MP Federal y este se negó a recibirla argumentado que no estaba relacionada con los hechos (el supuesto enfrentamiento). Al día siguiente, la camioneta ya había sido llevada al batallón militar, narró Guillermo Naranjo.
Meses después, la familia obtuvo la sabana de llamadas que realizó la PGR, en la cual, mostró que cuatro días después de la desaparición de Francisco, las antenas de radio base cercanas a la zona militar de Naucalpan, Estado de México, registraron movimiento de su celular.
LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público federal desde un principio se negaba a investigar al Ejército para determinar si tuvieron una probable participación; en cambio, estableció como hipótesis que la desaparición de Francisco, podría ser por problemas “amorosos o pasionales”.
“Para la familia y nosotros esto es una ofensa. El MP está sosteniendo la hipótesis y que se tiene que investigar a Francisco, quiénes eran sus familiares, su círculo cercano, y quizá si Francisco no estaba vinculado a un grupo de delincuencia organizada. Para nosotros es porque no quieren investigar a las fuerzas armadas”, dijo Guillermo Narajo, el litigante.
Guillermo Naranjo explicó que la tónica del Ministerio Público era hallar un margen de error en las evidencias de GPS y si ese rango de error colocaba a Francisco fuera del campo militar, eso para no investigar a la Sedena, “cuando la exigencia en un principio fue que independientemente del rango de error, fueran a investigar al campo a ver si había evidencia que pudieran encontrar ahí, y si no estaba, ya ni modo”, comentó el defensor.
La postura del Ministerio Público Federal obligó a la familia a interponer – en enero DE 2017- un amparo por las omisiones en la averiguación y fue así como el 29 de septiembre de 2017 un Juez forzó a la Procuraduría General de la República (PGR) a indagar.
El litigante explicó que, a partir de la orden del juez, los ofendidos lograron que se inspeccionaran las instalaciones del 15 batallón militar.
“Eso es un gran avance porque ha sido muy difícil que se entre a inspeccionar a un batallón militar, lo lamentable es que eso fue a tres años de la desaparición de Francisco, entonces, ya no hay posibilidades reales de encontrar algún indicio de Francisco”, expuso el abogado.
En el lugar no se encontró evidencia, pero la revisión advirtió que los accesos a ese lugar estaban descuidados; es decir, no había control sobre quién entraba y salía, “y fácilmente elementos ajenos pudieron ingresar al batallón, lo que es raro al ubicarse en un estado como Tamaulipas, una zona conflictiva por la delincuencia organizada”.
Las dos primeras señales del celular de Francisco, captadas horas después de la desaparición, arrojaron dos ubicaciones: la primera en el 15o Batallón militar y la segunda fue en un predio colindante eal batallón militar.
Guillermo Naranjo detalló que la segunda ubicación no fue considerada por las autoridades como suficiente evidencia, porque hay un rango de error.
La tercera señal del GPS de Francisco, según la sábana de llamadas de la PGR –añadió el abogado– registró movimiento en el primer batallón de Naucalpan, Estado de México, y eso no fue investigado hasta tres años después con el amparo.
A raíz del amparo ganado se realizaron diligencias enfocadas al Ejército, recapituló Naranjo Estrada, pero eso es el resultado de “los años en que se tuvo que pelear con la PGR para que se realizarán investigaciones más en concreto para la Sedena”.
En el fuero local, la Fiscalía local ha realizado un poco más de diligencias. Los agentes del Ministerio Público local de Tamaulipas catearon el predio colindante al batallón, que es de donde salió la segunda ubicación del teléfono de Francisco. Cuando lo inspeccionaron encontraron un juego de llaves que eran de la casa de Francisco. Esas llaves las resguardaba el Ministerio Público de Tamaulipas.
Sin embargo, el día siguiente cuando fueron a la casa de Francisco a corroborar si eran sus llaves, la chapa de su domicilio había sido alterada y después las llaves, “misteriosamente”, se perdieron, pese a que estaban bajo resguardo del Ministerio Público, explicó Guillermo Estrada.
Es así como la familia de la víctima llega a cuatro años de búsqueda con avances minúsculos, y una serie de omisiones graves en el caso que aún se siguen litigando, apuntó el abogado. No obstante, los seres queridos del ingeniero no cesan en su búsqueda y aunque hay un fuerte desgaste físico, emocional y económico seguirán tras el rastro hasta saber la verdad de lo que sucedió con él y su paradero, dijo su hermano.
